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Abogado, especialista en régimen del Distrito Capital de Bogotá y magister en derecho con énfasis en derecho administrativo. Docente universitario con una experiencia profesional de cerca de 35 años con área de práctica como profesional independiente en régimen de los servicios públicos, derecho ambiental, régimen de contratación, arbitraje y amigable composición.

Ricardo Felipe Herrera Carrillo

¿Qué pasa con las acciones de EPM en UNE/TIGO?

El Concejo de Medellín, por quinta vez, negó la solicitud de autorización para vender las acciones de EPM en UNE; en la que, Millicom (Tigo) tiene el control. La multinacional de telecomunicaciones, con sede en Luxemburgo y oficina corporativa en Miami, tiene presencia en Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay.

El alcalde Daniel Quintero, señala que no es un buen negocio mantener la participación de EPM en UNE, porque “no tiene el control de la empresa” y “no genera utilidades”. El gerente de EPM, sobre UNE, ha dicho que el “desempeño empresarial es óptimo”, pero “la rentabilidad como inversionista es inferior al portafolio de nuestras filiales controladas”.

Al no querer Millicom vender su participación y entregar el control a EPM, según el alcalde, la oportunidad para hacer uso de la “cláusula de protección” y vender las acciones, resulta altamente conveniente.

Al respecto, el concejal Sebastián López Valencia, precisó que “estar en telecomunicaciones es un negocio riesgoso, pero no catastrófico, como presentaban en Empresas Públicas de Medellín y Daniel Quintero”, y el concejal Alfredo Ramos Maya, indicó que, según respuesta obtenida de EPM, si no se hace uso de la “cláusula de protección” el valor de las acciones no sufre variación alguna.

El pasado 6 de octubre, el Concejo de Medellín discutió nuevamente la solicitud de autorización, gracias a que quienes han venido oponiéndose, accedieron hacerlo si se cumplían cuarto condiciones, no negociables. Estas fueron las condiciones aceptadas por el alcalde y el gerente: (i) que se cambie el activo de las acciones por otro; (ii) que ningún dinero recibido por la venta se gaste por el alcalde; (iii) que exista vigilancia de universidades de alta acreditación en Medellín; y (iv) que exista vigilancia de una firma internacional de auditoría.

El concejal López Valencia, señalo que la negativa, una vez más, fue producto de que en el proyecto se incluyó un artículo que le hace “conejo” a las condiciones aceptadas. La respuesta de la Alcaldía sobre la inclusión del artículo, dijo el concejal, fue “que se equivocaron”, pero, aun así, el gerente de EPM insistió en renegociarlas. Está claro que la negativa a la venta de las acciones, obedece a la gruesa desconfianza que genera Quintero y su equipo.

Tras la derrota, el alcalde dijo: “EPM acaba de perder 3 billones de pesos”, “Pido al Gobierno Nacional explorar una Nacionalización de TIGO para recuperar los recursos públicos robados” y “Tigo/UNE debe ser nacionalizado”. En entrevista radial, afirmó que “se produjo un detrimento patrimonial de 3 billones de pesos por decisiones del Centro Democrático”, que “nos robaron 3 billones de pesos”, y que “lo que quedan son unas acciones que no tienen valor”.

El “detrimento” y “robo” anunciado en medios, conmina al Contralor Rodríguez, a la Procuradora Cabello y al Fiscal Barbosa, para adelantar de oficio las averiguaciones de rigor y se esclarezcan, en breve, los hechos y se definan sus consecuencias y responsabilidades. Lo que no puede suceder, es que los debates políticos se basen en anuncios mediáticos bajo la narrativa de una corrupción, que no se denuncia e investiga; o, igualmente dañino, correspondan a simples anuncios, pero temerarios. Lo uno y lo otro, en nada contribuye al fortalecimiento de la democracia y el buen manejo del patrimonio público que representa EPM.

La solicitud de nacionalización de una empresa específica, como la que reclama el alcalde Quintero para “Tigo/UNE”, no es factible a la luz de la Constitución colombiana. Una actuación estatal en esos términos, es propia de un régimen antidemocrático. En Colombia, no es posible adelantarlo sin quebrantar derechos superiores: igualdad e iniciativa privada.

 

Nota del Editor: Ricardo Felipe Herrera Carrillo, abogado, experto en régimen de los servicios públicos, tiene relación en quinto grado de consanguinidad con el actual gerente general de EPM, empresa con la que, señala, no tiene ni ha tenido cercanía, relación o vinculación laboral o profesional alguna.

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Ricardo Felipe Herrera Carrillo
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