A casi un año de haberse detectado el primer caso de Covid-19 en la ciudad, los efectos socioeconómicos que ha dejado aún se hacen sentir, dejando en evidencia la gravedad que revisten las condiciones de vulnerabilidad social y económica en buena parte de la población. Hemos podido ver, y tal vez entender, la naturaleza de dichas condiciones en los vendedores ambulantes, en los trabajadores informales, en los adultos mayores y en las mujeres, entre otros.
Ahora bien, existen otros grupos poblacionales que presentan un alto grado de vulnerabilidad en muchos aspectos y que tal vez han sido invisibilizados debido a la evidente atención que los grupos poblacionales ya mencionados requirieron. Dos de estos grupos son las personas con discapacidad y sus cuidadores, quienes han recibido un impacto fuerte en su salud mental, debido a la convergencia entre las situaciones preexistentes y su propia vulnerabilidad frente al COVID-19.
Cabe considerar que el hecho de presentar algún tipo de discapacidad ya sea de índole física o motora, sensorial, intelectual o psicológica, presenta un gran desafío, así como una carga emocional para la persona que la padece. Esto se debe, principalmente, a los obstáculos y dificultades que su realidad les obliga a enfrentar diariamente. Ahora, imaginemos cómo es esta situación durante circunstancias tan complejas como la actual pandemia, y tal vez nos podamos dar cuenta de la gravedad del problema, así como de la – inevitable – emergencia de problemas salud mental en esta población. Y esto es algo a lo cual la Administración Distrital debería prestar especial atención.
En primer lugar, la población con discapacidad que reside en la ciudad de Bogotá es numerosa. Cifras dadas tanto por la Secretaría de Salud como por el Observatorio Distrital de Salud la sitúan en más de 245 mil personas, siendo en su mayoría mujeres (cerca de 138.900) y personas adultas mayores (122.372 personas en total). Sumado a lo anterior, se puede ver que la mayoría de dicha población se concentra en las localidades de San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Engativá, Suba, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. Estos datos ya nos indican algo: además de la propia discapacidad, presentan más de una condición de vulnerabilidad, tales como el género, edad y el hecho de pertenecer en buena parte a los grupos socioeconómicos de gran fragilidad en el Distrito.
En segundo lugar, cabe señalar que las discapacidades más frecuentes, de acuerdo con datos tomados del Observatorio de Salud de Bogotá, son aquellas que tienen que ver con las capacidades motoras y de raciocinio. Limitaciones para poder caminar, correr o saltar afectan a más de 55 mil hombres y a más de 85 mil mujeres. A su vez, las limitaciones para pensar afectan a más de 46 mil hombres y a más de 51 mil mujeres. Esto, a su vez, plantea mayores obstáculos para llevar una vida plena y poder tener acceso al uso de la infraestructura pública y a los servicios en salud.
Ahora bien, pensemos un momento en los datos anteriores, y podremos darnos cuenta de que dicha situación, con todas sus limitantes, inevitablemente tiene efectos a nivel de salud mental y bienestar socioemocional. Efectivamente, aún antes de la pandemia, la población con discapacidad ya presentaba afectaciones de este orden. Un estudio efectuado en Corea del Sur en el 2012, por ejemplo, evidenció que la discapacidad física presenta una fuerte correlación con síntomas depresivos, cuyo origen se encuentra en dicha condición y otros factores, tales como la actitud personal y los estereotipos sociales negativos, situaciones de abuso, factores de estrés relacionados con la pobreza y la existencia de barretas ambientales, junto con el acceso limitado a servicios de salud adecuados. Adicionalmente, el citado estudio mostró que las mujeres son las más propensas a desarrollar síntomas indicativos de depresión.
Otro estudio, hecho esta vez en los Estados Unidos durante el año 2018, también evidenció la emergencia de trastornos depresivos, así como de ansiedad, por razones similares a las indicadas por el estudio de Corea del Sur. Cabe anotar que este estudio señaló que personas con discapacidades tanto físicas como cognitivas son proclives a manifestar este tipo de trastornos en salud mental, afectándose de forma muy negativa que afectan su bienestar emocional.
De todo esto preocupa el alto riesgo al suicidio en esta población, que evidenció otro estudio hecho en Noruega: sensaciones de frustración, incapacidad de una comunicación efectiva y de manifestar emociones, el limitado acceso a servicios de salud y el aislamiento social, resultan en problemas de salud mental que, en conjugación con una sensación de ser una carga para sus familiares y personas cercanas, puedan empujarlos a quitarse la vida o a intentarlo.
También es necesario evidenciar el estado del problema en la población cuidadora, la cual es fundamental para la supervivencia y el bienestar general de las personas con discapacidad.
La población cuidadora es también muy vulnerable a la emergencia de problemas de salud mental y, por consiguiente, también debe recibir la atención debida por parte del Distrito. Efectivamente, estudios hechos en el 2007 y en 2017 a personas cuidadoras y, en particular, a personas cuidadoras de pacientes con demencia, indicaron que la emergencia de síntomas de depresión, ansiedad, estrés e insomnio son muy recurrentes en esta población, en particular en mujeres cuidadoras y en cuidadores informales. Además, existe un alto nivel de comorbilidad entre el paciente a cargo y la persona cuidadora, actuando como otro factor de más en la emergencia de problemas de salud mental. Además, también se detectó en las personas cuidadoras manifestación de sensaciones de angustia, miedo, desesperanza, soledad e ira.
Cabe señalar, o más bien recordar que, según la Organización Mundial de la Salud, la adversidad en general constituye un factor de riesgo para la salud mental; siendo la pandemia una adversidad de grueso calibre, los resultados han sido la aparición de sensaciones de ansiedad generalizada, de pánico, de sensaciones tanto de impotencia como de incertidumbre. Esto se maximiza más aún con poblaciones en clara condición de vulnerabilidad, como lo son precisamente las personas con discapacidad y sus cuidadores.
Además, se debe tener en cuenta, y siguiendo al citado organismo, que las dificultades y obstáculos que ellos enfrentan se incrementaron significativamente, en especial para las personas cuidadoras, quienes además de tener que lidiar con la preocupación de procurar el bienestar de la persona a cargo, tienen que lidiar con el estrés emocional y mental que la misma pandemia plantea. De hecho, ya se han podido observar los impactos en su salud mental por la coyuntura, tal y como un estudio hecho en los Estados Unidos durante los primeros meses del 2020 y de la pandemia. Dicho estudio evidenció que efectivamente las personas cuidadoras han desarrollado algún problema de tipo psicológico, y de forma más fuerte en quienes han ejercido esta labor por más tiempo.
Esto, entonces, debe servir como un llamado de alerta para que las autoridades Distritales presten más atención a la situación, efectúen un monitoreo y presten las ayudas requeridas para el cuidado y mejoramiento de su bienestar mental y emocional. Esta acción debe partir de información cierta y veraz, siendo necesario que se actualice el censo de las personas con discapacidad y también, de las personas cuidadoras, ya que se carece, por lo pronto, de un registro de dicha población en la ciudad. Todo esto con el objetivo de ofrecerles posibilidades de vida, como atención en salud, trabajo (a propósito del Acuerdo 710 de 2018 que establece la oportunidad de las personas con discapacidad y cuidadores y cuidadoras de teletrabajar para poder cumplir con su labor y poder generar otros ingresos, debido a que las labores de cuidado normalmente son informales y se hacen para cuidar de un familiar o amigo que lo necesita, sacrificando su propia vida) y demás actividades sociales que son necesarias para el efectivo desarrollo del ser, respetando sus derechos y garantizándoles una vida digna.
