En diciembre de 2016 se hizo pública la investigación que adelantaba el Departamento de Estado de Estados Unidos al consorcio brasileño Odebrecht, por pagos de coimas y sobornos a funcionarios o personas cercanas a varios gobiernos de 12 países en el continente para tener beneficios en concesiones de proyectos públicos durante los últimos veinte años.
Una de las naciones implicadas es Panamá, que habría contratado con Odebrecht en varios gobiernos donde, además de violar las leyes de contratación pública, se aumentó el costo de las obras. Se estima además que se pagaron sobornos por más de 59 millones de dólares entre 2010 y 2014.
El escándalo Odebrecht
Una vez conocido el escándalo, el gobierno de Juan Carlos Varela adoptó medidas para evitar adjudicaciones a Odebrecht Panamá y ordenó la revisión de contratos de licitación pública, según el comunicado emitido por el Ministerio de Obras Públicas. Además, presentaron una denuncia por delitos contra el orden económico y la administración estatal, exigiendo la devolución de los fondos.
En enero de 2017, el mismo ministerio formuló cargos por lavado de activos contra 17 personas, entre ellas empresarios y ex funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli, hoy preso en Panamá por seguimiento ilegal de comunicaciones a miembros de la oposición.
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En principio detuvieron a los abogados Ramón Fonseca Mora y Jurgen Mossack, cuyo bufete estuvo supuestamente involucrado en el escándalo de los papeles de Panamá. Posteriormente, Fonseca expresó que el presidente Juan Carlos Varela recibió donaciones por parte de Odebrecht en su campaña presidencial en 2014.
Por otro lado, la Procuraduría General de Panamá pidió a la Interpol expedir la notificación roja contra Ricardo y José Enrique, hijos del ex presidente Ricardo Martinelli, quienes figuran entre las 17 personas requeridas por el caso de los sobornos de Odebrecht.
Mientras la investigación seguía su curso con la colaboración internacional de 11 contralorías del continente, Odebrecht aceptó cooperar con la justicia panameña y pagar la multa de 220 millones de dólares por usar el sistema bancario y económico para blanquear capitales.
Para mediados de 2017 la Fiscalía Especial Anticorrupción (FEA) ya tenía 36 procesados y 24 las investigaciones abiertas contra funcionarios y representantes legales de empresas subsidiarias y contratistas del gobierno panameño en los periodos de 2004-2009, 2010-2014 y el actual.
Los implicados
A través de la declaración hecha por tres colaboradores brasileños implicados en los sobornos, se conoció que Odebrecht habría pagado más de 86 millones de dólares en coimas y sobornos en Panamá.
La misma declaración hizo pública la donación de 10 millones de dólares a través de terceros a la campaña presidencial de José Domingo Arias, del Partido Revolucionario Democrático, en 2014. Además, Frank De Lima, un ex ministro de Economía y Finanzas, también habría recibido coimas superiores a 7 millones de dólares.
Otro de los salpicados por las declaraciones fue Jaime Ford, ex ministro de Obras Públicas, que había recibido 1.8 millones de dólares. Además de Ford, se vio implicado Jorge Alberto Rosas, actual diputado de Panamá por el partido panameñista, al que se le habría beneficiado con pagos a una firma por 3.4 millones de dólares.
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De Lima, Ford, Arias y los hermanos Martinelli se sumaron en aquel momento a la lista detallada de implicados conocida públicamente que completaron Jaime Lasso, ex embajador de Panamá en Corea; Jimmy Papadimitriu, ex ministro de la presidencia y Riccardo Francolini, ex presidente de la Caja de Ahorros de Panamá.
La investigación ya ha condenados mediante acuerdos a tres personas en el caso Odebrecht, los empresarios José Luis Saiz, Olmedo Méndez y Jorge Espino. Por su parte, Carlos Ho González, ex director de proyectos especiales del Ministerio de Obras Públicas, figura entre los detenidos perteneciente a los gobiernos panameños entre 2004 y 2014.
En abril de 2018, el Segundo Tribunal Superior de Panamá otorgó un año más de plazo al Ministerio Público (MP), tras una primera negativa anunciada en noviembre de 2017, para continuar las investigaciones alrededor del caso por corrupción y blanqueo de capitales que ya suma 62 personas presuntamente implicadas, según la fiscalía.
Mientras la investigación sigue su curso, en la web de Odebrecht aún se encuentran registradas las obras que tenía en ejecución, hasta el inicio de la investigación, y su costo: la línea 2 del metro de Panamá (1.857 millones de dólares), la Hidroeléctrica Chan II (1.000 millones de dólares), la renovación urbana de la ciudad Colón (537 millones de dólares), la ampliación del aeropuerto internacional de Tocumen (800 millones de dólares), etc.
