La revocatoria es uno de los mecanismos de participación que mayor ineficiencia ha demostrado. Hasta 2019 se habían convocado 113 revocatorias, de las cuales 7 tuvieron la oportunidad de llegar a las urnas y solo una de ellas fue exitosa.
En los primeros 13 días del 2021, la Organización Electoral recibió 28 solicitudes de revocatoria de alcaldes, demostrando la insatisfacción de la ciudadanía y el incumplimiento del programa de gobierno prometido por los mandatarios.
La ineficiencia de este mecanismo refleja varios problemas de trasfondo, más allá de los trámites que deben realizarse para su ejecución. Uno de ellos es la desproporción de los recursos a la mano de unos y otros. Los ciudadanos del común deben emprender una campaña para convocar a los habitantes de la ciudad a manifestar su intención de revocatoria con recursos limitados sumando solo la buena voluntad de la gente, mientras que los mandatarios se defienden utilizando recursos provenientes de sus maquinarias políticas y los canales de difusión de la institución a la que pertenecen.
Dentro de los requisitos formales que la ley prevé para radicar una iniciativa de revocatoria está la presentación de la justificación o motivación ciudadana para hacer uso del mecanismo, ya sea por incumplimiento del programa de gobierno o por insatisfacción general de la ciudadanía. Este requisito no ha tenido dificultades en su cumplimiento debido a que la ley no contempla condiciones muy exigentes, ni una autoridad encargada de evaluar la veracidad de la motivación. Naturalmente esta situación ha generado varias inquietudes sobre el alcance de las competencias de la Registraduría en esta materia.
Por lo anterior, tanto el Consejo Nacional Electoral como la Registraduría Nacional del Estado Civil han avanzado en dar respuesta a estos interrogantes, señalando que no hay autoridad investida de competencias para revisar la validez de la justificación de la revocatoria, sino que es directamente la ciudadanía la que a través de los apoyos y la votación la que respalda o rechaza el cumplimiento de las metas y proyectos plasmados en los programas de gobierno. Tampoco se puede negar que en la práctica se ha demostrado que las motivaciones ciudadanas en las revocatorias de mandato también se ven manchadas por intereses políticos.
Esto obstáculos que impiden un proceso totalmente legítimo reflejan la importancia de hacer una revisión profunda de este y de todos los mecanismos de participación ciudadana que se encuentran plasmados en la Ley 1757 de 2015 y hacer la promoción de una nueva Ley estatutaria que permita darle mayor accesibilidad a los mecanismos pero que también subsane los vacíos jurídicos que existen en la presentación de los procedimientos.
Solo creando una verdadera democracia participativa y devolviendo el espíritu original a la Constitución de 91 respetaremos la voluntad popular y disminuiremos los índices de insatisfacción ciudadana y de polarización que gobiernan a nuestro país.
Los ciudadanos deben ser el eje principal de la toma de decisiones, el verdadero mandato está a cargo del pueblo. Este es el deber ser, el 20 de julio esta será mi primera propuesta, mi primer proyecto de ley que sentará las bases para fomentar nuestro sistema de participación ciudadana, para fomentar la democracia participativa.
El ciudadano manda, ¡TÚ MANDAS!
