En este país bajarles el sueldo a los congresistas es casi un acto de rebeldía. Desde 2016 se han presentado más de veinte proyectos de ley para reducir nuestros salarios y desde 2016 hemos visto el mismo patrón. El Congreso se escurre. El proyecto se hunde, se dilata, se disfraza de legalismos. ¿La razón? Porque los que tienen que votar son los mismos que no quieren renunciar a sus privilegios, porque los partidos tradicionales, los que siempre se llenan la boca hablando de sacrificios, se niegan a hacer el más mínimo por el interés general del país.
El pasado 28 de mayo de 2025 presenciamos otro capítulo vergonzoso de este circo legislativo. El proyecto para reducir el salario de los congresistas fue enviado inicialmente al puesto 160 del orden del día en el Senado, una maniobra para evitar su discusión y cuando finalmente se logró que fuera priorizado, se activó la estrategia del saboteo, pues varios senadores abandonaron el recinto y otros se declararon impedidos, pese a que la Ley 5 de 1992 es clara al señalar que no existe conflicto de interés cuando se trata de reducir beneficios. No siendo esto más que, una conducta de evasión, silencio y cobardía política para esconderle la cara al país y mostrar su doble moral, si apoyan mantener su salario, pero no brindar garantías, derechos fundamentales a los trabajadores del país.
Hoy, cada congresista gana 52 millones de pesos mensuales. Una cifra insultante frente a la realidad que vive el resto del país. ¿Cómo le explicamos a una madre cabeza de hogar que gana el salario mínimo que nosotros recibimos en un mes lo que ella no ganará en cinco años? ¿Cómo les explicamos a los trabajadores informales sin seguridad social, a los niños que se acuestan sin comer, que bajarnos el salario sería populismo?
Porque sí, nos acusan de populistas, que este es un show político del Gobierno del cambio, que es una jugada mediática, que no soluciona nada. Pero, ¿quiénes lo dicen?, los mismos que votan contra la dignidad laboral, los que niegan el pago de recargos nocturnos, dominicales y festivos, los que llevan décadas aplazando los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes del SENA que siguen siendo mano de obra barata sin contrato digno. Eso sí es populismo, prometer igualdad mientras legislan para ellos mismos.
Lo que está en juego aquí no es solo un número, es una postura ética, es una señal de coherencia con el país que decimos representar. Mientras más de 21 millones de colombianos viven en la pobreza, mientras tres de cada diez niños sufren desnutrición crónica, mientras millones de familias no tienen acceso a agua potable o atención médica básica, en el Congreso se actúa con generosidad extrema hacia sí mismo y con mezquindad total hacia la gente.
¿En qué momento se volvió normal que un congresista gane 40, 60, hasta 100 veces más que un colombiano promedio? ¿Por qué tanta resistencia a bajarnos el salario? ¿No debería ser lo mínimo en un país que enfrenta tantas necesidades urgentes? Aquí no estamos hablando solo de austeridad fiscal, estamos hablando de vergüenza moral, porque mientras en el Congreso seguimos devengando millones, en La Guajira los niños siguen muriendo de hambre, en Chocó hay familias enteras sin electricidad, sin agua potable, sin una red de apoyo que les garantice lo mínimo.
No nos vamos a quedar callados, vamos a insistir todas las veces que sea necesario, porque no vinimos al Congreso para hacer parte de un club de privilegios, vinimos a decir lo que muchos piensan y pocos se atreven a gritar. El salario de los congresistas es una ofensa a la dignidad nacional, es una cachetada a la realidad del país.