El Fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, dio a conocer los resultados de una extensa investigación sobre delitos electorales cometidos en las pasadas elecciones al Congreso de la república, celebradas el 11 de marzo.
El fiscal señaló que el primer resultado tiene que ver con la operación Casa Blanca, en Barranquilla, a la que considera como una "una verdadera empresa criminal" y que operó no solo para beneficiar a la senadora electa Aída Merlano sino también a otros candidatos.
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La Fiscalía manifestó que Casa Blanca contaba con al menos dos fuentes de financiación: una pública y una privada, lo que pone en evidencia que este fenómeno de corrupción electoral constituye un problema sistémico.
"Recordarán ustedes que en ese momento se logró la captura en flagrancia de seis personas y la incautación de más de 261 millones de pesos, los cuales estaban destinados a la compra de votos en todo el departamento del Atlántico", indicó el fiscal Martínez.
Según señaló la entidad, para poder lograr estos importantes logros en materia investigativa, fue necesario la revisión de 2.112 horas de video en la que se descubrió que la organización delictiva empezó a operar desde el 2015, en las elecciones regionales de ese año.
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Pero además de Merlano, Lilibeth Llinás, candidata a la Cámara de Representantes por el departamento de Atlántico y los diputados Jorge Rangel y Margarita Balén, así como los concejales y exconcejales Juan Carlos Zamora, Aissar Castro Reyes y Vicente Támara, habrían hecho parte de esta red de compra de votos, por lo que se les imputarán cargos por concierto para delinquir y corrupción al sufragante.
“Se reclutaba también a adultos mayores que tenían que entrar a los puestos de votación acompañados de niños para que los niños garantizaran que los adultos mayores habían marcado el voto como lo habían comprado en las casas de apoyo”, dijo Martínez.
Según Martínez, la red criminal tenía 2.323 líderes barriales y locales a su servicio que actuaron como mercaderes de grupos de elecciones en varias zonas.
La Fiscalía también compulsó copias contra la actual representante a la Cámara Margarita Restrepo por el departamento de Antioquia, según la entidad esta persona habrían ofrecido viajes subsidiados a San Andrés por 120.000 pesos, tablets por 30.000 pesos y televisores por 300.000 pesos , siempre y cuando los votantes se comprometieran a votar por ella en los pasados comicios electorales.
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Por este hecho están siendo procesados Alejandro Cuartas Rodas y Elizabeth Jaramillo, funcionarios de la campaña de Restrepo, quienes se encargaron de hacer las ofertas a más de 400 personas.
Es de anotar que, el pasado 26 de mayo, el Juzgado 9 de Control de Garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los hermanos Sara Luz y Carlos Jiménez Otálvarez, presuntos asociados de Aída Merlano en la organización criminal de compra de votos en Barranquilla.
