El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 sigue generando debate. Tras la expedición del Decreto 1469, que fijó un incremento del 23,7%, varias demandas fueron presentadas ante el Consejo de Estado con el objetivo de anular la medida. Para entender qué puede ocurrir con este proceso y cuáles serían sus efectos reales, el abogado Luis Alfonso Acevedo Prado, CEO del Centro Jurídico Internacional, explicó los puntos clave de la controversia.
De acuerdo con Acevedo, la admisión de una demanda no significa que el aumento salarial esté en riesgo inmediato. Explica que el Consejo de Estado, como máximo tribunal de lo contencioso administrativo, tiene la facultad de revisar si un decreto presidencial cumple con los requisitos legales.
“La admisión solo indica que el tribunal estudiará si el decreto se ajusta o no a la normatividad vigente. Si llegara a determinarse que es contrario a la ley, podría declararse su nulidad y perdería efectos jurídicos”, señaló el experto.
Los argumentos contra el incremento del salario mínimo
Actualmente existen varias demandas en curso, entre ellas las interpuestas por gremios como Fenalco y por ciudadanos particulares. Todas coinciden en un punto central: que el Gobierno habría desconocido los criterios técnicos establecidos en la Ley 278 de 1996 para fijar el salario mínimo.
Esa norma exige que el aumento tenga en cuenta cuatro factores fundamentales:
- Inflación
- Productividad
- Producto Interno Bruto (PIB)
- Participación de los salarios en el ingreso nacional
Según los demandantes, el Ejecutivo no habría aplicado correctamente estos parámetros al decretar un alza de 23,7%.
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Uno de los puntos más polémicos es la diferencia entre el incremento salarial y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Mientras la inflación cerró 2025 en aproximadamente 5,1%, el salario mínimo subió casi cinco veces más.
“Ese desbalance es el gran cuestionamiento técnico. Un aumento tan alto puede afectar la estabilidad económica, presionar la inflación y generar impactos en los costos laborales”, explicó Acevedo.
¿Qué pasaría si el decreto es anulado?
Una de las mayores dudas entre empleadores y trabajadores es qué ocurriría si el Consejo de Estado decide tumbar el aumento.
El abogado aclaró que, en caso de una eventual suspensión del decreto, los efectos solo regirían hacia el futuro. “Los salarios que ya fueron pagados con el incremento no tendrían que devolverse. Ni el trabajador estaría obligado a reintegrarlos ni el empleador podría reclamarlos”, precisó.
Además, recordó que procesos similares ocurrieron en los años 2000 y 2016, y en ninguno de esos casos se suspendió el aumento mientras avanzaba el trámite judicial.
Acevedo fue enfático en que, mientras no haya una decisión judicial en firme, el decreto está plenamente vigente. Eso significa que para 2026 el salario mínimo continúa fijado en $1.750.905, más un auxilio de transporte de $249.095, según el Decreto 1470.
“Es un error grave recomendar que no se pague el aumento. El empleador está obligado a cumplir la norma vigente hasta que un juez diga lo contrario”, advirtió.
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Recomendaciones para empleadores y trabajadores
Frente al panorama actual, el experto sugirió calma y planeación financiera. A los empleadores les recomendó ajustar presupuestos, revisar esquemas de contratación y utilizar herramientas legales para manejar el impacto del alza salarial sin afectar el empleo.
Para los trabajadores, recordó que el incremento aplica únicamente para quienes devengan el salario mínimo, y que quienes ganan por encima de ese monto no tienen derecho automático a un ajuste adicional.
Finalmente, Acevedo reiteró que una decisión definitiva del Consejo de Estado podría tardar meses o incluso años. “No es un tema que se resuelva en el corto plazo. Por ahora, el aumento del salario mínimo sigue vigente y debe cumplirse”, concluyó.
El debate jurídico continúa, pero por el momento el panorama es claro: el incremento del 23,7% se mantiene en firme y seguirá rigiendo para millones de trabajadores colombianos durante 2026.
