La reforma agraria de Petro, la que busca entregar la propiedad de la tierra -hay que decirlo- no atiende al problema que hoy angustia a los hogares colombianos, es decir, el alto costo de la canasta alimentaria. 24.14%.
Pero además, si el gobierno destina en el improbable caso, 3 billones de pesos para compra de tierras y si, el convenio con Fedegan es para adquirir predios ganaderos y no agrícolas, es decir, más baratos, ello no sumará más de 160 mil hectáreas, o sea, el 0.38% del potencial agrícola del país o el 0,43% de las hectáreas destinadas a la ganadería.
En otras palabras, esas tierras adjudicadas, no van a resolver el alto costo de los alimentos ni cambiarán la estructura de la propiedad rural ni la cuestionable concentración de la tierra. Esas tierras por ser ofertadas por Fedegan, en principio, no van a producir agricultura sino en el mejor de los casos, carne, leche y gases efecto invernadero.
No obstante lo anterior, el gobierno podría enfocar esas tierras para impulsar las “Áreas de Protección para la Producción de Alimentos y materias primas” APPA pero, más que protección diría yo, serían de promoción para la producción.
Y las APPA son, tal y como lo define la UPRA: “áreas rurales priorizadas dentro de la frontera agrícola que cuentan con las mejores condiciones para la producción de alimentos y materias primas, y que gozan de especial protección del Estado”.
Para articular la reforma agraria de entrega de tierras de Petro, esos terrenos podrían entregarse cerca a centros poblados, a circuitos de mercado y enlazados a cadenas de suministro y con contratos firmados de agricultura por contrato porque la política agraria podría estar dirigida, más bien, a mejorar la competitividad rural a fortalecer los vínculos urbanos-rurales, es decir esos flujos de personas, bienes y servicios entre los dos sectores, el rural y el urbano y no a entregar tierra.
Pero lo ideal no es que se entreguen predios, sino unidades de negocios rentables y eso es otro enfoque; con apalancamiento financiero y paquetes tecnológicos (por ejemplo, los sistemas silvo pastoriles ganaderos en ciertas zonas del país) y, pecando de técnico, esas unidades de negocios podrían destinarse a la alimentación funcional, es decir, esa que beneficia la salud, la nutrición y la seguridad alimentaria.
Pero sí y solo sí, para que el esquema funcione, debe romper los topes de subsidio, valga decir, el área de la Unidad Agrícola Familiar -UAF- y los montos de financiación de los proyectos productivos de la Agencia de Desarrollo Rural porque esos techos reparten, pobreza. Además, se necesita apalancamiento financiero.
Además, no pueden ser predios esparcidos incoherentemente por toda la geografía nacional, ni responder a una estrategia productiva, ni estar desarticulados de la agricultura del futuro: la verde y digital.
Por último, retomo el comienzo de la columna: más que repartir tierra, la reforma debería estar dirigida a mejorar la competitividad rural.
