De nuevo, como cada tanto, ha saltado a la vista el preocupante exceso de fuerza por parte de algunos integrantes de la Policía Nacional. Esta vez la víctima fue el abogado Javier Ordóñez de 46 años, quien murió luego de recibir -en repetidas ocasiones- descargas eléctricas con una pistola eléctrica o taser. El uso de las llamadas armas menos letales ha venido siendo sujeto de estudio por organismos internacionales, así como los protocolos de uso al interior de los cuerpos policiales en distintas partes del mundo. En Colombia el gran interrogante en la tragedia de esta semana, así como en las otras tragedias que han ocurrido en los últimos años, es frente a la capacitación que reciben los miembros de la fuerza pública y las medidas efectivas tanto en la institución como en el Gobierno Nacional y los gobiernos locales para que esto no siga ocurriendo.
En un estudio de 2016 realizado por el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) se llamó la atención sobre el vacío existente en la región respecto a manuales o protocolos claros para el uso de las armas menos letales. En qué circunstancias, en qué proporción, quién las puede usar y qué régimen sancionador se puede aplicar en caso de un mal uso. En Colombia, puntualmente, en el Código de Policía, se faculta a la fuerza pública a usar el taser y otras armas menos letales para inmovilizar a una persona en caso de que corra peligro la vida de ella misma, de otro ciudadano o del policía. Todo bajo el precepto del uso racional de la fuerza, detallado en la resolución 2903 de 2017.
El uso racional de la fuerza significa que un arma menos letal como el taser no puede usarse porque sí, sino bajo unos principios y circunstancias específicas, como el de la proporcionalidad y poniendo por encima siempre el cuidado de la vida. Por esta razón, Naciones Unidas ya no las llama “armas no letales” sino “menos letales” porque para ser honestos cualquier objeto puede convertirse en letal cuando hay dolo, es decir, cuando existe la intención de causar daño, incluso la muerte.
Según la clasificación del UNLIREC, algunas de las armas menos letales que existen en Latinoamérica son:
- De energía cinética: Proyectiles de goma, sacos rellenos, balas de plástico, rellenas de pintura o gel. Dentro de esta clasificación se encuentra el “bean bag”, munición con la que en noviembre del año pasado un integrante del ESMAD le disparó a Dilan Cruz. Este tipo de armas pueden ser letales, como en el caso de Dilan, cuando el disparo se efectúa a corta distancia sobre el pecho, abdomen o cabeza.
En esta misma categoría se incluyen los dispositivos de impacto como bastones, porras o los llamados bolillos con los que cuentan los auxiliares o bachilleres de policía.
- Eléctricas: Aquí entran el taser, bastones paralizantes, armas eléctricas inalámbricas y escudos eléctricos. Su uso desproporcionado puede producir quemaduras de alto grado, paro respiratorio, asfixia, fibrilación ventricular (falla total del bombeo sanguíneo) y tetanización muscular (anulación de la capacidad de reacción muscular).
- De energía dirigida o lumínica: Dispositivos de rayos LASER de alta energía y granadas de aturdimiento. En el peor de los casos causa desorientación, dificultad para respirar, náuseas, dolor y vértigo.
- Químicas: Gas pimienta, gas lacrimógeno, bombas de peste. Su uso excesivo afecta primordialmente los ojos como inyección conjuntival, opacidades de la córnea y disminución de la agudeza visual.
- Acústicas o sónicas: Armas que aturden a través de una transmisión de sonido a cierto nivel de decibeles. Puede llegar a romper el tímpano, causar la pérdida de audición temporal o permanente y la pérdida del equilibrio.
- Bioquímicas: Calmantes, convulsionantes, incapacitantes. Como efectos colaterales causan intoxicación y descompensación orgánica.
- Electromagnéticas: RF Jamming (interferencia o bloqueo de las redes de comunicaciones), inhibidoras de frecuencia de radio y celular. Pueden causar quemaduras, pérdida de la visión, pérdida de la memoria y desorientación.
- Neumáticas: Marcadoras que utilizan proyectiles de caucho, polvo inerte, gas pimienta. Su uso desproporcionado ocasiona lesiones como las armas de energía cinética o químicas.
- De tecnologías combinadas: Municiones traumatizantes, dispositivos químicos y cinéticos de dispersión. Las lesiones varían en función del tipo de arma y su gradualidad.
En Colombia, la Policía para el control de disturbios hace uso de una amplia gama de granadas de mano con emisión de gases lacrimógenos; de aturdimiento; de efecto múltiple, es decir, que generan luz, sonido o gas combinados; y de perdigones de goma. Todas estas son herramientas legítimas y legales en este país, cuyo objetivo es garantizar el control de la ciudadanía en manifestaciones o protestas, así como evitar o disminuir la muerte de las personas en enfrentamientos uno a uno. Esto, como se ha evidenciado, no lo cumplen todos los policías.
Cuando ocurren hechos tan lamentables como el de Javier Ordóñez la reacción inmediata de la Policía Nacional suele ser suspender a los uniformados directamente implicados, un procedimiento de rigor que, aunque entendible en la inmediatez, se vuelve paisaje al transcurrir los días sin que haya respuestas de fondo o medidas que pongan punto final a los excesos de la fuerza pública. Muchos internautas en las redes sociales piden que en el caso del abogado que murió esta semana no se hable de exceso de la fuerza, sino que se le llame asesinato, sin matices.
Otro caso, que ya lleva nueve años, es el del grafitero Diego Felipe Becerra, asesinado en 2011. Recientemente, se estableció que el joven estaba desarmado cuando ocurrieron los hechos y, además, la escena del crimen habría sido alterada por los uniformados involucrados. Hay más de 30 policías investigados y el patrullero Wilmer Alarcón, quien le disparó a Diego Felipe y fue condenado a 37 años de prisión por homicidio agravado, se les escapó a las autoridades hace cuatro años. Impunidad total.
Es urgente que el Gobierno Nacional, con Iván Duque como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, y el gobierno distrital de Bogotá, con Claudia López como máxima autoridad de la Policía Metropolitana, establezcan lineamientos claros de uso y sanción de las armas menos letales por parte de la fuerza pública. Por su parte, la institución debe reforzar la capacitación a sus integrantes, asesorarlos y brindarles acompañamiento psicológico o psiquiátrico de ser necesario. Este tipo de armas, aunque inicialmente no sean letales como un arma de fuego, pueden seguir cobrando vidas cuando están en las manos equivocadas.
Los ciudadanos ya no queremos escuchar que se están realizando investigaciones exhaustivas, tampoco aceptamos que se trate de manzanas podridas. Personalmente, respaldo y valoro la labor inagotable de muchos policías que también han sido agredidos por civiles, pero los mismos uniformados saben bien que su responsabilidad es muchísimo más grande. Su labor es resguardar vidas. Sin embargo, la de un ciudadano se apagó esta semana por la brutalidad y desproporcionalidad de un integrante de la Policía Nacional. No es un uniformado, no es un caso aislado, no es una manzana podrida, es la institución la que debe responder.
