Heidy Sánchez Barreto

Abogada de la Universidad Libre, especialista en derecho ambiental y cursa maestría en derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Se reconoce como una mujer feminista y antimilitarista, que representa desde el Concejo de Bogotá a las nuevas generaciones de la Unión Patriótica, partido del cual es su presidenta a nivel distrital.

Heidy Sánchez Barreto

Las razones del paro de FECODE y las marchas de la comunidad educativa

El pasado 12 de junio, FECODE inició un paro nacional permanente y la comunidad educativa, profesores y estudiantes de universidades y el SENA, hizo pronunciamientos llamando a la movilización. El motivo de este agitado momento es la enmienda que se aprobó en la Comisión Primera del Senado en relación con el Proyecto de Ley Estatutaria que proclama la educación como derecho fundamental, la cual desnaturalizó la iniciativa radicada por el Gobierno nacional desde septiembre de 2023 y que ya había surtido su trámite en la Cámara de Representantes.

La molestia no es menor ni injustificada pues el apoyo popular al Pacto Histórico, con el que consiguió ganar el Gobierno nacional, se basó, entre otras, en la promesa de garantizar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y la jurisprudencia, por fuera del negocio. Y esa era la situación, el proyecto que radicó el Ministerio de Educación y se discutió en la Cámara había recogido dicha finalidad, desarrollando un número considerable de reuniones y audiencias públicas para ello y consensuando en el trámite cerca de 700 proposiciones, lo cual le permitió salir como un gran consenso de su segundo debate en la Plenaria de la Cámara, en el que confluyeron oposición y Gobierno.

Este texto aprobado en los dos debates de Cámara y el presentado como ponencia de Gobierno en el primer debate en Senado, aseguraban que la prioridad en la inversión del Estado fuese el fortalecimiento de las instituciones y establecimientos educativos públicos (art. 7, 12 y 18), que el cobro de derechos pecuniarios no fuera un factor de exclusión para la garantía del derecho (art. 12), muy importante para el caso de estudiantes en instituciones privadas, que la democracia en el campo educativo, en los establecimientos y en las instituciones se ejerza contando con las comunidades educativas de manera directa para la toma de decisiones (art. 5 y 12) y que el derecho fundamental se cubriera desde la educación inicial de tres grados (prejardín, jardín y transición) pasando por la básica y la media (vuelve obligatorios 10° y 11°) hasta llegar a la superior (art. 15, 16, 17 y 18), conformando un sistema abierto que articula la educación formal con las demás vías de cualificación (art. 4 y 17), todo en el marco del respeto a la autonomía de las instituciones y establecimientos educativos, y del SENA como entidad rectora de la Formación Profesional Integral.

Sumado, dicho texto que salió de Cámara y la ponencia de Gobierno en el primer debate de Senado, apuntan a reforzar la garantía del derecho en el caso de sujetos de especial protección constitucional, así como a asegurar la más alta calidad e integralidad en los contenidos de la educación (art. 2, 9, 32-35 y 37). Todo esto incluyendo un sistema de formación docente, condiciones laborales justas y dignas para los profesores y una evaluación multidimensional y no exclusivamente fijada en el maestro (art. 36, 38 y 39).

Sin embargo, las condiciones del trámite y su premura, pues al ser una Ley Estatutaria requiere de una mayoría absoluta en su votación y no puede pasar de una legislatura para surtir los cuatro debates que demanda su aprobación, plazo que se agota el próximo 20 de junio, llevaron a que algunos senadores del Pacto Histórico ponentes y la ministra de Educación firmaran y aprobaran el mismo día, 5 de junio, una enmienda regresiva con la senadora Paloma Valencia y el senador David Luna, con la esperanza de que en el cuarto y último debate en Plenaria del Senado, así como en la conciliación, se pudiera retomar la finalidad original del proyecto y el consenso logrado en Cámara. Más allá de las intenciones que la originaron, esta enmienda incorporó casi que unilateralmente la visión de la derecha y, de aprobarse como está, amenaza con ser la consolidación normativa del neoliberalismo en la educación en Colombia, y por ello ha desatado la movilización de la comunidad educativa en todo el país.

La enmienda conserva algunos elementos progresivos, pero en lo estructural vuelve regresivo y neoliberal el proyecto. De este modo, elimina la prioridad del fortalecimiento de las instituciones y establecimientos públicos en la inversión del Estado y el cobro de derechos pecuniarios como factor de no exclusión, habilitando la financiación sistemática con recursos públicos de instituciones educativas privadas (art. 7), cuestión que se refuerza al incluir transversalmente en el proyecto la existencia de supuesta educación y/o instituciones mixtas, aparte de las públicas y privadas.

Asimismo, la enmienda vulnera la integralidad de la educación y coloca casi que exclusivamente al mercado como criterio de calidad y adaptación de sus contenidos (art. 9 y 33), elimina la garantía de los tres grados en el derecho fundamental a la educación inicial (art. 15) y, en lugar de promover una evaluación integral a los docentes, perdiendo de vista los contextos, carga exclusivamente y de manera punitiva a los profesores los malos resultados de los estudiantes en las pruebas de Estado (art. 39). Todo esto lo hace manipulando el concepto de autonomía de las instituciones educativas con tal de limitar sus formas de democracia y la libertad de cátedra (art. 5, 9 y 10), así como vulnerando la autonomía del SENA en relación con la Formación Profesional Integral (art. 4).

Tal vez uno de los elementos más regresivos es la creación de la denominada “Educación Terciaria” (art. 4), que en Bogotá la exalcaldesa Claudia López y el alcalde Carlos Fernando Galán denominan “Posmedia”. Este nuevo nivel educativo, que la enmienda gradúa de derecho fundamental (art. 18), homologa la educación informal: cursos de menos de 160 horas que certifican asistencia, la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: cursos de no menos de 160 o 600 horas que certifican competencias y conocimientos, y demás vías de cualificación, con la educación superior que involucra carreras y provee títulos técnicos, tecnólogos y profesionales universitarios, estos últimos al involucrar el acceso a la investigación y la ciencia.

Es decir, con dicha homologación se pretende hacer que la educación a la que se acceda en grado 10° y 11° (art. 17) o después de que se salga del colegio, sea cada vez menor en contenido y calidad, que se enseñe rápido y exclusivamente a trabajar a la juventud, convirtiendo la educación superior, universitaria y científica en un lujo al que accedan únicamente aquellos que tengan el tiempo para hacer una carrera y la plata para pagarla.

Dichos cursos financiados por el Estado exclusivamente en instituciones privadas, buena parte de ellas de baja calidad, es lo que aprobó el alcalde Carlos Fernando Galán con su Plan Distrital de Desarrollo y su programa “Jóvenes a la E”. Así, lo que pretende la enmienda en el Congreso de la República es volver ley nacional el mal ejemplo de Bogotá. Estas estrategias neoliberales de financiación a la demanda ya demostraron su fracaso nacional con “Ser Pilo Paga” y “Generación E” y en Bogotá con “Jóvenes a la U”, pues desvían billonarios recursos públicos a pagar matrículas carísimas en instituciones privadas de educación cuyo servicio siempre es más caro ya que envuelve lucro de manera explícita o solapadamente, en lugar de invertirse en las instituciones públicas, todas de alta calidad si se trata de educación superior, donde dicho dinero lograría una mayor cobertura en la medida en que alcanza para más beneficiarios. Este uso irracional de los recursos públicos en favor del negocio privado y no de la garantía del derecho, es lo que se convertiría en política de Estado y para todos los niveles educativos de transformarse la enmienda en Ley Estatutaria, dando cabida a propuestas como la del “Bono Escolar” de la senadora Paloma Valencia.

Estos son los elementos que han dado sustento al paro de FECODE y a la movilización de toda la comunidad educativa en el país. A esto se ha reaccionado desde la derecha y mediáticamente afirmando que el descontento de los maestros es porque no quieren que los evalúen ¡Qué deshonesto y poco riguroso!, a los maestros hoy ya los evalúan: al ingresar y por desempeño. Como se expuso, a lo que se oponen es a que se imponga una nueva evaluación, no concertada, descontextualizada, individual y punitiva.

Desde nuestro punto de vista, creemos que la participación activa desde las calles de todos los actores que involucra el proyecto de Ley Estatutaria, fortalece el debate que lleve a la educación a convertirse en un derecho fundamental. No obstante, no concordamos con aquellas voces que oportunistamente desdibujan las intenciones del Gobierno o que ven como única solución el retiro del proyecto, obviando además que, para esto último, en el momento del trámite en el que se encuentra, no bastaría con la decisión del Gobierno, sino que se tendría que contar con la voluntad mayoritaria de la Plenaria del Senado. Pensamos que estamos ante una oportunidad inédita donde el pueblo movilizado, como constituyente primario, se está haciendo partícipe y determinante en una decisión fundamental para la vida del país, con un Gobierno nacional afín a los intereses populares y un Congreso de la República que, para legislar, está enfrentando la interpelación de la comunidad educativa.

Hay que buscar para el cuarto y último debate las condiciones de retomar la idea inicial del Gobierno y de fortalecer el consenso salido en Cámara, sobrepasando la unilateralidad neoliberal y de derecha que quedó plasmada en la enmienda. Con un nuevo consenso y/o una ponencia alternativa, con el acompañamiento en la calle del movimiento, habrá que intentarlo a ver si sobrevive al 20 de junio. Lo que es claro es que un proyecto regresivo no tiene cabida y que, si no es en esta oportunidad, seguiremos insistiendo en conseguir el derecho fundamental a la educación, gestionado democráticamente, integral en su oferta y evaluación, por fuera del negocio y garantizado a través del fortalecimiento de la oferta pública, por el que ya han luchado generaciones.

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Heidy Sánchez Barreto
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