La seguridad ciudadana es un derecho fundamental colectivo e individual, que está consagrado en las diferentes constituciones de los países, para garantizar la protección de la vida, la paz y la seguridad de los ciudadanos, en sus jurisdicciones territoriales.
En Colombia, la Constitución Política en su Artículo 13 establece “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. Sin embargo, el estricto cumplimiento de este derecho puede cuestionarse, cuando el Estado y sus instituciones incumplen ese mandato y son incapaces de garantizar esa seguridad a todos los ciudadanos en su territorio e imponer el orden y la autoridad.
Los colombianos nos hemos enfrentado a diferentes fenómenos generadores de violencia, asociados al conflicto armado, surgidos en los años 60 y 70, una criminalidad desbordada, generada por diferentes actores delincuenciales, producto del negocio del narcotráfico y la aparición de organizaciones de autodefensas y paramilitares que surgieron en los años 80, 90 y 2000 que degradaron el conflicto armado en Colombia, escalando la criminalidad a las zonas urbanas, infundiendo una cultura de violencia, de sicariato, dinero fácil, y enriquecimiento ilícito.
Estos fenómenos de violencia, se han expandido a todo el territorio nacional, auspiciados por sectores económicos, que se han beneficiado de la circulación de dinero ilegal, que alimenta la intensidad del conflicto y se convierte en el combustible de toda la problemática a lo largo y ancho de la nación.
Diversos estudios sociológicos se han realizado sobre los orígenes de la violencia en Colombia con el fin de determinar y caracterizar las causas generadoras de estos fenómenos de violencia en distintas regiones del país; temas como la falta de tierras para nuestros campesinos, la violencia política bipartidista, la pobreza rural, desigualdades sociales, la desaparición forzada, el secuestro, el desplazamiento, masacres, asesinatos selectivos, intimidación a las comunidades y violación constante de los derechos humanos, han socavado a nuestro país, todo ello, producto esencialmente de la ausencia de Estado y la ilegitimidad de algunas instituciones en muchas regiones apartadas del país y ambientes político y social violentos, que han cobrado centenares de vidas; lo que ha desencadenado en episodios de aplicación de justicia por las propias manos y venganzas de organizaciones criminales por el dominio del negocio del narcotráfico.
El acuerdo de Paz firmado por el estado colombiano y la guerrilla de las Farc en el gobierno de Juan Manuel Santos, generó en 2017 y 2018 reducciones en los índices de criminalidad como homicidios, masacres, secuestros y extorsiones, en los departamentos en donde existía gran influencia de esta organización y se disminuyeron delitos en las circunscripciones especiales para la paz. Sin embargo, en estos dos últimos años, los homicidios, las masacres, asesinatos selectivos, reclutamiento de menores y desplazamiento, se han incrementado como consecuencia de la lucha territorial de organizaciones delincuenciales, los llamados disidentes de las Farc, el ELN y “Bacrim”, que se disputan las rutas y negocios del narcotráfico en el Cauca, Meta, Choco, Nariño, Putumayo y Norte de Santander,
En lo que va corrido del 2020, ha habido más de 33 masacres según la Organización de Naciones Unidas; cerca de 15 crímenes se cometen al mes. Esto hace necesario repensar la estrategia de sustitución de cultivos y por supuesto, se requiere una mayor contundencia en las acciones de la fuerza pública, para contrarrestar estas acciones criminales.
Los asesinatos de líderes sociales, ambientalistas y defensores de derechos humanos son una vergüenza para nuestro país y la comunidad internacional. Desde la firma del acuerdo de paz han asesinado a más de 450 personas que se dedicaban actividades sociales y comunitarias en sus territorios.
Estos asesinatos selectivos son la muestra de una sociedad enferma, indolente, donde se ha perdido el valor de la vida, donde impera la ley del más fuerte para realizar acciones contra la población civil, ocasionando intimidación y desplazamiento forzado en las regiones que históricamente han estado diezmadas por la violencia.
Algunos indicadores de criminalidad, muestran un incremento en las principales ciudades del país. En Bogotá, durante el primer semestre del año, se incrementaron los homicidios, las cifras gubernamentales muestran el acumulado en este lapso de tiempo: 494 homicidios, es decir un 2 % más, frente al mismo periodo del 2019, especialmente en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Rafael Uribe, Bosa, Suba, Mártires y San Cristóbal.
La cuarentena y el aislamiento como consecuencia del coronavirus ha incrementado la inseguridad, por la soledad de muchas vías y barrios, lo que ha aumentado los hurtos, atracos callejeros, los asaltos a residencias y conjuntos residenciales, que han generando mucha intranquilidad a los ciudadanos en medio de esta crisis de pandemia; lo que hace urgente, una revisión de la estrategia de seguridad ciudadana en la capital; es necesario una eficiente coordinación con los diferentes estamentos responsables de la seguridad ciudadana, entre Distrito, Fiscalía, Policía Metropolitana y organismos de inteligencia, para trazar una estrategia eficaz de prevención del delito y fortalecer la investigación criminal, para dar respuesta oportuna frente a los actos delincuenciales.
Otra tarea pendiente es asignarle a Bogotá, el número de policías que le corresponde según los estándares internacionales, es decir, 300 agentes por cada 100.000 habitantes, hoy tan solo hay alrededor de 184 policías por cada 100.000 habitantes, según lo manifestado por Secretario de Seguridad de Bogotá Hugo Acero (El Espectador 28 de julio de 2020) es decir, la ciudad debería tener alrededor de 23.000 policías, un 40 % más de lo que actualmente tiene asignado. Lo anterior, ocasiona que no se atienda con prontitud y eficiencia los diferentes eventos de criminalidad que a diario se presentan en las diferentes localidades de la ciudad, generando una percepción permanente de inseguridad en los ciudadanos.
Bogotá, cuenta con los presupuestos para atender y dotar a 5000 policías adicionales en los próximos años, aquí se requiere la gestión y determinación de la Alcaldesa Claudia López y el Gobierno Nacional, para garantizar la seguridad y el orden de los ciudadanos capitalinos.
Frente al hecho ocurrido en el occidente de Bogotá -en el cual perdió la vida el ciudadano Javier Ordoñez- debido al exceso de fuerza en el procedimiento policial de los agentes asignados al CAI de Villa Luz, no podemos decir nada diferente a que es repudiable e inaceptable desde todo punto de vista y es urgente que los organismos de investigación judicial, determinen la responsabilidad y sanciones a los agentes involucrados. Pero también es inaceptable que las protestas se conviertan en actos de violencia y vandalismo, como ocurrió en varias ciudades del país, 10 personas fallecidas, 175 heridos, graves daños materiales al patrimonio público y privado. Muchas de estas marchas infiltradas por milicias urbanas que quieren generar caos y pánico en la población.
Las funciones de la Policía Nacional están consagradas en nuestra Carta Magna y tienen como fin primordial el mantenimiento de las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz (Artículo 218 CP) ese deber constitucional lo ha venido cumpliendo con honor, a nuestras fuerzas de seguridad, le debemos respeto, admiración y no puede ser que por actos aislados, se condene a todos los miembros de una institución.¡ Respeto para nuestra Policía Nacional!.
Señora Alcaldesa de Bogotá, usted es la primera autoridad y comandante de la policía en la Capital de la República, no puede evadir sus responsabilidades legales y mucho menos deslegitimar la acción legal de nuestra fuerza pública y poner en riesgo su integridad. Por los desmanes, daños y muertes de colombianos, por su falta de liderazgo, por no ejercer el orden y la autoridad que le competen¡ Es usted quien debe pedir perdón a los bogotanos.
