Como en una clásica novela policíaca, el asesino era el mayordomo. Un cuarto de siglo especulando sobre el crimen de Álvaro Gómez Hurtado y resulta que lo cometió las Farc. Eso dicen los integrantes de esa guerrilla, y hay elementos para pensar que es cierto. Veremos, en Colombia la verdad no se suele conocer completa. Eso sí, hay que admitir que la sorpresa ha sido general y nadie esperaba este giro dramático a lo Agatha Christie.
Entre tanto, mientras conocemos más detalles (si es que los conocemos), comprendiendo el dolor de la familia del Sr. Gómez Hurtado y la perplejidad de amigos e investigadores, me parece pertinente detenerse en ese capítulo tan infame, tan deleznable, tan recurrentemente colombiano como es la injusticia de quienes se han visto privados de la libertad por cuenta de este crimen.
Nada menos que dieciséis personas han estado o siguen en la cárcel acusadas de haber participado en alguna medida en el asesinato de Álvaro Gómez. ¿Qué responsabilidad es exigible a la Fiscalía que condenó sin pruebas?, ¿Cuál la de los organismos del Estado que presentaron pruebas falsas? ¿Qué dicen ahora los medios que en cuanto una persona es detenida pasa de ser un señor a ser un “sujeto”, porque inmediatamente se le supone culpable? ¿Cuándo se va a aprender en este país el significado de la presunción de inocencia? ¿Quién restituye el honor perdido de estas personas? ¿Cómo es posible que en un sistema que se dice democrático no haya responsabilidad alguna en casos como éste?
Son preguntas retóricas, por supuesto. Aquí las cosas seguirán así mientras haya un “cartel de las togas” dispuesto a vender sentencias, un “cartel de los falsos testigos” dispuestos a incriminar inocentes, un poder judicial que se resista a una reforma. Ya sabemos lo poco que vale la vida en Colombia; y la libertad, pues eso, lo fácil que se pierde. La libertad y la vida, los dos valores superiores del ser humano. Esta carencia, esta debilidad de la sociedad colombiana, es lo que de verdad debería preocuparnos.
Son muchas las personas encarceladas en Colombia por delitos que no han cometido, que padecen sin motivo durante años el infierno de una cárcel. Personajes anónimos a quienes una sentencia arruina su vida, y si tienen la suerte que al cabo de un tiempo reluzca la verdad, el responsable de turno los consuele con esa fórmula colombianísima que aquí suele preceder o ser el epílogo de una desgracia: “Qué pena con usted”.
En los episodios clamorosos, como este que nos ocupa, los afectados terminan reclamando al Estado una indemnización económica que por muy alta que sea, jamás podrá compensar los años de vida perdidos en el infierno. Compensación pecuniaria que terminamos pagando todos. Pero en los casos de gente modesta, se dan por bien servidos con recuperar la libertad que les fue robada.
Cada vez que me encuentro con un caso como el de Gómez Hurtado me es inevitable recordar el de Alberto Júbiz Hazbum. Muchas veces pienso que a ese hombre deberían levantarle un monumento en desagravio por la humillación a la que fue sometido y como paradigma de quienes como él han sido víctimas de lo perversa que puede llegar a ser la justicia en Colombia.
“Colombianos, les prometí que el crimen del doctor (Luis Carlos) Galán no quedaría impune (…) aquí tienen a los asesinos aseguró el presidente de entonces, Virgilio Barco, en un discurso. Ese día, entre otros sindicados del crimen de Galán todos pudieron ver el rostro de Alberto Júbiz Hazbum, una persona conocida y respetable de Barranquilla que nada tuvo que ver con aquel crimen, a quien el director del DAS presentó como un terrorista palestino. Cuatro años de cárcel purgó Júbiz Hazbum, para morir de un infarto al poco tiempo de recobrar su libertad.
Por cierto, ahora que las Farc confiesan la autoría del crimen de Gómez Hurtado, a los enemigos del proceso de paz firmado en el gobierno de Santos entre esa guerrilla y el Estado –insisto, se firmó con el Estado--, esta confesión tampoco les vale. Solo les vale “hacer trizas” los acuerdos con las Farc, ya lo sabíamos.
