La violencia contra las mujeres en Colombia es un problema grave que afecta a miles de mujeres y niñas cada año. A pesar de todas las manifestaciones en contra y los rechazos públicos en el país, la situación que llevamos este año es una vergüenza. El caso reciente de Luz Mery Tristán es lamentable y triste, pero es una repetición constante en el país. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), en 2023 se registraron 213 feminicidios en Colombia entre enero a mayo, lo que representa un aumento del 10% con respecto al año anterior. Además, se reportaron 19.606 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres y 8.511 exámenes médico-legales por presunto delito sexual, donde las niñas son las principales afectadas.
No podemos olvidar que la violencia contra las mujeres puede manifestarse de muchas maneras, incluyendo el abuso físico, el abuso sexual, el abuso psicológico y el abandono económico. El abuso físico puede incluir golpes, pellizcos, empujones y patadas. El abuso sexual puede abarcar desde la violación, el incesto hasta el abuso sexual infantil. El abuso psicológico puede incluir insultos, amenazas y humillaciones. El abandono puede manifestarse al dejar a una mujer sin dinero, comida o vivienda.
La violencia contra las mujeres tiene un impacto devastador en las víctimas. Puede causar lesiones físicas, emocionales y psicológicas, pero también puede llevar al aislamiento social, perdida de empleo y problemas económicos. Pero, en muchos casos en Colombia, la violencia contra las mujeres termina en la muerte.
El conjunto de entidades del estado colombiano encargado de enfrentar la violencia contra la mujer presenta diversas fallas que afectan su prevención y sanción. En el ámbito judicial, la lentitud y falta de eficiencia en los procesos relacionados con la violencia de género generan frustración y retrasan la justicia. Además, la baja tasa de condenas y sanciones efectivas contribuye a la impunidad, socavando la confianza en el sistema. La falta de capacitación en temas de género para jueces y fiscales resulta en decisiones lentas, mientras que la estigmatización y revictimización de las mujeres durante el proceso judicial agravan su sufrimiento.
En el ámbito policial de Colombia, es vergonzoso la insuficiente formación en género y violencia contra la mujer limite la capacidad de la policía para abordar adecuadamente estos casos. En muchos casos, no hacen nada. La falta de protocolos claros y uniformes para casos de violencia de género conduce a respuestas inadecuadas. La desconfianza y el temor de las víctimas al reportar casos se debe, en parte, a la posible falta de respuesta adecuada por parte de la policía. La ausencia de unidades especializadas y recursos dedicados para manejar estos casos de manera sensible y eficaz crea un vacío en la atención.
Por otro lado, las comisarías de familia, que juegan un papel fundamental, presentan debilidades significativas, y muchas de ellas actúan como típicas entidades burocráticas. La falta de recursos y personal capacitado limita su capacidad para atender adecuadamente casos de violencia de género. Las demoras en la respuesta y atención a las denuncias perpetúan la sensación de desprotección. La falta de coordinación efectiva entre las comisarías y otras instituciones involucradas en la prevención y atención de la violencia de género, como la Fiscalía y la Policía, crean lagunas en el sistema. El enfoque excesivamente conciliador puede minimizar la gravedad de la violencia y no garantizar la seguridad de las víctimas, dejando a muchas en situaciones de riesgo. Es tan absurdo el sistema, que le piden a la víctima que lleve la citación a una conciliación a su propio agresor.
En conjunto, estas fallas en el sistema judicial, policial y las comisarías de familia en Colombia requieren una atención integral y reformas profundas para garantizar la seguridad, protección y justicia para las mujeres víctimas de violencia de género. Colombia ha desarrollado una narrativa excesiva a través de entidades del orden nacional, como la consejería de la violencia contra la violencia de la mujer, pero estas narrativas no son más que palabras, ya que generan poco cambio en los actores estructurales encargados de la prevención y sanción.
Así mismo, la debilidad del sistema educativo colombiano en la prevención de la violencia contra la mujer se debe a la falta de enfoque en educación de género, la perpetuación de estereotipos y normas de género, la ausencia de educación emocional y habilidades sociales, la falta de formación docente y la insuficiencia de programas de prevención. Para abordar estas debilidades, se requiere una revisión profunda del currículo y la implementación de programas educativos integrales que promuevan la igualdad de género, el respeto y la prevención de la violencia.
En mi opinión, debe haber una mejora en la actuación de la Fiscalía, la Policía y las comisarías y lo más importante un modelo educativo escolar que contribuya a la eliminación de estereotipos y visiones machistas de nuestra cultura.
Revisemos experiencias positivas globales. En España se han establecido juzgados especializados en violencia de género, donde los jueces y fiscales reciben capacitación específica para manejar estos casos de manera adecuada y sensible. Además, se implementó el sistema VioGén, una herramienta tecnológica que permite la comunicación y el seguimiento de casos de violencia de género entre las fuerzas de seguridad, los jueces y las víctimas, garantizando una respuesta coordinada y rápida.
Uruguay es un ejemplo en la región que ha establecido fiscalías especializadas en violencia de género y se han implementado unidades de atención a víctimas en las comisarías. La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia también ha creado un marco legal sólido para la persecución y sanción de la violencia de género. Ruanda ha establecido tribunales especializados en violencia de género, lo que ha permitido un enjuiciamiento más eficiente y sensible de los casos. Además, se ha promovido la capacitación de jueces y fiscales en temas de género y violencia. En Namibia, se han implementado medidas como el establecimiento de unidades de género en la policía, donde los oficiales reciben capacitación para manejar casos de violencia de género con sensibilidad y profesionalismo.
Finalmente, en materia de educación, Suecia ha sido un pionero en la prevención de la violencia contra la mujer, destacando especialmente en su enfoque educativo. Desde temprana edad, las escuelas suecas incorporan programas y talleres que fomentan la igualdad de género y el respeto mutuo. Estos programas no solo enseñan a los jóvenes sobre los derechos de las mujeres y la importancia de relaciones saludables, sino que también desafían activamente las normas y actitudes que perpetúan la violencia de género. Al poner la educación en el núcleo de sus esfuerzos preventivos, Suecia ha logrado crear una sociedad más consciente y empática, donde la violencia contra la mujer es fervientemente rechazada. Su enfoque proactivo y educacional ha sido un modelo para muchos países en su lucha contra la violencia de género.
