El 15 de mayo de 2020, Dana Montilla, una estudiante de décimo grado, se comunicó por Whatsapp con uno de sus profesores para pedirle que la ayudase a matricular en el colegio de San José de Guaviare. El profesor le dijo: “Claro que sí”. Le pidió unos datos básicos y le informó que los profesores empezarían a enviarle actividades por esa red social.
Dana puntualizó: “Profe, pero el problema es que yo no puedo regresar a clases cuando se acabe la cuarentena”. Después de exponerle las razones personales de por qué no podía volver, le dijo que “me queda muy difícil, pero yo quiero estudiar a distancia”. A lo que el profesor le respondió que tratase de terminar, así fuera a distancia. Dana insistió en pedir ayuda porque “me interesa terminar”, fueron sus palabras, según el relato que hizo Caracol de ese intercambio entre la alumna y su profesor.
El 20 de noviembre de 2020, las actividades docentes de Dana se interrumpen de manera abrupta, y el profesor activa una alerta de posible reclutamiento forzoso, práctica que es corriente desde hace años en las zonas de actividad guerrillera. Se informa a la alcaldía, a la secretaría de Gobierno, al personero municipal y al Bienestar Familiar, ICBF. La maquinaria burocrática, como de costumbre, se mueve con lentitud exasperante y puede tardar, a veces, hasta dos años en producir resultados. Cuando los produce.
Tres meses después de su desaparición, en el colegio de San José de Guaviare supieron que Dana, la alumna de educación a distancia de apenas dieciséis años, había muerto en Calamar, Guaviare, en un bombardeo del Ejército contra las disidencias de Gentil Duarte.
El miércoles 10 marzo, los padres de Dana recibieron en Villavicencio el cuerpo mutilado de su hija, de entre otros nueve cadáveres que Medicina Legal tenía para su identificación. Como resultado de la incursión aérea sobre esa disidencia guerrillera de las Farc, había como mínimo otro menor de edad muerto.
El ministro de Defensa, Diego Molano, con la clásica insensibilidad y cinismo que la rutina de la muerte ha dotado a los burócratas de este país, llamó “maquina de guerra” a Dana y a quien o quienes de su misma edad, es decir, niños, menores de edad, murieron durante esa operación militar.
¿Conocía el señor Molano las circunstancias de esta niña? No, seguramente. Y en caso afirmativo, dudo mucho que su juicio hubiera sido diferente. Su insistencia en llamar de tal manera a esos menores, quizá reclutados a la fuerza, a pesar de las críticas que recibió por parte de la prensa internacional y organismos de derechos humanos, permiten creer que eso serán para el ministro de Defensa los niños reclutados contra su voluntad. Y también a los que el abandono del Estado y una sociedad desigual, empujan a ingresar a grupos de combatientes al margen de la ley.
Nadie niega que la responsabilidad última del reclutamiento de menores la tienen los grupos armados; pero al Estado, además de hacer lo posible para impedir esta práctica, le corresponde comprobar que el ataque contra un campamento guerrillero no afecte a civiles o población vulnerable, como pueden ser adolescentes fuera de combate. Esto es por lo menos lo que dicta el derecho internacional humanitario, por más que le pese al señor Molano.
Sí, ya sé, que los grupos guerrilleros pueden aprovecharse de esa circunstancia para tener menores, además, como escudos humanos. Es la siniestra lógica del engranaje de la guerra, que no termina de sacudirse de encima este país. Pero el Estado nunca puede actuar al mismo nivel de la delincuencia.
Existe el antecedente de un ataque a un campamento guerrillero por parte del Ejército, a sabiendas de que allí había menores, en agosto de 2019. Y fue precisamente contra un grupo dependiente de Gentil Duarte. Se sabe, pues, que este disidente de las Farc recluta menores. Cosa que, como mínimo, podría inspirar prudencia al ministro de Defensa al referirse a este caso.
Aunque solo sea para que, por su condición de exdirector del ICBF, su hoja de vida no nos parezca un chiste siniestro.
