Condenan a Álvaro Dávila a 19 años de cárcel

Mar, 10/09/2019 - 02:47
El Tribunal Superior de Bogotá ratificó en segunda instancia la condena de 19 años de cárcel para el abogado Álvaro Dávila por su responsabilidad directa en el 'carrusel de la contratación'.
El Tribunal Superior de Bogotá ratificó en segunda instancia la condena de 19 años de cárcel para el abogado Álvaro Dávila por su responsabilidad directa en el 'carrusel de la contratación'.

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La Sala determinó que existían muchas pruebas documentales y testimoniales para inferir su participación en la manipulación del pliego de condiciones para beneficiar a un grupo de empresarios con contratos de obras públicas en la administración de Samuel Moreno Rojas. En audiencias anteriores, una juez manifestó que “Emilio Tapia Aldana, Héctor Julio Gómez, Mauricio Galofre Amín, Diana Paola Patiño acreditan en sus testimonios sobre cómo se obtenía de manera irregular la información, además manipulaban y la usaban de manera ventajosa para la adjudicación de los contratos”. [single-related post_id="1175619"] En una reunión en 2008 en Miami (Florida), Dávila fijó con el entonces senador Iván Moreno y Miguel Nule un plan para entregar estos contratos de construcción y de mantenimiento vial exigiendo como comisión el 10 por ciento del valor total de los convenios. Para esto, se pusieron en marcha una serie de encuentros y reuniones con concejales de Bogotá y dirigentes políticos con el fin de evadir el control político en la entrega de estos contratos y evitar que se abrieras veedurías a los procesos de licitación.

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Los procesos de licitación fueron alterados y blindados para variar los métodos de evaluación y de calificación de los proponentes y así evitar que otros interesados completaran los requisitos en las licitaciones. El abogado nunca ha reconocido su culpabilidad, a pesar de que ha sido señalado por varios de los condenados por los mismos hechos. Dávila fue encontrado culpable de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Los contratos sobre los que puso la lupa la Fiscalía son IDU 071 y 072 de 2008, y los contratos de interventoría 091 y 093 de 2008. Respecto a los dos primeros, el fiscal en sus alegatos finales señaló que tuvieron inconvenientes con el manejo de los dineros del anticipo, baja ejecución en los frentes de obra, multas y fueron cedidos.
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La fiscal del caso solicitó medida de aseguramiento tras imputarle cinco delitos y revelar un acceso irregular al expediente que comprometería la integridad del proceso.
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