El constante avance de las tecnologías de la información ha cambiado la forma en la cual el Estado se relaciona con los ciudadanos. Cada vez es más frecuente que se reemplacen los escritos radicados en ventanillas de edificios por el envío de documentos a través de medios electrónicos. En los últimos años se han incentivado políticas de datos abiertos por medio de las páginas web de las entidades y la publicación de información relevante usando las redes sociales, un cambio en el paradigma de la interacción entre el ciudadano y el Estado.
La contratación pública no puede ser ajena a este avance. La incorporación de la tecnología en este ámbito ha servido para cumplir de mejor manera principios administrativos y constitucionales tales como la publicidad, economía, transparencia, eficacia y eficiencia en las actuaciones, tendencia que se ha desarrollado de forma relativamente uniforme en América Latina.
Así, en el ámbito regional, se han generado instrumentos como el Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur y el manual de contratación pública electrónica para América Latina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL-, documentos que señalan las ventajas de la contratación pública electrónica y la publicidad de los procesos de contratación mediante plataformas especializadas.
Además de estas directrices regionales, la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de contratación es una constante en varios países de la región. En Chile se creó la plataforma “Chile Compra”, una herramienta transaccional que utiliza firmas electrónicas avanzadas y firmas digitales, ambas generadas por prestadores acreditados, en aras de preservar la seguridad, integridad y autenticidad de las actuaciones en medios electrónicos. En Brasil existen las plataformas COMPRASNET, en la que se presentan ofertas por medios virtuales, y SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) que funciona mediante un certificado digital emitido por una Autoridad de Registro.
Por su parte, en México se implementó CompraNet que permite el envío de ofertas por medios electrónicos, siempre y cuando las empresas cuenten con la firma emitida por el Servicio de Administración Tributaria –SAT, la cual solo se emite luego de la verificación de los datos biométricos del solicitante. En Perú se creó el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado –SEACE, en el que se publican todos los procesos de contratación con el Estado, requiriendo para su acceso la generación de un usuario con una validación previa de documentos por parte de la entidad.
Colombia no ha sido un país ajeno a esta tendencia. La Ley 1150 de 2007 desarrolló la contratación pública electrónica y el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP, donde las entidades publican sus procesos de contratación y los documentos que lo integran, tales como el pliego de condiciones, estudios previos, actas de audiencia, respuesta a observaciones, actas de cierre, informes de evaluación, actos de adjudicación, contratos, entre otros.
Con la implementación del SECOP cualquier ciudadano puede consultar los procesos de contratación de una entidad y descargar, de forma gratuita, los documentos que sean de su interés, dejando casi en el olvido la época de solicitud y compra de pliegos de condiciones, así como las visitas a las oficinas de contratación de las entidades.
Sin embargo, SECOP solamente era una plataforma que brindaba publicidad respecto de las actuaciones de las entidades. Si bien se facilitaban los documentos del proceso, generando un avance significativo en materia de publicidad y economía, los proponentes debían seguir interactuando por medios físicos o, en el mejor de los casos, por correo electrónico.
Esta falencia se solucionó en el año 2015, cuando entró en funcionamiento la plataforma SECOP II, la cual ya no solamente brindaba publicidad de las actuaciones, sino que se constituyó en una verdadera herramienta transaccional, de tal forma que los proponentes e interesados pueden interactuar con las entidades en la misma plataforma.
De esta manera, los oferentes pueden presentar observaciones por medio de la misma página web, sin tener que dirigirse a la entidad y, lo que es más novedoso aún, pueden presentar propuestas de forma íntegra mediante la misma plataforma. Esto ocasionó que cada vez se vean menos las filas de proponentes con sobres de manila voluminosos en las ventanillas de radicación ni en las urnas cerradas donde se depositaban las ofertas económicas.
Pese a estas y otras ventajas, al comparar SECOP II con otros sistemas de la región, se encuentra que el mismo no exige certificados digitales, sino solamente una clave y contraseña generada por el mismo usuario. Esto hace que haya fugas de seguridad por lo que es necesario que la plataforma implemente mecanismos fuertes de autenticación para evitar situaciones de suplantación de identidad y mermar la confianza de los ciudadanos.
Sin duda, la llegada de SECOP II significa una nueva etapa en los procesos de contratación en Colombia, cuya modernización siguió avanzando en tiempos de pandemia, pues ahora las mismas audiencias se realizan a través de plataformas virtuales y las entidades públicas que todavía están con SECOP I permitieron el envío de ofertas mediante correo electrónico, algo que hace apenas unos meses no era algo usual.
Este breve recuento sobre la incorporación de las tecnologías en los procesos de contratación estatal en Colombia brinda un panorama positivo, dado que se observa una marcada tendencia a desmaterializar los procesos de selección objetiva y cumplir con los principios constitucionales y administrativos. Empero, se subraya que la incorporación de nuevas tecnologías no puede significar dejar de lado la seguridad en las acciones que se realicen por medios electrónicos.
Actuaciones como la presentación de ofertas, firma de contratos y pujas en subastas electrónicas son actos de gran relevancia jurídica para el Estado y justamente en razón a su importancia es menester robustecer la forma en la cual los proponentes se autentican ante la plataforma, pues con el mecanismo actual se pueden presentar diversas irregularidades, como la suplantación de empresas o personas naturales en el mercado de compras públicas, lo cual pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en la plataforma SECOP II y puede generar eventos de responsabilidad del Estado en el corto y mediano plazo.
