La regularización del estatus migratorio de casi un millón ochocientos mil venezolanos que han encontrado refugio en Colombia huyendo de la violencia y la escasez causadas por veintidós años de chavismo, al igual que otros tres millones setecientos mil de sus compatriotas que están en otros países, es una decisión solidaria y valiente que confirma que nuestra política migratoria es humanitaria, que nuestra política exterior es ética.
Efectivamente, la determinación del presidente Iván Duque ha sido aplaudida por los venezolanos en la diáspora, por la oposición civil a la tiranía de Nicolás Maduro, liderada por Juan Guaidó y Leopoldo López; por los Estados Unidos y gobiernos de la región; y alrededor del mundo por la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Alto Comisionado para los Refugiados y Representante; por la Organización de Estados Americanos, por organizaciones defensoras de derechos humanos, el Papa Francisco, en suma, por todo el mundo libre y democrático.
En realidad, de los 1.8 millones de hermanos venezolanos que actualmente habitan en Colombia, faltaba por regularizar un millón. Esta medida, cuya implementación tardará aproximadamente dos años –el periodo otorgado para registrarse–, es muy importante porque les permitirá a los migrantes venezolanos residir legalmente en el país, acceder a servicios bancarios, beneficiarse del sistema de salud (incluso ser vacunados contra la COVID-19), vincularse formalmente al mercado laboral, no caer en las trampas de la criminalidad y la corrupción asociadas a la migración irregular, impedir que su condición migrante sea explotada. No menos importante es que Colombia, como cualquier país del mundo, no pierde la potestad de decidir quién entra y quién debe salir del territorio nacional: el país abre su corazón generoso, pero conserva el poder de expulsar a quienes delincan. Y la protección temporal, al obligar a los migrantes a registrarse e identificarse ante el Estado, servirá a las autoridades públicas para consolidar un registro único de migrantes, ejercer mayor control del territorio y diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
La decisión, que se inspira en una consideración práctica y moral, porque regularizará una población que ya está en Colombia y al mismo tiempo fortalecerá la protección de los derechos humanos de todos los habitantes de Colombia, no altera el censo electoral para las próximas elecciones nacionales. Quienes así lo sostuvieron estaban desinformados y fueron negligentes desinformando, o desinformaron deliberadamente con fines políticos. La verdad es que los extranjeros en Colombia solo pueden votar en elecciones y consultas locales a partir de los 18 años cumplidos y cuando i) tienen una visa de residencia, ii) han acreditado cinco años continuos e ininterrumpidos de residencia en el país, iii) portan una cédula de extranjería de residente, iv) han sido inscritos en el censo electoral y v) no tienen inhabilidades. Y no pueden participar en elecciones nacionales a menos que también sean ciudadanos colombianos, es decir, tengan doble o múltiple nacionalidad.
Sin embargo, la acción de Colombia es insuficiente para atender a los cinco millones y medio de venezolanos que han escapado de la represión y la miseria traídas por el Socialismo del Siglo XXI que rige los designios del país hermano desde el Palacio de Miraflores, despertando el resentimiento y el odio de clases. Como ha sucedido en la Unión Europea para abordar las olas migratorias desatadas por enfrentamientos militares en Afganistán, Irak, Siria y otras partes de Asia, y por las hambrunas y la crisis económica en África, es indispensable que en América se lleve a cabo un diálogo multilateral sincero, realista y humanitario que permita resolver, conjuntamente, el desafío creado por una población errante que ya tiene el tamaño o es equivalente a la de países como Eslovaquia, Finlandia y Noruega, y que es víctima de su propio gobierno.
Colombia, como lo hizo Alemania en 2015, cuando Angela Merkel afirmó “Wir schaffen das!” (¡lo lograremos!), en alusión a la decisión de su gobierno de resolver el estatus de alrededor de un millón de migrantes asiáticos y africanos (mayoritariamente afganos, iraquíes y sirios), ha dado el paso más audaz en la región y se ha convertido en ejemplo para el mundo. Esta acción y el hecho de ser el país más vulnerable a la crisis humanitaria en Venezuela convierten a Colombia en el país que debe liderar esa conversación hemisférica. Colombia, en efecto, es el mayor receptor de migrantes venezolanos, comparte una frontera terrestre de 2.219 kilómetros con Venezuela y la tiranía de Maduro da refugio y ofrece una retaguardia estratégica a narcoterroristas que durante décadas han atacado a los colombianos.
Esta coyuntura, que debe traducirse en bienestar y seguridad para colombianos y venezolanos, debe igualmente servir como una lección de la historia para el debate de tesis políticas. Porque la solidaridad para los venezolanos migrantes no vino de un “aliado” de Nicolás Maduro o un gobierno que comparta el ideario castrochavista, como los países reunidos en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. ¡No! Ese afecto y gran gesto humanitario vino de una nación que ha abrazado, desde la creación de la república y con firmeza durante más de dos siglos, la democracia, la economía de mercado y los derechos humanos: Colombia. Al fin de cuentas, proteger las vidas y la integridad de casi dos millones de extranjeros es también proteger un continente democrático y en paz.
Encima. El 12 de febrero se celebró el Día Internacional de las Manos Rojas, una ocasión para recordar que en Colombia y durante décadas miles de niños han sido asesinados, secuestrados, explotados sexualmente y reclutados y usados en hostilidades; que las escuelas y hospitales y su personal han sido atacados; que se ha impedido la entrega de asistencia humanitaria a las víctimas. Decir que la vida, las libertades y los demás derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás no puede ser una frase vacía. Esos crímenes, que conmueven la conciencia de la humanidad y son injustificables, deben evitarse; sus responsables deben ser juzgados y castigados, no premiados con participación política espuria; y, sus víctimas, que merecen nuestra solidaridad y cariño, deben ser reparadas.
