Nicolás Otero Álvarez

Nicolás Otero Álvarez es abogado especialista en derecho contencioso-administrativo de la Universidad Externado. Se desempeña como asesor y litigante independiente en derecho administrativo, inmobiliario y urbanístico. Lector y fotógrafo aficionado.

Nicolás Otero Álvarez

Rodolfo Hernández: de líder anticorrupción a condenado por corrupción

Colombia ha enfrentado innumerables desafíos en su camino hacia la consolidación de la democracia. Rodolfo Hernández, con quien el presidente Gustavo Petro debutó la actual presidencia, ha sido sentenciado a 64 meses de prisión por la celebración indebida de contratos, veredicto que pone en jaque su credibilidad como político, al haber sido conocido por su vehemente discurso anticorrupción. Sin embargo, este escenario consolida la idea de que los discursos políticos deben ser integrales y, por tanto, no basta solo proclamarlos, sino que también es necesario ponerlos en práctica.

La paradoja de Hernández consiste en que, habiéndose vendido como un adalid de la lucha contra la corrupción durante la campaña de 2022, fue condenado por la comisión de un delito típicamente ejecutado por los políticos deshonestos. El contraste entre el discurso y la acción es un golpe contundente contra quienes creyeron en su postura como alternativa a la posibilidad de que Gustavo Petro llegara a la Casa de Nariño. Ha defraudado a quienes creyeron en el mensaje y confiaban en su promesa, pero hoy ven cómo se instrumentalizó el sensato deseo de acabar con la corrupción. Fue un discurso mentiroso.

Muchos hombres y mujeres probos lo apoyaron para vencer al candidato Gustavo Petro sin conocer la seriedad de las acusaciones que había en su contra. Sin embargo, al menos en primera instancia y mientras se resuelve la apelación que su defensa ha anunciado, la percepción pública de la condena de prisión domiciliaria precisamente produce lo que se quería evitar: deslegitimar las alternativas para derrotar a la extrema izquierda. Petro, quien ha tenido bastantes cuestionamientos durante su carrera política, no ha sido condenado por corrupción, pero su Administración pasará a la historia por los escándalos que han puesto en tela de juicio la institucionalidad colombiana.

La lucha anticorrupción es una causa en la que debe creerse con sinceridad, pero no basta solo con ello, ya que su arista más importante es que debe ponerse en práctica. Las únicas fuerzas políticas que se han enfrentado a ese flagelo —parafraseando a Luís Carlos Galán[i]— han sacrificado a sus líderes en el altar de la tribuna llevando su mensaje hasta la tumba. El desencanto actual con la política se debe a la escasa participación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia por parte de actores como él. Se requiere firmeza, sagacidad y la profunda convicción de que Colombia no se merece la fracasada visión de país que han impuesto los herederos del narcotráfico y el paramilitarismo.

 

[i] «A mi patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico. Y ha sido, ha sido, el Nuevo Liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. (…) Porque nosotros no buscamos unas curules y buscamos apenas la presidencia de la república, nuestra ambición es mayor, mucho mayor… nosotros buscamos una nueva sociedad. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria».

La batalla no se gana solo con discursos y promesas; requiere acciones concretas y un compromiso inquebrantable con la integridad y la materialización de los ideales democráticos. La lucha contra la corrupción es ardua y está llena de obstáculos, pero es esencial para la construcción de una democracia sólida y coherente. La integridad en la vida pública no es solo una aspiración, sino una necesidad imperiosa para el futuro de Colombia.

Aunque dolorosa y decepcionante para muchos, la condena de Rodolfo Hernández es también una afirmación contundente del Estado de derecho en Colombia. Este veredicto nos recuerda que, en una verdadera democracia, todos los ciudadanos, sin importar su posición o influencia, están sujetos a la Ley. A pesar de los reveses y las traiciones, no debemos permitir que la desilusión nos consuma. Los errores de unos pocos no pueden dar lugar a la pérdida de la fe en nuestra capacidad colectiva para construir un país mejor.

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