En la política es muy común nombrar las cosas con eufemismos, enmarcar las situaciones de manera ambigua y esquivar las cuestiones difíciles para evitar que la opinión pública reaccione de manera desfavorable. Pero vale la pena rescatar la idea de que en una democracia es posible y necesario hablar claramente a la ciudadanía en las discusiones públicas, especialmente cuando se discuten temas de salud o de impuestos.
En ese sentido el Gobierno del Presidente Iván Duque es uno de los que más ha abusado de esa mala maña que tenemos los políticos de llamar a las cosas por un nombre exactamente opuesto a lo que en realidad se propone y dispone.
Por ejemplo, la semana pasada se expidió el decreto 380 mediante el cual se pretende regular el control de riesgos a la salud y el medio ambiente que genera la aspersión aérea de glifosato. Pero, lejos de entregar lo prometido, el decreto en vez de poner límites claros a los riesgos a la salud que resultan inadmisibles, da vía libre a seguir tirando herbicidas desde un avión, aún si se detectan este tipo de riesgos.
Para ello usaron de manera descontextualizada una frase de la Corte Constitucional en la sentencia 236 de 2017, según la cual para continuar con la fumigación aérea debe demostrarse la ausencia de daño para la salud y medio ambiente, pero que esto “no equivale a demostrar, por una parte, que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño.”
Total que frente a la farragosa explicación de la Corte, según la cual debe demostrarse que no habrá daño a la salud a pesar de que pueden existir ciertos riesgos asociados, el Gobierno Nacional expidió una norma que no diferencia claramente entre los riesgos de salud admisibles y no admisibles, ni pone límites a la actividad cuando se sobrepase el umbral de riesgo tolerado, con lo que el resultado final es un decreto que en su título dice proteger la salud, y en su articulado dispone lo contrario.
En materia de impuestos ha ocurrido lo mismo durante tres años: Ninguna de las tres reformas tributarias han sido llamadas por su nombre, sino que a la primera se le puso el alias de “ley de financiamiento”, cuando en realidad desfinanció al estado en cerca de 14 billones. A la segunda, que era la misma que la primera, se le llamó “ley de crecimiento económico”, pues ya era claro que el primer propósito de financiar al estado no se había logrado y había que justificar la medida con otro propósito secundario.
Por todos los medios se advirtió en su momento de la inconveniencia de generar más exenciones en un sistema tributario lleno de tratamientos preferenciales para algunos sectores, y en medio de unas cuentas fiscales que no cuadran. Era claro que se profundizaría el hueco fiscal y que sería necesaria otra reforma tributaria en caso de que la apuesta por el crecimiento no se ganara.
Sin embargo, llegó la pandemia y las cuentas alegres ya no lo eran tanto, pero en vez de corregir los errores en esta tercera reforma tributaria, por ejemplo acogiendo la propuesta de la ANDI que pide al menos pausar ciertas deducciones que beneficiaron a las empresas en las últimas reformas, el gobierno insiste en profundizar su modelo que más que pro-empresa es anti-persona natural: IVA a los servicios públicos y a la gasolina, impuestos a los vehículos, y doble tributación en las pensiones al momento de ahorrar y al momento de retirar o recibir la mesada.
Se insiste en el impuesto al patrimonio y se mantiene un impuesto de renta para personas naturales de hasta el 41%, además del impuesto “solidario” a cargo de asalariados. Los dividendos, que también suben hasta el 15%, sólo quedarán a cargo de las personas naturales o de otras jurídicas pequeñas, porque las grandes, especialmente las Holding, no lo pagarán. Para rematar, gravan hasta el último de nuestros días con el IVA a los servicios fúnebres.
En suma, y muy a pesar del título, los eslóganes y las campañas de mercadeo, esta reforma no tiene nada de “solidaria” ni de “social”, pues carga los impuestos sobre los hombros de las personas naturales, de las clases medias y de menores ingresos, y hasta de las empresas pequeñas.
Si se llamara a las cosas por su nombre podríamos dar una discusión abierta y transparente, en donde todos los sectores, incluida la tecnoburocracia, muestren sus dogmas y razones políticas para apoyar o rechazar una propuesta tributaria. Pero incluso a estas razones de orden político, ideológico o de conveniencia les ponen el rótulo de “razones técnicas”. No lo son.
Ya habrá tiempo para discutir esas razones políticas o “técnicas” como las quieran llamar, pero el primer llamado para dar un trámite transparente y de cara al país, es a llamar las cosas por su nombre y argumentar de fondo, no de forma. Por el momento, por razones de forma y de fondo, no se puede apoyar la reforma tributaria del gobierno ni el decreto que pone en riesgo la salud y el medio ambiente de los colombianos.
