Paloma Valencia

Abogada y política colombiana. Senadora de la República de Colombia por el Partido Centro Democrático desde 2014.

Paloma Valencia

Una reforma tributaria contra los pequeños negocios

La nueva reforma tributaria de Petro pretende quitarle 12 billones de pesos a los colombianos. La primera tributaria nos costó 17 billones.

Los llamados impuestos saludables han sido 15% sobre cerca del 70% de los productos que venden las tiendas de barrio, en enero el impuesto subirá al 20%. La nueva reforma, en la misma línea, aumenta los impuestos a los pequeños negocios.

 El Régimen Simple de Tributación fue creado en 2018 para aumentar la formalidad con un impuesto simple, esto es unificado, pequeño y fácil de pagar.  Se paga bimensual con tarifas sobre los ingresos entre el 1,8% y el 14,5% según el tipo de negocio: peluquería, panadería, zapatería, ferretería, miscelánea, sastrería, lavandería. Una sola factura se paga renta, ICA, Consumo, Ganancia Ocasional, Industria y Comercio, Avisos y Tableros, y sobretasa bomberil. Además da exenciones de retenciones en la fuente por renta e ICA,  descuenta el 4 por mil y los aportes de pensiones de los trabajadores, y exonera de pago de parafiscales de ICBF, SENA y Salud. Con la reforma el régimen simple desaparece y además de pagar todos estos impuestos, las tarifas de renta pasarían al 20% y 27%.  

 Evidentemente retrocederemos hacia la informalidad. Según la Misión de Empleo, Colombia cuenta con 7,1 millones de empresas de las cuales 5,8 millones (el 81,7%) está en la informalidad. ¿Cómo el gobierno busca formalizar la economía popular con más impuestos y tramitología para los pequeños emprendedores?

 El régimen simple logró un aumento de inscritos anuales del 32%, alcanzando 155 mil a junio del 2024. De esos 69 mil no contaban ni siquiera con RUT al momento de la inscripción. Es decir, el régimen simple formalizó a un 45% de los micronegocios. Además, el Estado se ha beneficiado de esta formalización. En lo corrido del 2024 se logró un recaudo de 1,8 billones. Son 5,5 billones de pesos desde el 2019. Más de 650 mil millones se ha transferido a los municipios por concepto de ICA.

 Esta reforma tributaria también aumenta el impuesto del carbono que se reflejará en el aumento de los combustibles. Estimaciones preliminares establecen que el impuesto sobre el ACPM pasará de $211 a $753 por galón, el de la gasolina de $186 a $659 , el jetfuel para aviones de $254 a $658 y el gas natural de $39 a $168.

 El gobierno que decía ser defensor de la transición energética, también le quita recursos al sector ambiental y desestimula la inversión. Hoy los ingresos por impuesto al carbono tienen destinación específica. El 80% del recaudo se dirige a programas que beneficien el medio ambiente (por proposición mía) y el 20% al programa nacional de sustitución cultivos ilícitos. Ahora el gobierno quiere que el 66% de los recursos se dirijan al presupuesto nacional, y solo 34% para medio ambiente y sustitución. Esto se suma que le aumentan el IVA del 5% al 19% a los vehículos híbridos.

 El gobierno también le abre dos huecos a la regla fiscal. Primero, elimina un límite para 2025 del balance neto estructural permitiéndole al gobierno gastar 5 billones de pesos más el próximo año. Segundo, establece que proyectos que el gobierno entienda como “transición energética” no se tendrán en cuenta para el cálculo de la regla. Estos cambios desestimularán la inversión pues generan aún más incertidumbre sobre nuestra economía. Seguramente, aumentará la tasa de cambio y nos cobrarán con tasas de interés más altas la deuda externa.

 La reforma además aumenta el impuesto a ganancias ocasionales del 15% al 20%, limita los beneficios de más de un dependiente en la declaración de renta, aumenta la base del impuesto al patrimonio, aumenta la sobretasa de renta para el sector carbonífero, y les pone IVA a los juegos de azar por internet.

 Esta reforma es inconveniente. El gobierno ha desbaratado los negocios de Ecopetrol lesionando con los caprichos del Presidente varios sectores y todas esas decisiones costarán que haya menos recursos. Se deben hacer responsables y no pedirles a los colombianos que paguen más. Deben en cambio, hacer una profunda reforma que recorte el aumentadísimo gasto burocrático.

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