Ningún país se gobierna sin una política de seguridad. Colombia mantiene una tradición democrática y de sus instituciones, donde en cabeza del gobierno y desde el sector defensa, siempre han existido unas líneas generales que determinen la estrategia y las acciones tendientes a garantizar este derecho de los ciudadanos.
La seguridad es un bien público, pero sobre todo es un derecho humano. Por ende, demanda una política para garantizarla. A partir del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, denominado “Nuevas dimensiones de la seguridad humana” en 1994, se marca una transición conceptual que tiene especial asiento en Latinoamérica, debido a las reformas neoliberales, el surgimiento del control civil en algunos países y la redemocratización de los sistemas políticos de la región, en el que el término seguridad humana, encuentra una nueva interpretación como fuente para la formulación de los nuevos planteamientos de política para la seguridad desde la última década del milenio.
La seguridad humana parte de considerarse una condición fundamental para el desarrollo humano sostenible, la cual, con una visión holística y extendida, involucra no solo elementos de provisión tradicional de seguridad por parte del Estado, sino de ausencias o fuentes de ansiedad, que puedan afectar desde el empleo, la salud, el medioambiente y los desastres, hasta la seguridad ciudadana, siendo consecuente con las inquietudes y necesidades cotidianas del ser humano.
Para tal efecto, definió categorías de seguridad diferentes a las de la simple ausencia de una amenaza física o de agresión, como fueron: seguridad económica, alimentaria, de salud, del medioambiente, personal, comunitaria y política. De esta forma, las categorías que surgen alrededor del individuo, extienden el marco de derechos fundamentales, al de la subsistencia misma de la persona, como la seguridad alimentaria o ambiental.
Este enfoque ayuda a comprender que la seguridad no es solo aquella que está relacionada con la prevención y control de la violencia o delitos. Por ende, rompe un enfoque de política en el que la responsabilidad de su provisión, recaía, de manera exclusiva, en los cuerpos de policía. Lo anterior permite adentrarse en la aplicación adecuada del concepto, alcance y fin de policía, que corresponde a la convivencia, es decir, a vivir en armonía, atributo que por ley está asignado a los gobernantes y finalmente, como última ratio a la institución de la Policía.
Una política de seguridad con enfoque humano, comprende estas realidades, pero sobre todo determina claras acciones y responsabilidades para todas las autoridades. La Policía Nacional no puede enfrentar la delincuencia, cuando los demás actores no atacan las causas que la reproduce. Ahí es donde cobra relevancia una política que cumpla tres requisitos: 1) Lineamientos de política pública que no solo determinen acciones e indicadores para la Fuerza Pública, sino para las autoridades regionales y locales, principales responsables de la convivencia, 2) Una arquitectura institucional que permita desarrollarla, y finalmente, 3) Mecanismos de coordinación y participación de la ciudadanía en la gestión territorial de la seguridad.
La seguridad humana entonces, compromete mucho más a los gobernantes, pues para prevenir y evitar el último eslabón, que corresponde a la persecución del delito, cuando ocurre, implica un esfuerzo previo de convivencia, es decir, de educación, provisión de servicios públicos, empleo y ausencia de amenazas que afecten al individuo, para evitar que desemboquen en comportamientos delictivos. También involucra como actor corresponsable a la ciudadanía, y agotados estos presupuestos, finalmente, a la Policía.
La sociedad debe comprender que gran parte de los problemas de seguridad que padece el país, deben tener un tratamiento diferente al estadístico que se concentra solo en medir la cantidad de crimen y de policías para contenerlo, sino en fortalecer y promover los comportamientos que favorecen la convivencia, que implican un decidido liderazgo de los gobiernos regionales y locales, que, a través de política pública, evitan se pase al tratamiento delictivo y al plano de la inseguridad, logrando armonía en las relaciones sociales en el espacio público y privado, libres de cualquier tipo de violencia y garantizando así, el ideal de la seguridad humana, pero con el realismo que imprime una verdadera política pública en seguridad.
