El Ministerio de Salud expidió la Resolución 813 de 2026, con la que actualiza y unifica la regulación del derecho a morir dignamente en Colombia, en sus dimensiones de eutanasia y adecuación de los esfuerzos terapéuticos.
Uno de los principales cambios es que el acceso a la eutanasia no queda limitado a personas con enfermedad en fase terminal. La norma contempla que el procedimiento pueda solicitarse cuando exista una condición de salud extrema que genere sufrimiento intenso, intratable e irremediable.
La resolución señala que esa condición puede estar asociada a situaciones clínicas de final de vida, enfermedad grave e incurable o lesión corporal. En todos los casos, la solicitud debe ser voluntaria, informada, inequívoca y estar sujeta a verificación médica e interdisciplinaria.
Autonomía del paciente y consentimiento
La nueva regulación refuerza la autonomía del paciente como eje central de las decisiones sobre el final de la vida. Según la resolución, la persona podrá decidir entre distintas opciones, como cuidados paliativos, adecuación de los esfuerzos terapéuticos o eutanasia, sin que sea obligatorio agotar una alternativa para acceder a otra.
La norma también regula con mayor detalle las formas de manifestar la voluntad. Incluye la solicitud verbal o escrita de eutanasia, el Documento de Voluntad Anticipada, el Registro de Solicitud de Eutanasia y el consentimiento informado.
Además, establece reglas para el consentimiento sustituto en casos excepcionales, cuando el paciente no pueda expresar directamente su voluntad. En esos escenarios, se deberá verificar que exista una manifestación previa o elementos suficientes que permitan determinar cuál era su posición frente al derecho a morir dignamente.
También se incorporan los llamados “apoyos interpretativos de la voluntad”, especialmente en casos de personas con discapacidad. Sin embargo, la resolución aclara que estos apoyos no pueden crear, completar ni sustituir la voluntad del paciente.
Comités, cuidados paliativos y trámite
La Resolución 813 también redefine el papel de los comités. Los Comités Interdisciplinarios de Eutanasia deberán verificar las condiciones de elegibilidad, mientras que los Comités de Ética Hospitalaria podrán intervenir en casos de adecuación de esfuerzos terapéuticos cuando existan conflictos ético-clínicos.
El trámite contempla plazos para las valoraciones y evaluaciones. En adultos, las condiciones de elegibilidad deberán revisarse dentro de los diez días calendario siguientes a la solicitud; en menores de edad, el plazo será de quince días calendario.
La norma también mantiene la obligación de ofrecer cuidados paliativos y adecuación de los esfuerzos terapéuticos como parte del cuidado integral del proceso de muerte. Esto incluye el control del dolor, el manejo de síntomas y el acompañamiento al paciente y su familia.
La resolución rige desde su expedición, modifica parcialmente la Resolución 13437 de 1991 y deroga las resoluciones 825 de 2018 y 971 de 2021, que regulaban aspectos previos del derecho a morir dignamente.
