Liliana Bitar Castilla

Cordobesa. Senadora del Partido Conservador. Vicepresidenta de Comisión Tercera Senado. Economista, especialista en Gerencia. Más de 24 años trabajando en el sector público. Sus principales preocupaciones son el impulso del emprendimiento, así como el empoderamiento económico de la mujer.

Liliana Bitar Castilla

¿Para qué una reforma laboral si no combatimos la informalidad?

Dadas las revelaciones de los últimos días que tienen en vilo al Gobierno y al país entero, y que han puesto a prueba la fortaleza de nuestras instituciones, se ha planteado el congelamiento de las reformas presentadas al Congreso hasta que esta coyuntura se solvente. Hablamos de las reformas a la salud, laboral y pensional.

En esta oportunidad quiero referirme puntualmente a la reforma laboral que ha estado en el ojo del huracán; no sólo por los últimos sucesos, sino por su contenido y las preocupaciones en materia de informalidad, pérdida de empleos y desincentivos a la contratación de nuevos trabajadores. A continuación, expongo los puntos que más me inquietan y por los que apoyo la idea de retirar el proyecto para, en su lugar, construir un nuevo texto que sea el fruto de la socialización y la sana discusión entre todos los sectores: gremios, sindicatos, empresarios, academia, sociedad civil y el Gobierno.

Empleos perdidos e informalidad

Cabe recordar que hace algunas semanas el Banco de la República publicó un estudio acerca de los posibles efectos que la reforma laboral generará en el empleo. Los resultados indican que, bajo un escenario de impacto medio, el incremento en los costos salariales (aumento en el recargo por días feriados, ampliación de la jornada nocturna, indemnizaciones por despidos, cambios en la tercerización y en el contrato de aprendizaje, etc.) recortaría 454.000 empleos formales. Esto equivale a una reducción de 2,1 puntos porcentuales de la tasa de formalidad en unos tres o cuatros años.

Sumado a lo anterior, según la OCDE, Colombia es el país con mayor tasa de informalidad de la organización y, de acuerdo con el DANE, a cierre de 2022, la informalidad se ubicó en el 57,8% (aunque esta tuvo una disminución de 140 puntos con respecto al período anterior, sigue siendo alta). Si nos comparamos con otros países de la región, vemos cómo Chile tiene una tasa de informalidad del 24,8%, Costa Rica del 27,4%, México del 31,8% y Brasil del 33,3%, por lo que la brecha es sumamente amplia en Colombia.

En este sentido, cualquier reforma laboral debería combinar y articular todos los esfuerzos de la política en apuntarle a la formalización laboral y en la protección del empleo actual. Desafortunadamente, la reforma presentada por el Gobierno se concentra es en incrementar los costos del mismo sistema.

Tenemos que tomar conciencia que, si no fomentamos el empleo formal, de poco nos servirá dignificar las condiciones de los trabajadores. Posiblemente la intención de la actual reforma sea beneficiar a los trabajadores que hoy tienen un contrato formal, pero no se garantiza la generación de nuevos empleos y tampoco se asegura que las plazas de trabajo hoy existentes permanezcan en el futuro si la industria y el comercio tienden a debilitarse.

Además, otro aspecto fundamental que no podemos dejar pasar es la conexidad que hay entre la política de empleo, la pensional y la de salud. Es un deber inaplazable incrementar los índices de formalidad, no solo para ofrecer mejores condiciones de los trabajadores, sino para garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social en pensiones y en salud. 

El informe de BanRep muestra que, bajo un escenario de impacto medio, los sectores económicos con mayores incrementos en los costos laborales son las actividades artísticas, de recreación, alojamiento y servicios de comida, así como el comercio, espacios donde el 57% del empleo es femenino. Además, algunos de ellos también representan mayoritariamente el primer empleo formal de cientos de miles de colombianos. En este sentido, la reforma laboral puede conllevar a un retroceso en el acceso al primer empleo y al cierre de brechas entre hombre y mujeres.

Desde que fue radicada la reforma laboral, he sostenido que el reconocimiento de los derechos del trabajador, su dignificación y garantía progresivas se configuran en una prioridad, pero debemos hacerlo de manera responsable y coordinada con otras acciones. Tenemos que enfocarnos en proteger el empleo, apoyar los sectores que en mayor medida aportan a los procesos de formalización y generación de empleo. Un primer paso es apoyar al micro y pequeño empresario que aporta el 79% del empleo nacional y el 40% del PIB.

Necesitamos una nueva reforma laboral, una que apunte a tres objetivos alineados: dignificación del empleo - mayor formalidad - fortalecimiento del tejido empresarial. Sea esta la oportunidad de retirar el proyecto presentado y construir entre todos un mejor texto que beneficie a todos los colombianos, trabajadores, emprendedores y empresarios.

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