Este sábado la Fiscalía General de la Nación anunció nuevas condenas contra miembros del Clan del Golfo, responsables de agresiones a defensores de derechos humanos (DDHH) y personas en proceso de reincorporación de las Farc.
En dos pronunciamientos diferentes, jueces especializados de Quibdó -Chocó- condenaron a 24 años y 7 meses de prisión a Jhon Jairo Rentería, alias Chimu, por los delitos de e homicidio agravado, tentativa de homicidio, terrorismo, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir agravado, receptación agravada y amenazas. Este hombre se desempeña como cabecilla armado de la estructura Carlos Vásquez del Clan del Golfo
Mientras que Eder Manuel Martínez de la Cruz, alias Patotas, y quien pertenecía a esta misma organización criminal, purgará una pena de 14 años por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas, concierto para delinquir agravado y amenazas.
El material probatorio recaudado por la Unidad Especial de Investigación (UEI) puso en evidencia la participación de los procesados en los homicidios de Adrián Pérez Vargas, reincorporado de las Farc, y Duberney Gómez Echavarría, hijo de un reclamante de tierras en Mutatá (Antioquia).
Además, Chimu y Patotas fueron procesados por los ataques a las estaciones de policía de Mutatá y del corregimiento de Belén de Bajirá en acciones ocurridas el pasado 14 de enero.
Condena por asesinato de concejal antioqueño en 2016
Álvaro Antonio Salas David (alias Alejandro), cabecilla de otra de las estructuras del Clan del Golfo en el departamento, fue condenado a 16 años y 9 meses de prisión por el delito de homicidio agravado en concurso con concierto para delinquir agravado, tras demostrarse su responsabilidad en el asesinato del concejal Yolay Robinson Chica Jar, del municipio de Liborina.
Por este caso, la Fiscalía adelanta acciones en contra de otros dos miembros de este mismo grupo armado.
Sentenciado por fingir su secuestro
Como resultados de las pesquisas para esclarecer las amenazas en contra de un integrante del movimiento Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, se pudo conocer que la víctima era intimidada por su propio padre, quien fingió haber sido secuestrado y le envió amenazas de muerte para presionarlo a abandonar la colectividad.
Este hombre, identificado como Sergio Hernando Segura, fue condenado a 2 años de prisión por delito de falso testimonio.
