El trámite del proyecto de ley que contiene la reforma al Sistema de Salud sacó lo peor de la politiquería colombiana y viene generando una mayúscula confusión en la ciudadanía. Los gobiernistas no se ponen de acuerdo. La pelea entre el senador Roy Barreras, y el novelista de televisión, Gustavo Bolívar, lo corrobora.
El articulado de la reforma fue construido de manera oculta por la ministra Corcho. No son injustas las voces que reclamaron por la falta de una socialización oportuna, transparente y participativa en la construcción del articulado del proyecto de ley.
El acto del presidente Petro en la plaza de armas de la Casa de Nariño, lejos está de ser evidencia de una participativa construcción del texto radicado en el Congreso de la República. El gobierno habla insistentemente de participación y consensos, pero no pasa de ser un frío discurso.
Gustavo Bolívar salió en defensa de la ministra Corcho. Señala que el proyecto de ley fue el resultado de amplias discusiones y en su construcción participó todo el Sector de la Salud. Otra cosa dice el senador Barreras y la mayoría de voces autorizadas, cercanas y no al actual gobierno.
Bolívar secunda a la ministra Corcho en su frenética obsesión de eliminar a las EPS. Sobre el tema, el senador Barreras difiere y pone de presente sólidas razones que evidencian que ese propósito tiene más de sesgo ideológico que soporte técnico que lo respalde.
La animadversión del gobierno Petro con el sector privado que participa en la prestación de los servicios públicos -como el de salud-, es la razón de fondo de esta discordia y disonancia que supera lo coyuntural. Lo propio ya se vislumbra también en los discursos de otros que se dicen voceros del presidente en materia de servicios públicos domiciliarios: agua, alcantarillado, aseo, energía y gas.
La “novedosa” alternativa de quienes quieren imponer un cambio en la prestación de servicios públicos, pasa por empoderar nuevamente a la politiquería. Ese camino escabroso y nefasto Colombia ya lo recorrió y la llevó al peor de los destinos de la ineficiencia y corrupción en la atención de esos servicios, incluida la salud de los colombianos
Aun cuando el proyecto ya se empezó a discutir en la Comisión Séptima de la Cámara, están por verse los efectos que tendrá en su trámite o, llegado el caso de ser aprobada, luego en la Corte Constitucional, las oportunas advertencias de los senadores Humberto De La Calle y Paloma Valencia.
Ambos llaman la atención en el sentido de que éste debe tramitarse como una ley estatutaria y no como una ley ordinaria, por tratarse de la regulación de un derecho fundamental: la salud. El jurista y profesor universitario Ramiro Bejarano, también advierte lo propio.
Las diferencias son importantes. Una ley estatutaria requiere mayorías cualificadas, su discusión no cabe en sesiones extraordinarias sino en las ordinarias, estás deben comenzar en la Comisión Primera y no en la Séptima, no permite el otorgamiento de facultades pro-tempore al Presidente para que legisle y antes de entrar en vigor requiere del pronunciamiento de la Corte Constitucional.
El presidente del Congreso, tiene la responsabilidad histórica de fomentar un debate abierto y transparente sobre la reforma que busque mejorar el Sistema y no destruirlo. Pretender, en buena hora, fomentar la medicina preventiva por encima de la correctiva no implica la necesidad de desbarajustarlo.
Paradójicamente, las mayores falencias por la falta de atención oportuna que hoy se denuncian ocurren en las zonas distantes a las grandes y medianas ciudades, donde operan con mayor énfasis la red pública de salud.
