Federico Gutiérrez y sus aliados en el Concejo de Medellín están dejando claro que son los enemigos número uno de las y los docentes de la ciudad. A través del uribista Luis Guillermo Vélez están impulsando el Proyecto de Acuerdo 60 de 2025 de supuesta “Libertad Educativa” que, además de inconstitucional, no es más que un triste intento de reencauche de Ser Pilo Paga a nivel distrital el cual busca regalarle recursos públicos a los colegios estrato 6 a la vez que precarizar aún más al magisterio de Medellín.
Mientras que desde el Congreso estamos avanzando en recuperar la Mesada 14 que el uribismo les robó a los docentes, los uribistas del Concejo de Medellín están buscando la manera de poder desfinanciar aún más a las instituciones educativas públicas, poner en riesgo la prestación del servicio público educativo y por ende a las y los profes que con compromiso buscan sacar adelante a los jóvenes de los barrios populares, aquellos que trabajan con las uñas para poder garantizar que nadie en Medellín se quede sin gozar del derecho a la educación.
La “innovadora” medida que propone el Proyecto es crear cupos en colegios privados, pagados con los impuestos de la gente de la ciudad, para que aquellos estudiantes que se destacan en la educación pública en vez de poder tener unas mejores condiciones en sus colegios, que les permitan crecer junto a sus compañeros con los que no solo comparten colegio sino el territorio en el que habitan, tengan la maravillosa oportunidad de ir a estudiar lejos de sus barrios y con riesgo de caer en tratos clasistas y discriminatorios por su origen.
Hay que dejar claro que este proyecto desborda las competencias del Concejo. La autonomía municipal se ejerce conforme a la Constitución y la ley: el servicio educativo está diseñado por Ley 115 de 1994 y Ley 715 de 2001, y la contratación con privados solo procede por insuficiencia real de cupos oficiales y bajo el Decreto 1851 de 2015, que requiere diagnóstico serio, focalización de población priorizada, metas, supervisión y evaluación. Un “cheque escolar” abierto por “libre elección” no es regulación local, es sustitución del modelo; pretende rediseñar la forma de prestar el servicio —materia de reserva de ley— y, por tanto, se sale de la órbita del Concejo.
Además, el esquema nace con un vicio grave: no define con rigor la fuente de financiación. Si pretende usar SGP–Educación, es ilegal por violar su destinación específica orientada enteramente al sistema educativo público. Y si recurre a “recursos propios”, siguen los límites: un municipio no puede crear un cuasi mercado educativo para vaciar la red pública; y el artículo 355 de la Constitución prohíbe los auxilios a particulares. Pagar matrículas privadas de forma masiva encaja. Sin insuficiencia demostrada y sin someterse al Decreto 1851 de 2015, no hay piso legal.
Y lo más grave: el efecto real es un golpe directo a la planta docente y a la continuidad del servicio oficial. Trasladar matrícula y presupuesto a privados erosiona la cobertura en los colegios públicos, la jornada, los apoyos diferenciales y la estabilidad del magisterio. Abre la puerta a congelar nombramientos, forzar traslados y precarizar condiciones laborales. Es una reforma laboral encubierta contra quienes sostienen el derecho a la educación en los barrios populares. Defender la legalidad aquí es defender a las y los profes de Medellín: su dignidad, su estabilidad y su papel como columna vertebral del sistema.
Pasemos al mito que intentan vender: “lo privado es mejor”. La evidencia de la OCDE dice lo contrario. En primaria y secundaria, el financiamiento de los países mejor posicionados es mayoritariamente público; los sistemas con mejor rendimiento y más equidad —Finlandia, Noruega, Suecia— mantienen participación privada mínima y sostienen inversión educativa con alrededor del 10% del gasto público y entre 4% y 6% del PIB. La ruta que funciona no es repartir cupones, es financiar bien la escuela pública: maestros estables y bien pagos, formación docente continua, orientadores y apoyos psicosociales, infraestructura digna, bibliotecas, laboratorios y conectividad. En Colombia ya probamos el atajo del negocio con “Ser Pilo Paga”: costoso, regresivo y sin resolver las brechas estructurales; ahora quieren repetirlo, pero a escala distrital.
Este acuerdo no es libertad, es fuga de recursos; no es calidad, es desfinanciación; no es eficiencia, es ilegalidad. Rompe el marco nacional, juega con la destinación del SGP, bordea los auxilios prohibidos y, sobre todo, castiga a nuestros maestros. Medellín no necesita cheques escolares; necesita aulas llenas, profes protegidos, inversión sostenida y control público fuerte. Por la niñez, por el barrio y por la dignidad docente: archivo inmediato del Proyecto de Acuerdo 060. La educación pública de Medellín no se vende, se defiende.
Creado Por
Alejandro Toro
