A través de este escrito, quiero expresar mi preocupación, frente al difícil momento que viene enfrentando nuestra profesión en Colombia. Esta columna, redactada tras una profunda reflexión, busca llamar la atención sobre la alarmante situación por la que estamos atravesando y por la falta de liderazgo y representación que estamos viviendo en la profesión de la Contaduría Pública colombiana. El reciente interés de nombramiento de un profesional que no ostenta el título de contador público como director de la Junta Central de Contadores, es un claro ejemplo de desvalorización de nuestra profesión y una bofetada del actual gobierno a la comunidad contable, contradiciendo la tradición y cambiando los requisitos legales que exigían que el cargo fuera desempeñado por un contador público, para dirigir tan prestigiosa y reputada Unidad Administrativa Especial, lo cual no solamente refleja una falta de reconocimiento hacia nuestra contribución esencial en el desarrollo económico del país, especialmente en las áreas tributarias empresariales y de control, al responder como profesionales frente a la razonabilidad y la transparencia de la información financiera del entramado empresarial y económico del país, sino un desconocimiento total de los alcances y necesidades de la profesión y sus miembros.
Lamentablemente, esta situación es el resultado de más de dos décadas de declive, durante las cuales la profesión no ha sabido adaptarse a los desafíos de la tecnología, la inteligencia artificial y la globalización. Hemos perdido oportunidades valiosas para modernizar la profesión contable y la revisoría fiscal, debido a discusiones internas infructuosas y a la falta de visión profesional unificada.
Adicionalmente, esta falta de identidad y progreso se ha visto agravada por la intervención del Gobierno Nacional y el Ministerio de Hacienda, quienes han emitido decretos que contravienen principios contables básicos, para favorecer aparentemente escenarios e intereses particulares. Pero esto no lo es todo, ya en el año 2017 el gobierno de turno había cambiado también las condiciones para que el cargo de auditor general de la nación fuera ejercido por un profesional diferente a un Contador Público y nuestra profesión no se pronunció al respecto. Se nota desde ese entonces, la falta de defensa activa por parte de instituciones como el Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP), el Colegio de Contadores Públicos y otros organismos de la profesión que han contribuido a tan desalentadora situación.
Como contadores públicos y como profesionales, debemos reconocer nuestra responsabilidad en esta realidad. Hemos heredado una cultura de sumisión y hemos fallado en defender nuestra profesión con la firmeza necesaria. La falta de liderazgo, pertenencia y solidaridad profesional ha permitido que prevalezcan visiones limitadas y contraproducentes, que han impedido desde nuestro propio entorno el avance y crecimiento frente a escenarios como por ejemplo la adopción de normas internacionales, la modernización de la práctica contable y el uso de la tecnología en beneficio de la técnica contable y la profesión.
Es imperativo que reavivemos el amor propio por nuestra profesión y fomentemos la colaboración con la academia para ofrecer a las nuevas generaciones un campo atractivo y desafiante. El futuro de la Contaduría Pública y el legado que dejaremos a estas nuevas generaciones depende de nuestra capacidad para reflexionar y actuar unidos.
Hago un llamado a mis colegas; es momento de reflexionar y manifestarnos. La responsabilidad de revitalizar y defender nuestra profesión está en nuestras manos.
