El gobierno quiere indultar, amnistiar y pagarle sueldo a los condenados y procesados por delitos cometidos desde la Primera Línea. Su estrategia es confundir y engañar la opinión pública. Cuando denunciamos los micos en la ley de orden público, anunciaron que los quitaban y todos celebramos. Pasaron solo minutos para que el senador Gustavo Bolívar anunciara que lo retiraban, pero solo de ese proyecto, e iniciaban sueldo y la libertad en otros proyectos.
Disfrazan su discurso bajo el derecho a la protesta social. Habrá que recordar que la protesta social solo incluye la expresión pacífica. Los delitos en el marco de la protesta no están cobijados por ese derecho. Pretenden que los delitos en el contexto de la protesta se conviertan en delitos políticos. La teoría del gobierno, que bien la conozco, porque la escuché del entonces senador Petro.
El país debe recordar que en el paro 2021 hubo 3.603 bloqueos, más de 1.784 uniformados heridos, 3 policías asesinados, 179 entidades públicas destruidas, 1.421 buses públicos vandalizados, 277 estaciones afectadas y más de 1.500 entidades comerciales afectadas. Miles de millones de pesos en pérdidas además de miles de gallinas, pollos y cerdos que murieron de hambre, litros de leche botados. Hubo un desabastecimiento de 555mil toneladas de alimentos que causó la inflación que aún no para. Se destruyeron cerca de 1 millón de empleos y el 70% de las PYME del país suspendieron sus operaciones. Se estimaron pérdidas del sector productivo por 6 billones de pesos.
Y no eran solo bloqueos. Era un secuestro de las ciudades en especial Cali y Popayán. Se incautaron 1.625 armas de fuego, 40.747 armas cortopunzantes, 207 elementos explosivos y 621 armas neumáticas.
El delito político es una elucubración de la teoría del Estado que prevé que posibilidad de que el ciudadano pueda revelarse contra su gobierno cuando es despótico o una tiranía. Es evidente que se trata de un derecho excepcional y especialísimo. Se trata del momento donde el ciudadano está facultado a subvertirse contra el Estado y la ley. En Colombia -no logro entender cómo- se convirtió en el derecho del ciudadano a cometer delitos con la excusa de que no le gusta el gobierno. Colombia no ha tenido sino una interrupción de su democracia en el siglo pasado, todos los demás gobernantes han sido democráticamente elegidos. Han dicho entonces que la democracia está cooptada, lo cual hoy también carece de significación cuando alguien que estuvo en las “guerrillas insurgentes” es elegido por esta democracia como presidente.
Colombia no debería aceptar el delito político como justificación de crímenes, no debería aceptar extenderlo incluso al escenario de la protesta. Es inaceptable teóricamente, y en la práctica, es aún peor. Las más terribles violencias que hemos vivido siempre pretenden el título de delito político para sublimar y hacer altruistas los crímenes. No hay justificación para ninguna violencia.
Como oposición al gobierno hemos tenido pequeños logros. La semana pasada suspendimos el debate de la ley de “orden público” para que no se aprobaran los indultos. Ese mismo día en horas de la tarde algunos indígenas Embera atacaron la Fuerza Pública en Bogotá lo que le dio visibilidad a la irracionalidad de exculpar crímenes como los cometidos contra nuestros policías. Es una batalla pequeña, pues ya anunciaron la búsqueda de esa impunidad desde otros proyectos. Conseguimos que el marco legal de sometimiento de grupos criminales sea tramitado en un proyecto ante el congreso y no expedido de manera unilateral por el gobierno por decreto. Además eliminamos lo que denominé la incorporación automática de los acuerdos para ser obligatorias para las demás ramas del poder. Ahora deberán pasar por el congreso. Me duele no haber logrado que los diálogos obligaran la conversación sobre la liberación de niños reclutados. Y lo peor que Iván Márquez y su grupo terrorista que incumplieron los acuerdos tengan otra oportunidad.
