Los boletines mensuales de indicadores de seguridad, convivencia y justicia de Bogotá en 2025, publicados por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), constituyen una ventana crítica hacia la realidad de la capital. No son solo cifras frías; son el reflejo de un pulso ciudadano que late entre la esperanza y la incertidumbre. Acceder a esta información pública es un derecho que fortalece la participación ciudadana y la transparencia estatal. Sin embargo, al analizar los datos, sobre todo cuando se los observa en diálogo con las dinámicas nacionales, se revela un escenario complejo, donde conviven avances alentadores y desafíos persistentes. Conviene recordar que las cifras son preliminares, que las metodologías de registro se transforman y que las comparaciones con años anteriores, particularmente a nivel local, no siempre son del todo consistentes.
La cara positiva de este panorama se observa en la reducción de varios delitos que golpean de manera directa la percepción de seguridad. Bogotá inició 2025 con disminuciones notables frente al mismo mes de 2024: el hurto de automotores cayó en un -38,3%, el hurto de motocicletas en un -35,8%, el hurto a personas en un -22,7%, el hurto a residencias en un -18,1% y los delitos sexuales en un -30,1%. Estas cifras no fueron episodios aislados, pues la tendencia descendente se consolidó en el primer trimestre del año: extorsión (-8,4%), hurto a automotores (-38,3%), hurto a motocicletas (-30,3%), hurto a personas (-4,6%), hurto a residencias (-15,1%), hurto a comercio (-51,9%) y delitos sexuales (-9,4%). Particularmente revelador fue el caso del hurto a comercio, que mantuvo un descenso constante hasta alcanzar el -52,0% en abril. Es, sin duda, un indicio de que algunas estrategias de prevención y control están funcionando, al menos en ciertos frentes.
Pero este cuadro luminoso se ve empañado por sombras densas. Bogotá también enfrenta incrementos que inquietan y duelen. En enero de 2025, los homicidios aumentaron un 40,0%, la extorsión un 15,1%, las lesiones personales un 8,2% y la violencia intrafamiliar un 47,5% frente a enero de 2024. La extorsión, aunque moderó su impacto y registró una caída del -15,6% en el acumulado hasta julio, sigue siendo un delito de alta sensibilidad para la ciudadanía. Las lesiones personales mantuvieron una tendencia ascendente, con un aumento del 6,7% hasta mayo, mientras la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las heridas más profundas de la sociedad capitalina: subió un 14,2% entre enero y abril, pese a mostrar en mayo un descenso preliminar del 43,0% respecto al mismo mes de 2024. En este terreno, las cifras no son simples números; detrás de ellas hay historias de dolor. El 72,25% de las víctimas de violencia intrafamiliar registradas entre enero y julio de 2025 son mujeres. No sorprende, entonces, que las Casas de Justicia estén colmadas de estas denuncias: más de 10.500 atenciones por conflictos familiares en apenas siete meses, lo que las convierte en el epicentro de una conflictividad que desgarra silenciosamente el tejido social.
La mirada nacional permite ampliar la lente y entender que la capital no está aislada de los vientos que soplan en todo el país. A junio de 2025, las autoridades incautaron más de 1.600 galones de insumos líquidos destinados a economías ilícitas, un esfuerzo vital para cortar las arterias financieras del crimen organizado. En paralelo, los delitos informáticos alcanzaron los 78.828 casos en el acumulado de junio, con un aumento del 3% frente al año anterior, lo que confirma que la violencia también migra a lo digital, un espacio donde Bogotá, como corazón tecnológico y económico, es particularmente vulnerable. En el mismo horizonte, la trata de personas sumó 85 registros hasta julio, un flagelo que trasciende fronteras y exige coordinación nacional. Y si algo deja en claro la estadística es la magnitud del esfuerzo institucional: los resultados operacionales en el país pasaron de 213 a 400 en el mismo período, un aumento del 88% que da cuenta de la intensidad de la ofensiva estatal contra múltiples expresiones del crimen.
En este contexto, Bogotá muestra sus propias tensiones. Las medidas correctivas por consumo y venta de sustancias psicoactivas se dispararon un 103,63% en el acumulado de enero a julio: el consumo en espacio público creció un 18,77%, y en instituciones educativas, el salto fue de un alarmante 110,64%. Por contraste, las sanciones por evasión en el transporte público, los llamados “colados”, descendieron un 65,77% en los primeros meses del año. Las llamadas al 123, ese termómetro invisible de la convivencia, revelan fluctuaciones: una leve reducción de riñas (-0,25%), un aumento en reportes de narcóticos (+12,62%) y un ascenso sostenido y preocupante en quejas por ruido (+32,41%). Todo ello configura un cuadro donde la violencia y el desorden no siempre se expresan en grandes crímenes, sino también en tensiones cotidianas que erosionan la calidad de vida.
A la hora de interpretar este mosaico de datos, conviene no perder de vista las precisiones metodológicas. Los cambios en la plataforma SIEDCO y la inclusión de nuevas categorías, como las denuncias por terrorismo, han alterado los niveles históricos de algunas series. Así, las comparaciones con años anteriores deben hacerse con cautela, conscientes de que la estadística es un instrumento en construcción, no un dogma cerrado.
Por lo tanto, la seguridad en Bogotá en 2025 se asemeja a un lienzo en el que se entrelazan luces y sombras. Las reducciones en hurtos representan un respiro y validan ciertas intervenciones, pero el incremento en homicidios, lesiones personales y violencia intrafamiliar, junto al creciente consumo de SPA, muestran que la criminalidad es un objetivo en movimiento que exige estrategias ágiles y adaptables. La capital no puede pensarse como una isla: los retos nacionales —desde los delitos informáticos hasta la trata de personas y la lucha contra economías ilícitas— atraviesan sus dinámicas locales. Bogotá es, al mismo tiempo, reflejo y epicentro de los dilemas de seguridad del país.
Como un médico que atiende tanto síntomas agudos como enfermedades crónicas, las autoridades deben combinar la reacción inmediata con la prevención estructural, enfrentando no solo los picos de violencia, sino también las raíces profundas de la conflictividad social. Solo así, en sintonía con los esfuerzos nacionales, podrá avanzarse hacia un país más seguro y una capital menos vulnerable.
