Pagos de coimas por más de 400 millones de pesos por contratos de reforzamiento estructural y el incumplimiento de los requisitos legales por parte de la empresa constructora, fueron las principales irregularidades que detectó la Fiscalía General de la Nación en medio de una investigación que puso en evidencia presuntos actos de corrupción dentro del Hospital Simón Bolívar de Bogotá.
El ente investigador informó este lunes que las indagaciones indicaron que hubo actos anormales en los contratos de las obras complementarias de la Clínica Fray Bartolomé de las Casas, que habrían ocurrido entre el 2006 y el 2009.
La Fiscalía dijo que estos actos tienen que ver con el supuesto direccionamiento del proceso de contratación con incumplimiento de sus requisitos legales esenciales, así como del desvío de recursos públicos que habrían ido a parar a los bolsillos del entonces gerente del Hospital Simón Bolívar, Héctor Lemus Montañez, "por concepto del pago de una supuesta comisión".
Según explicó la institución, en el 2006 el Fondo Financiero Distrital de Salud de Bogotá firmó un comodato con el Hospital Simón Bolívar, a través del cual se entregó el inmueble de la Clínica Fray Bartolomé de las Casas para que se realizaran adecuaciones estructurales y se garantizara el funcionamiento al público.
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En ese sentido, la Fiscalía indicó que Lemuz Montañez, quien actualmente está citado a audiencia de imputación de cargos, realizó contratos de obra e interventoría, inicialmente para el reforzamiento estructural de la Clínica, por un costo de 1.817 millones de pesos, que se incrementó a 4 mil millones de pesos luego de varias adiciones y otro, que contemplaba obras complementarias, que costó 600 millones de pesos.
El pago de coimas por los dos contratos correspondería a un desembolso equivalente al 10% del valor total, es decir "aproximadamente 459 millones de pesos".
"El peculado por el primer contrato habría sido por $416.344.184 y por el segundo $29.555.251.", señaló la Fiscalía.La Fiscalía mencionó que también se incumplió con los plazos de la ejecución de los contratos, debido a que las obras debían entregarse en diez meses y resultaron entregándose en 20. Además, que los contratos habrían sido redireccionados a una empresa que, "al parecer no cumplía los requisitos legales". Por estos hechos, la fiscal de conocimiento del caso le imputó cargos al exjefe de planeación del Hospital Simón Bolívar, Gustavo Burgos Ramírez, por los delitos de "contrato sin cumplimiento de requisitos legales y cohecho impropio", porque al parecer habría recibido dinero para agilizar pagos del contrato inicial, y a Nidia Esperanza Garzón Morales, interventora de uno de los contratos, quien aceptó los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos.
