Con el acostumbrado orgullo que me genera recordar a mi padre y las obras que nos deja su
legado, analizando la situación actual del país, y analizando la crítica situación que viven
Bogotá, Cali y Medellín, no puedo dejar de recordar el voto programático, del cual mi papá fue
autor en su calidad de constituyente, en su condición de demócrata y por tanto creyente y
defensor de los mecanismos de participación ciudadana.
Establece el artículo 259 de la Constitución política que “quienes elijan gobernadores y alcaldes,
imponen por mandato al elegido el programa que presentó para inscribirse como candidato. La
ley reglamentará el ejercicio del voto programático”. Cuando se elige a un alcalde o a un
gobernador en las urnas, se elige el programa de gobierno que presentó y por el cual hizo
campaña para cautivar a sus electores. Esto quiere decir que, una vez elegido, el alcalde o el
gobernador tiene el mandato constitucional de los ciudadanos que votaron, de cumplir con lo
presentado. Dicho de otra forma, cumplir con lo prometido. No importa si el elector votó o no
por el alcalde o gobernador, pues una vez elegido, se convierte en el alcalde o el gobernador de
todos y debe gobernar para todos. De eso se trata la democracia.
Son esos mismos electores quienes a través del mecanismo de la revocatoria, pueden
determinar popularmente si el alcalde o el gobernador ha cumplido con sus promesas. Así lo
indica el artículo 2o de la Ley 131 de 1994, que proclama como mecanismo de participación
popular la revocatoria del mandato por el incumplimiento del programa de gobierno. En
términos prácticos, es un mecanismo que permite determinar si el alcalde o el gobernador ha
cumplido o incumplido su programa de gobierno y por tanto si permanece o abandona el cargo.
En el caso de la revocatoria, sin embargo, se genera un sentimiento de frustración y algo de
desesperanza, al ver cómo históricamente el proceso para su realización ha acabado con su
esencia, ha eliminado su objetivo y ha borrado su fin.
Según datos de la Registraduría, entre 1996 y 2010, se elevaron ochenta solicitudes de
convocatoria a votación de revocatoria del mandato. De estas ochenta, sólo treinta y siete
lograron ir a las urnas, y de estas, ninguna prosperó. Esto quiere decir que, en dicho periodo,
menos del 50% de las solicitudes de convocatoria ha logrado pasar el primer examen de
requisitos en la registraduría, y que el 0% superó los votos necesarios en las urnas. Estamos
hablando hace 11 años atrás. A hoy se han presentado alrededor de ciento dieciocho
solicitudes.
Sólo un caso en el departamento de Boyacá cumplió todos los requisitos para ir a las urnas y
lograr los votos necesarios para revocar popularmente al mandatario. Ocurrió en 2018 en el
municipio de Tasco. El alcalde, del Partido Verde, fue elegido con 1.123 votos. 97% de los
sufragantes votó a favor de la revocatoria, y tan sólo veintiún electores lo hicieron en contra. Se
logró superar el umbral requerido del 40% de los votos válidos en la elección, y así obligar popularmente al alcalde a abandonar su cargo. Un claro mandato al incumplimiento de su
programa de gobierno. Un claro ejemplo de participación ciudadana organizada.
En medio de las diferentes manifestaciones en Bogotá y en Cali, hemos visto por parte de los
mandatarios, permisividad y por tanto actuaciones que legitiman la adopción de vías de hecho
como mecanismo de imposición de ideologías. Esta permisividad nos ha llevado a ver cómo los
ciudadanos se han empoderado por medio de la anarquía y no a través de mecanismos
democráticos de participación ciudadana.
Si se piden espacios, que sea a través del diálogo y del fortalecimiento de los mecanismos
democráticos de participación y no mediante el vandalismo y la criminalidad. En Cali con cuatro
comités y en Medellín con dos, la ciudadanía está actuando para lograr cumplir los requisitos
exigidos. A pesar de la dificultad que implica adelantar un proceso de estos, luego de hablar con
sus promotores, se sienten voces de ciudadanos esperanzados y empoderados en acudir a
estos mecanismos de participación para hacer valer su voluntad popular, y que aún cuando
hipotéticamente no prosperen por lo que muestra la historia, se conviertan en mensajes
políticos contundentes.
Estos mensajes pueden lograr abrir el debate entorno a la revisión de la reglamentación que
permita una mayor efectividad de los mecanismos. El voto popular debe ser siempre más
poderoso que su delegación. Para que este mecanismo sea efectivo hoy como está, se requiere
de una gran unión ciudadana alrededor de la esencia, del objetivo y del fin de la revocatoria,
alienando los intereses colectivos alrededor del objetivo y fin mismo. En las crisis siempre hay
oportunidades y que sea ésta la que permita fortalecer los mecanismos y por tanto la
democracia participativa. Debemos ejercer permanente escrutinio al cumplimiento del
programa de gobierno y ejercer de forma permanente el voto programático para hacer valer la
voluntad popular. Será siempre una forma de honrar su memoria.
