A tres años del inicio del Gobierno Petro y a solo uno de su finalización, el balance es una radiografía de luces y sombras que revela tanto los límites como los alcances de la administración. El proyecto político que en 2022 prometía un “cambio” profundo llega a este punto con una aprobación de apenas el 29% y una desaprobación del 64%, un indicador que condiciona la recta final del mandato y anticipa un 2026 de alta competencia electoral. La narrativa de transformación sigue presente en el discurso oficial, pero los datos económicos, sociales y de seguridad muestran un panorama más complejo y fragmentado que el que se proyectaba en campaña.
En el terreno económico, el país vivió un ajuste significativo tras el rebote pospandemia. El crecimiento se ha mantenido en torno al 2,5% en su mejor registro reciente, un ritmo insuficiente para sostener la ambiciosa agenda social y reducir la presión fiscal. La deuda pública escaló al 61,3% del PIB, obligando a un manejo más prudente del gasto, mientras que la inflación, que había alcanzado el 13,3% en 2023, se redujo a cerca del 5%. Si bien esta última cifra refleja un alivio para los hogares, las altas tasas de interés han frenado la inversión y el consumo, y el gobierno enfrenta el reto de activar la economía sin deteriorar la credibilidad fiscal.
El principal logro social está en la reducción de la pobreza monetaria: 2,1 millones de personas dejaron esta condición entre 2022 y 2024, y la pobreza extrema se redujo en un millón de personas. Este avance, sustentado en transferencias focalizadas y en el reajuste del salario mínimo, demuestra la capacidad de la política social para mitigar desigualdades en un contexto de desaceleración. Sin embargo, persiste el dilema de la sostenibilidad, pues sin un crecimiento robusto y sin un sistema de recaudo eficiente, estos avances corren el riesgo de revertirse.
En materia de seguridad, los números golpean la imagen del Ejecutivo. Aunque los homicidios se han mantenido relativamente estables, los secuestros aumentaron y alcanzaron cifras no vistas en dos décadas. La percepción ciudadana es contundente: 72% cree que la estrategia de seguridad va por mal camino y 89% considera que la inseguridad empeora. El concepto de “paz total” no logró convertirse en política de resultados y, en cambio, ha sido percibido como una apuesta sin jerarquización ni cronograma claro.
El frente del narcotráfico es uno de los más críticos. Los cultivos de coca llegaron a 253.000 hectáreas en 2023, un récord histórico que supera ampliamente la capacidad de respuesta institucional. Aunque hubo mejoras en interdicción, la ausencia de un plan integral de sustitución productiva y control territorial sigue dejando a muchas regiones a merced de las economías ilícitas. Sin una intervención decidida en infraestructura, justicia y oportunidades, el problema persistirá como una amenaza estructural para la seguridad y la estabilidad.
El componente ambiental ha mostrado avances y retrocesos. En 2023, la deforestación se redujo a 79.256 hectáreas, la cifra más baja en décadas, gracias a programas como “Conservar Paga” y a mayores esfuerzos de control. Sin embargo, en 2024 repuntó un 43% hasta las 113.000 hectáreas, lo que evidencia que las soluciones requieren continuidad y blindaje institucional para evitar que los logros sean temporales. La lucha contra la deforestación no puede depender solo de voluntad política coyuntural.
En el sector salud, la gestión ha sido uno de los puntos de mayor controversia. La intervención masiva de EPS, las deudas acumuladas por billones de pesos y el incremento de tutelas para acceder a servicios han deteriorado la confianza en el sistema. La falta de un cronograma de transición claro para las reformas ha generado incertidumbre entre prestadores y usuarios, y los gremios advierten que el modelo actual corre riesgo de fragmentación y colapso si no se introducen correcciones inmediatas.
No todo ha sido negativo. En política agraria, el gobierno logró entregar más de 634.000 hectáreas y formalizar 1,7 millones, cifras que superan ampliamente las de periodos anteriores. Este avance, que materializa un compromiso del Acuerdo de Paz, tiene potencial de transformación, pero requiere acompañamiento técnico, crédito, infraestructura y mercados para traducirse en mejoras sostenibles de ingreso y calidad de vida en el campo.
En lo político-institucional, la confrontación con las altas cortes, la Fiscalía y otros órganos de control ha desgastado el capital del Ejecutivo y ha fragmentado su coalición en el Congreso. El discurso de “golpe blando” y los episodios de presión simbólica sobre las instituciones han deteriorado la confianza y dificultado la construcción de consensos. Con un año por delante, recomponer las relaciones institucionales es clave para lograr gobernabilidad mínima.
En política exterior, el acercamiento a China, con la adhesión a la Franja y la Ruta, ha coincidido con un enfriamiento de la relación con Estados Unidos. Aunque la diversificación de alianzas tiene sentido estratégico, requiere manejar con cuidado los equilibrios geopolíticos y garantizar la seguridad jurídica que demandan todos los inversionistas, independientemente de su origen. El reto de 2026 será capitalizar estas aperturas sin sacrificar socios tradicionales.
La gestión comercial y de atracción de inversión ha tenido un discurso ambicioso, con énfasis en turismo, nearshoring y encadenamientos productivos. Sin embargo, la inestabilidad regulatoria y la desaceleración económica han limitado su impacto. Colombia necesita una política industrial menos declarativa y más enfocada en proyectos concretos con métricas claras y plazos definidos, evitando la dispersión de esfuerzos.
De cara al último año, el gobierno enfrenta un escenario electoral donde la seguridad, el costo de vida y la calidad de los servicios públicos serán determinantes. Para competir con opciones de oposición que prometen “corrección de rumbo”, el oficialismo necesita mostrar resultados inmediatos y verificables en estos frentes. Las microvictorias – reducción del secuestro, giros oportunos en salud, avances en infraestructura – pueden ser más valiosas que las grandes promesas.
En lo fiscal, la credibilidad pasa por presentar un plan claro de sostenibilidad de la deuda y por priorizar inversiones de alto impacto. Prolongar las cláusulas de escape sin un retorno definido a la regla fiscal aumentará las primas de riesgo y limitará el acceso a financiamiento. El manejo responsable de las finanzas públicas será determinante para el legado que el gobierno deje en 2026.
Finalmente, el balance de estos tres años deja una mezcla de avances sociales relevantes y deudas críticas en seguridad, institucionalidad y estabilidad económica. El cierre de este ciclo definirá si el proyecto de cambio se recuerda como una transformación sostenible o como una oportunidad desperdiciada. En cualquier caso, el 2026 no será solo un examen para Petro, sino una decisión colectiva sobre la dirección que el país quiere tomar en medio de un contexto de incertidumbre y fragmentación política.
