La línea que separa la política de la criminalidad se ha venido borrando bajo este Gobierno, no por accidente, sino por un patrón que se repite desde la campaña presidencial. Hoy la pregunta es: ¿las disidencias cooptaron al Gobierno Petro, o fue una operación coordinada desde la campaña para obtener apoyo armado y territorial para ganar elecciones?
No sería la primera vez que sectores cercanos al hoy presidente aparecen vinculados a estructuras criminales en tiempos electorales. El país recuerda las visitas de su hermano Juan Fernando Petro y Piedad Córdoba a las cárceles para buscar apoyos políticos de poderosos criminales a cambio de impunidad, sumado a las tracaladas de dinero que habría recibido el hijo Nicolás Petro de corruptos y mafiosos para la precampaña. Y el estelar video donde se habla de los $15 mil millones de no se sabe quién y los $500 millones de “Papá Pitufo”, poderoso contrabandista.
Las alertas estaban ahí desde el primer día: no eran hechos aislados, sino un patrón que insinuaba un proyecto político dispuesto a cruzar líneas prohibidas para ganar el poder, usándolo luego para favorecer estructuras narcoterroristas y mafiosas, pagando así el apoyo político.
Aún sin ley de sometimiento, el Gobierno, con la complicidad de la Fiscalía, ha levantado órdenes de captura de jefes del Clan del Golfo y de los Pachenca, incluso de criminales solicitados en extradición por Estados Unidos y España.
La deformación de “la paz” es total; hoy está convertida en salvoconducto para delinquir, donde ni en flagrancia los criminales pueden ser capturados. Desmantelaron cualquier noción de justicia.
El caso de Anorí es el episodio más escabroso: tras un informe de inteligencia, un retén militar capturó a siete cabecillas de las disidencias, incluido el jefe Máximo Calarcá. Se movilizaban en camionetas de la UNP, armados, con oro ilegal y acompañados de un menor reclutado. ¿La reacción del Gobierno? Liberarlos, amparándose en la figura de los “gestores de paz”. La Fiscalía conceptuó que ni aun en flagrancia los gestores se pueden capturar. Soltaron a alias “Ramiro”, cabecilla de la subestructura 18; alias “Urias”, del frente Rodrigo Cadete; y Diana Carolina Rey “Erika”, conocida como la reina de la extorsión. Todos con procesos abiertos por concierto para delinquir, reclutamiento de menores, tráfico de armas, extorsión y explotación ilegal de recursos. Y los tres que no eran gestores de paz los nombraron para buscar liberarlos. Al general que lideró la operación lo sacaron.
Pero los computadores y celulares de “los gestores” fueron incautados y enviados a la Fiscalía, donde pasaron 16 meses guardados. Gracias a Caracol TV, el país supo lo que hay.
Generales que habían sido retirados y que se unieron a la campaña de Petro fueron reincorporados. Esos apoyos se recibieron en una reunión donde también estuvo el senador Iván Cepeda. Y estos generales aparecen con conversaciones y emails con las disidencias. Los colocaron estratégicamente cerca al ministro Iván Velázquez para decidir la permanencia o retiro de oficiales o suboficiales. Entre 2021 y 2024 salieron 17 mayores generales del Ejército, 20 de la Policía y casi 350 coroneles del Ejército, Policía y Fuerza Aérea.
Hay evidencia de que los oficiales ayudaban a las disidencias dándoles información, frecuencias de radio, incluso ayudándolos a legalizar armas y carros blindados a través de empresas de vigilancia. El superintendente entregó 18 licencias exprés en 24 horas. La infiltración llega hasta la dirección de inteligencia dedicada a proteger los “infiltrados”.
Y, como si fuera poco, en la mesa con el ELN, el senador Iván Cepeda no solo avaló que los grupos armados puedan reclutar menores desde los 15 años, sino que además legitimó el secuestro bajo el eufemismo de “retención con fines económicos”. Y lo más grave de todo, Cepeda se abrogó el derecho a convertir en política pública los acuerdos parciales con el ELN, sin Congreso ni control jurisdiccional.
Iván Cepeda siempre está en el lugar exacto donde se cruzan la política y las estructuras narcoterroristas. El país tiene derecho a saber qué compromisos se adquirieron, qué se negociaba realmente y por qué el candidato a la presidencia del Pacto Histórico, Cepeda, siempre aparece al lado de quienes tienen el poder de fuego en Colombia. Cepeda, el implacable persecutor del Presidente Uribe, en cambio sale abrazado y sonriente en múltiples fotos con el narcoterrorismo. Confían en los que andan con armas matando la oposición que él también persigue.
Atención Colombia, estamos al borde del abismo.
