A un año del recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, la violencia sigue marcando la vida cotidiana de sus habitantes. Así lo revelan dos informes presentados por la Defensoría del Pueblo en Tibú, Norte de Santander, en los que se documenta la persistencia de graves afectaciones a los derechos humanos y el incumplimiento de compromisos estatales asumidos tras la emergencia humanitaria.
Los documentos, titulados Catatumbo: persistencia de la guerra y anhelos de paz y Más allá de la emergencia: recomendaciones para la recuperación temprana y la estabilización del Catatumbo, recogen testimonios, crónicas y datos recopilados durante ocho meses en el territorio. Allí se evidencia que el control territorial de actores armados ilegales, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y las violencias basadas en género continúan siendo una constante.
“Quisimos darle voz a la gente que vive en el Catatumbo, la que ha enfrentado los daños, los dolores. Los hechos narrados por la gente son crímenes internacionales”, afirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la presentación de los informes.
Según la entidad, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025 fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas 105.203 personas, principalmente por desplazamiento forzado, amenazas, confinamiento y despojo de tierras. Estas cifras reflejan el impacto de la confrontación entre el Frente 33 de las disidencias de las Farc y el ELN, que se intensificó desde enero del año pasado.
La Defensoría también alertó sobre el incumplimiento de las medidas anunciadas tras la declaratoria del estado de conmoción interior. Liderazgos sociales y comunidades denunciaron que persiste el abandono estatal histórico y que los anuncios de fortalecimiento institucional, inversión social y control territorial no se han materializado.
“Les hemos pedido al Frente 33 y al ELN que abran un espacio humanitario y se comprometan seriamente con el respeto a la población civil y al derecho internacional humanitario. Confiamos en que puedan entender que esta guerra es de ellos, no de la gente”, sostuvo la defensora.
El reclutamiento forzado de menores sigue siendo una de las mayores preocupaciones. Entre enero y noviembre de 2025, el ICBF reportó la desvinculación de 49 niñas, niños y adolescentes en la subregión. A esto se suma el uso de minas antipersonal, drones y artefactos explosivos improvisados, que han convertido zonas rurales en campos de alto riesgo y han afectado de manera particular al pueblo indígena Barí.
Las violencias basadas en género también permanecen. Solo en Norte de Santander se documentaron 634 casos entre enero y noviembre de 2025, incluidos hechos de violencia sexual y trata de personas, con impactos diferenciados sobre mujeres, niñas y adolescentes.
La Defensoría advirtió además que la persistencia del conflicto representa un alto riesgo para los procesos electorales de 2025 y 2026, al poner en peligro la participación política y las garantías democráticas en el territorio.
Pese a este panorama, las comunidades del Catatumbo mantienen sus anhelos de paz y reclaman una presencia estatal integral que garantice derechos, promueva economías lícitas y permita superar el abandono estructural. “Persisten respuestas fragmentadas que dejan de lado la posibilidad real de construir soluciones duraderas desde el primer día de la crisis”, concluyó Iris Marín Ortiz.
