Heidy Sánchez Barreto

Abogada de la Universidad Libre, especialista en derecho ambiental y cursa maestría en derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Se reconoce como una mujer feminista y antimilitarista, que representa desde el Concejo de Bogotá a las nuevas generaciones de la Unión Patriótica, partido del cual es su presidenta a nivel distrital.

Heidy Sánchez Barreto

¡Nos cansamos de la inseguridad!

Si se acude a cualquier firma encuestadora o sistematización de datos oficiales, por ejemplo, a partir de Bogotá Cómo Vamos, encontraremos que una de las principales preocupaciones de la ciudadanía capitalina, si no la más, es la seguridad de la ciudad. En este artículo intentaremos evaluar cómo está el panorama actualmente y qué proponemos para un gobierno alternativo en esta materia.

¿Cómo recibió la ciudad la alcaldía de Claudia López?

En cuanto a las cifras que reportan la criminalidad en la ciudad, a diciembre de 2019, en la mitad de los delitos rastreados constantemente por la Secretaría de Seguridad[1], se venía presentando una disminución en su reporte (homicidios, lesiones personales, hurto a residencias, hurto de automotores y hurto de celulares), lo que había aumentado era el hurto a personas, el hurto a motocicletas concentrado en la población femenina como víctima, el hurto a bicicletas y los delitos en el transporte público. Si bien es difícil establecer barreras entre uno y otro, se podría inferir que el perfil (valor de los artículos) de los hurtos había bajado y se cometían con menor grado de sevicia.

Frente a esa realidad, la respuesta de la entonces candidata Claudia López fue hacer de la seguridad uno de los ejes centrales de su programa de gobierno, al punto en que se constituía en la primera meta de 5 de las contenidas en este documento. En esta meta, que se denominó “vivir sin miedo”, en resumen, se proyectó lo siguiente:

  • Fortalecimiento del pie de fuerza y capacidades institucionales en seguridad: fundamentalmente se basa en proponer que las instituciones de seguridad como la justicia funcionen 24/7, así como aumentar el pie de fuerza y la tecnología con la que opera todo el sistema. Se hace un énfasis en mejorar los índices de judicialización y se delinean tres sectores delincuenciales como los prioritarios: atracadores, violadores y narcotraficantes.

Dentro de este punto es importante anotar que se proponía la ampliación de la capacidad carcelaria del Distrito, incluyendo el SRPA construyendo nuevas cárceles y dialogando con lo nacional para el mismo efecto. 

Seguridad humana: También se recoge en el programa de Claudia López que hay que atacar las determinantes sociales que impactan en la (in)seguridad, se propone un sistema de generación de oportunidades bajo la lógica empleo + educación + participación, principalmente enfocado en jóvenes, se anuncia un gigantesco programa de inversión en ciencia, tecnología y educación (lo cual después redundaría en Jóvenes a la U, Ágata y Atenea).

  • Cultura ciudadana y resolución pacífica de conflictos: Se recogen las tesis mockusianas del cambio en la cultura ciudadana como uno de los motores de la mejoría en los indicadores de seguridad, en especial para la resolución de conflictos sin tener que acudir a la violencia, tarea que se descarga en los gestores de convivencia del distrito. En esta propuesta de “cambio cultural” se proponen 3 ejes principales: acuerdos mínimos para la convivencia, cultura ambiental y superación del machismo.

¿Cómo entrega la alcaldía de Claudia López?

En materia de investigación la alcaldía de Claudia López produjo algunos trabajos al respecto de la relación entre criminalidad y el fenómeno inédito de la pandemia por COVID-19, de resto hay una abundante producción del gobierno de Peñalosa que es la que fundamenta, podemos inferir, buena parte de la política de seguridad de la administración.  

En términos de cifras lo más actualizado que tenemos es el informe de la Secretaría de Seguridad a marzo de 2023[2], del que se puede extraer la conclusión de que estamos en cifras similares a las que entregó Enrique Peñalosa con mejoras significativas en cuanto hurto a motocicletas, lesiones personales y violencia intrafamiliar. Sin embargo, los reportes de prensa no son alentadores y hay una evidente percepción de inseguridad en la ciudadanía.

La explicación que podemos extraer, que es la misma que sostiene la Secretaría de Seguridad, es que hay una anomalía que impactó negativamente en lo que esperaba lograr este gobierno: la pandemia. En efecto, el impacto socioeconómico de esta llevó a muchas personas de las capas más empobrecidas de la sociedad a vincularse a lógicas de criminalidad en busca de sustento, por lo que insistir en impactar los determinantes sociales de la criminalidad es fundamental.

Esto lo que implica es que hubo una reducción en los indicadores de seguridad a mitad de periodo, bajón del que hasta ahora la ciudad se está recuperando, lo cual explica dos fenómenos, el primero, que nos encontremos en cifras similares a las que entrega Enrique Peñalosa y, el segundo, la mayor percepción de inseguridad, en efecto, hay mayores factores criminógenos que hasta el momento están siendo contenidos.

Ahora, ¿por qué no ha funcionado? Pues bien, el análisis es que no hay una completa identidad del planteamiento de Claudia López en cuanto a seguridad con “lo mismo de siempre”, al menos en su formulación, si bien termina siéndolo en su ejecución; es decir, compartimos la tesis de que una combinación de funcionamiento eficaz del aparato de fuerza, gestión social de los determinantes criminógenos (seguridad humana) y el fortalecimiento de la gestión comunitaria, tiene la vocación de lograr la disminución significativa de los hechos criminales. Sin embargo, en cada uno de estos componentes hay que corregir elementos que hacen inviable su ejecución acertada, más aún, con la llegada de la pandemia lo que hubo fue un énfasis en la dimensión represiva incluso como garante de las normas sanitarias, lo cual sí es lo mismo de siempre. Así, por regla general hay un fenómeno de incumplimiento de lo consignado en el programa.

En cuanto al fortalecimiento de la capacidad operativa institucional es de rescatar la actualización del inventario criminal de Bogotá que en efecto se constituye en una potente herramienta contra la criminalidad como lo demuestran la desarticulación de bandas en medio de esta administración. Asimismo, se cumplió con la incorporación de nuevos integrantes de la MEBOG, elemento necesario.

No era realista proponer una articulación con jueces, fiscales y otros operadores judiciales para evitar la impunidad, eso sencillamente iba en contra de la tridivisión de poderes, al final lo que hubo fue un enfrentamiento. Tampoco podía haber ampliación de cupos en las cárceles, salvo por la Distrital, que tiene comprometido un nuevo terreno al lado de la cárcel La Picota, las cárceles son de manejo del gobierno nacional. Tampoco hubo un cumplimiento con el funcionamiento 24/7 de las instituciones de justicia, no solo por la pandemia, que obligó a la virtualización de algunos de los servicios, sino porque jamás hubo el doble de partida presupuestal para la cartera que es lo que se hubiera requerido.

Sumado, el componente de seguridad humana es el más deficitario de toda la apuesta en seguridad: el eje de empleo es el más destacado al recoger lo que en el gobierno Petro era “Jóvenes en Paz” bajo el nombre de “Parceros”, el de educación, si bien puede estar funcionando[3],  no es sostenible ni tiene impacto a largo plazo si sus pilares son programas neoliberales con “Jóvenes a la U” y si no se garantiza una jornada única en condiciones dignas. Difícilmente se puede decir que “Bogotá Solidaria” es la apuesta de la administración en este sentido, eso era una necesaria e insuficiente medida de contención ante el impacto socioeconómico de la pandemia y sus consecuentes cuarentenas.

Igualmente, el componente de cultura ciudadana tuvo un casi nulo desarrollo, entre otras porque el estudio de los patrones comportamentales de los ciudadanos había sido asignado a la Secretaría de Cultura, que tiene un enfoque completamente distinto. El de resolución pacífica de conflictos sí tiene un desenvolvimiento más fructífero, en especial con la implementación de las Unidades de Mediación y Conciliación (UMC) en las casas de justicia.

¿Cuál es la alternativa que proponemos?

Habría que retomar la combinación de 3 factores que planteaba, en principio, Claudia López, pero con un enfoque distinto en cada uno de ellos que modifique su funcionamiento hacia uno más eficaz, como se plantea a continuación:

  • Fortalecimiento de las capacidades institucionales: se hace necesario un fortalecimiento de la capacidad institucional de atender situaciones de crimen y de conflictos que se presentan en la ciudad, en especial, de los funcionarios civiles dedicados a esta tarea que dependen de la Alcaldía Mayor, lo único que funciona 24/7 es la Policía. Esto implica una inversión presupuestal para duplicar los funcionarios que trabajan en casas de justicia, CAVIF (Centros de Investigación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar), CAIVAS (Centros de Investigación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual), comisarías de familia, entre otros, de manera que se atienda el escenario más problemático: la noche, escenario en el que las mujeres son victimizadas con mayor frecuencia e intensidad. La idea es que puedan encontrar una atención cercana a su lugar de residencia o al lugar de ocurrencia de las violencias y que no tengan que, por ejemplo, trasladarse hasta Paloquemao para hacer una denuncia.

En segunda instancia, sí es necesario ampliar los cupos de reclusión mediante la construcción de nuevas instalaciones para la cárcel distrital y las sedes del SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes) y más URI, al menos una por localidad. Debe existir una articulación del Distrito y un impulso desde sus competencias en la modificación del sistema penitenciario en el sentido de la humanización que propone el gobierno nacional.

Como tercera medida, se propone el diseño e implementación de programas de formación y seguimiento con miras a humanizar la atención y evitar el abuso de poder en todos los niveles de atención. Esto incluye un refuerzo a la formación de los funcionarios en materia de DDHH y, sobre todo, enfoque de género, que evite la revictimización y haga más efectiva la atención de casos.

En cuanto al enfoque de persecución criminal, contando con la actualización permanente del inventario criminal de la ciudad, la idea es atacar el fenómeno multicrimen, que tiene como eje articulador el narcotráfico, alrededor del cual gravitan (tendencialmente) otros fenómenos criminales, esto también implica la cesación de la persecución del consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y de la criminalización de la juventud y la pobreza, a quienes hay que atender desde un enfoque de atención en salud y garantía de derechos.

  • Seguridad humana: debe ser el componente más fuerte, que no depende exclusivamente de la Secretaría de Seguridad (solo en el componente de evaluación de impacto) con políticas de largo plazo que garanticen los derechos de los sujetos más vulnerables frente a las cadenas criminales: los jóvenes. Esto implica una ampliación de programas que se han probado exitosos (empleo público para “Ninis”), agencia de empleo y un fortalecimiento de la oferta de educación en el distrito, tanto en básica y media (jornada única con garantías) como en superior (fortalecimiento presupuestal e infraestructural de la Universidad Distrital). También implica un compromiso con el carácter decisorio de los espacios consultivos poblacionales y una mayor posibilidad de acceder a recursos estatales por medio de los fondos de desarrollo local y presupuestos participativos, que cuenten con enfoques diferenciales para las poblaciones más vulnerables.
     
  • Cultura ciudadana y resolución pacífica de conflictos: para evitar la generación de violencia es necesario fortalecer la capacidad pública de atender conflictos de convivencia, con las casas de justicia y las unidades de mediación y conciliación como punta de lanza, fortalecer el centro de conciliación de la personería y acompañar las instancias privadas (p. ej. Cámara de Comercio y comités de resolución de conflictos en la propiedad horizontal). 

Reforzar la gestión comunitaria (educación y organización) en una perspectiva de cuidado medioambiental y superación del machismo implican condiciones materiales para que se dé el cambio cultural; en primera, fortalecer los esquemas de recolección de residuos sólidos con acciones afirmativas a favor de la economía popular; en segunda, un ejercicio más decidido de la autoridad sancionatoria ambiental en cabeza de la Secretaría de Ambiente y; en tercera, una redirección del Sistema Distrital del Cuidado, con un énfasis en la remuneración que impacte en la disminución de brechas de desigualdad que afectan negativamente a las cuidadoras, además de un efectivo relevo en las tareas del cuidado que libere tiempo, esa es la ruta más efectiva a la superación de la cultura patriarcal y, por lo tanto, de la violencia machista.

Esas medidas deben extenderse a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, mediado por amplios procesos de participación ciudadana, cuyos resultados deben impulsarse a través de la voz de Bogotá en el Consejo Regional y la articulación con los otros entes territoriales.

En conclusión: proponemos un modelo de seguridad que, recogiendo los avances que al respecto ha tenido la ciudad, haga un énfasis en sacar gente de la pobreza para arrebatárselos al mundo del crimen, que persiga sin cuartel a los grandes emporios criminales, comenzando por sus cabezas y sus nexos con la legalidad, y que empodere y eduque a la comunidad para resolver sus conflictos cotidianos, esa es nuestra propuesta alternativa.

Creado Por
Heidy Sánchez Barreto
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