En defensa de nuestras instituciones
El miércoles pasado (9 de septiembre), justo cuando conmemorábamos el Día Nacional de los Derechos Humanos, los colombianos explotamos de indignación al conocer un video en el que dos policías usaron desmedidamente la fuerza para reducir a un ciudadano. Javier Ordóñez recibió repetidas descargas eléctricas, luego lo trasladaron a un CAI donde al parecer fue brutalmente golpeado. Falleció y dos niños perdieron a su padre. ¡Qué dolor!
Además de acabar con la vida de un colombiano, la acción de los policías ha avergonzado a toda una institución. Nuestra responsabilidad es exigir que se conozca toda la verdad, absolutamente toda, que los responsables reciban todo el peso de la ley y que la institución haga lo necesario para que ese tipo de acciones nunca se vuelvan a repetir. Es el llamado que hacemos al unísono los colombianos.
Pero ese hecho atroz no justifica los ataques contra la ciudadanía, los daños a bienes e infraestructura pública y privada y los bloqueos de vías, que se aprovechan de los plantones y las protestas ciudadanas, y que han dado como resultado una confrontación que en confusas situaciones ha terminado con la muerte de más colombianos.
Así como avergüenza la imagen de los patrulleros que propinaron esos golpes y esas descargas eléctricas, también debería avergonzarnos la violencia desencadenada desde entonces. No es justificable que hasta la mañana del viernes ese malestar haya generado 13 muertos, alrededor de 400 heridos, más de 100 vehículos afectados y daños multimillonarios a la infraestructura y bienes públicos y privados, especialmente en Bogotá. Ya el ministro de Defensa ha dicho que estos hechos vandálicos fueron ocacionados por la infiltración del ELN, disidencias de las Farc y otros grupos, que actúan articulada y sistemáticamente.
Tampoco es admisible que el enojo ciudadano sea atizado con calculado criterio electoral, incluso por criminales amnistiados que hoy posan de pacíficos humanistas mientras avivan el odio. No se puede permitir la apología a la violencia y sugerir -con bajeza y faltando a la verdad- que la Policía Nacional tiene que ser refundada porque sigue una política sistemática de violación de los derechos humanos.
A pesar de los atroces hechos y las tragedias desencadenadas, que seguramente tendrán un rostro responsable, debemos seguir creyendo en nuestras instituciones democráticas, en nuestra Policía Nacional, una organización integrada por alrededor de 150.000 colombianos que no tiene que ser moldeada a imagen y semejanza de quienes la han atacado y despreciado durante más de sesenta años y que hoy quieren sacar provecho de la situaciuón. Siempre es posible mejorar las instituciones. En ese caso, fortalecerla, dar permanente educación, formación en prevención y protección de los derechos humanos, revisar protocolos e impartir mejores prácticas.
Pero también urgen otras cosas. Requerimos abonar el terreno con virtudes democráticas, como la disposición verdadera al debate de ideas y brindar a todos los ciudadanos garantías de seguridad para que nuestras diferencias no se conviertan en motivo de ofensas verbales y físicas: las primeras, con frecuencia, antesala de las segundas.
Los colombianos debemos superar el discurso rabioso y el grito alocado e instintivo. Tenemos que alcanzar la sensatez democrática, el diálogo tranquilo y la reflexión prudente. Esto no significa que desaparezca la contradicción y el disenso, pero sí que en el trámite de nuestras discrepancias se imponga el respeto e importe la verdad.
En lugar de instigar a ciegos y fanáticos a desenlaces fatales, debemos observar los hechos sin adjetivaciones innecesarias. Debemos seguir abrazando la idea de que un Estado que monopoliza legítimamente el uso de la fuerza es garante de los derechos humanos.
Lo anterior supone defender con vehemencia y sin sonrojarse el mantenimiento y restablecimiento del orden por las autoridades escogidas libremente por los colombianos. Supone sostener que no es el caos sino la autoridad la garantía de la libertad. Supone que censuremos cualquier hecho violento. Nos exige que no justifiquemos la barbarie en nombre de ideologías o supuestas ‘causas’. Supone no cohonestar con la anarquía que trae más dolor, ni ser idiotas útiles de quienes ven en esta crisis un momento prerrevolucionario para llegar al poder en el 2022.
Colombia despierta. Los buenos somos más.
Encima. Para que no caigamos en la candidez, recordemos que, refiriéndose a la policía, Nicolai Bukharin, amigo de Stalin, escribió en ‘El A.B.C. del Comunismo’: "El Estado capitalista mantiene, además del ejército regular, un ejército de hampones seleccionados, cuerpo adiestrado especialmente en la lucha contra los trabajadores". Así piensan muchos de los que hoy proponen una reforma de nuestra policía. No podemos claudicar.
