En nuestra Constitución del 1991, con la que nace la democracia participativa, se exponen los mecanismos de participación ciudadana y el poder constitucional que estos les otorga a los colombianos. Sin embargo, lastimosa y tristemente, los procedimientos para ponerlos en práctica son difusos y en su gran mayoría, la gente los desconoce, y quienes los conoce, no los entienden. Para preservar el orden constitucional de los riesgos que implica la crisis en la que se encuentra la democracia participativa, encontramos una esperanza de innovación y de transformación de la forma en cómo ejercemos, cómo exigimos nuestros derechos y cómo dignificamos nuestra condición de ciudadanos colombianos.
La Ley 1757 de 2015, que desarrolla los mecanismos de participación establece, por ejemplo, el control social que se puede realizar sobre la gestión pública. Para esto, las entidades deben diseñar procesos que faciliten, promuevan y fomenten las veedurías ciudadanas, así como la participación de grupos sociales y de ciudadanos en el control a la gestión pública.
El siglo XXI lo protagoniza el desarrollo de nuevas tecnologías. El ritmo de desarrollo es monumental. Ofrecen una infinidad de opciones que permite de manera precisa y certera, hacer control social, permitiendo con esto que los procesos sean ágiles y accesibles. Los desarrollos tecnológicos ofrecen también herramientas que garantizan la transparencia en el ejercicio democrático de la participación ciudadana.
Esta tecnología, que atiende las necesidades del desarrollo de la sociedad a través de la participación ciudadana, se denomina tecnología cívica. Consiste en concentrar todos los esfuerzos en el desarrollo de tecnologías que se enfoquen en buscar más y mejores formas de la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones públicas.
La tecnología tiene dos objetivos principales; por un lado, promover la apertura de los gobiernos a la sociedad, acercándolo y descentralizándolos a los barrios, a las comunas, a las localidades, y del otro, mejorar las relaciones sociales en la construcción de las comunidades y sus entornos, a partir de su realidad territorial y demográfica.
La estructuración de proyectos de tecnología cívica apunta a llevar bienestar y desarrollo a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. El uso de estas herramientas empodera a la ciudadanía, forma mejores ciudadanos y fortalece los procesos de transparencia, mejorando el funcionamiento de los gobiernos y su relación con los gobernados.
Ya hay casos de éxito en otros países.
La iniciativa Funes, en Perú, es un proyecto de tecnología cívica que consiste en que, a través de una herramienta tecnológica, se es capaz de analizar grandes volúmenes de información, detectando perfiles, situaciones y eventos de riesgo de corrupción en el sector público. Además, busca que los casos que sean detectados se difundan y compartan con organizaciones que impulsen iniciativas de movilización ciudadana.
Este es un ejemplo de que la tecnología brinda una oportunidad a los gobiernos de ser más transparentes mostrando a la sociedad civil que existen herramientas que construyen confianza entre el gobierno, el estado y la sociedad. A la sociedad civil la empodera y fomenta la organización y unión social que busca mejorar las condiciones de vida de las personas y las comunidades.
A pesar de esto, existen brechas importantes que debemos cerrar para avanzar con firmeza hacia la implementación democrática de la tecnología cívica. En Colombia, la conectividad y acceso a nuevas tecnologías está determinado por la desigualdad de ingresos y la inequidad social. Por ejemplo, mientras que el 99.8% de los hogares de estrato 6 tienen acceso a internet fijo, sólo lo tiene el 20.5% de los hogares de estrato 1 y el 39.3% de los hogares estrato 2.
No se trata solamente de construir y llevar conectividad a los territorios, sino que también de buscar la forma para que estas herramientas sean más accesibles y ajustadas a nuestras condiciones sociales y económicas. Mientras que un celular inteligente puede costar entre tres y cinco salarios mínimos en Colombia, en Canadá, cuesta medio salario mínimo.
Será una de mis prioridades, trabajar en equipo, para buscar, concertar y allanar los caminos que nos conduzcan a la implementación de la tecnología cívica en Colombia, reconociendo el valor que nos puede generar como sociedad, como colombianos. Estoy convencido que debemos emprender este camino con firmeza y decisión. No es una opción, es una necesidad que nos llevará a reconstruir el poder ciudadano para entregarle nuevamente el mando a la gente, la base de la democracia. ¡TÚ MANDAS!
