Una condena de 38 años y cuatro meses de prisión será el precio que tendrá que pagar el mayor en retiro del Ejército Nacional, Wilson Orlando Lizarazo, por hacer parte de un pacto criminal entre militares y miembros del paramilitarismo para certificar dadas de baja en combate que jamás existieron, por los llamados "falsos positivos".
De acuerdo a declaraciones de la Fiscalía, varios testimonios y evidencia física permitieron demostrar la responsabilidad de Lizarazo y un grupo de militares del batallón 21 Pantano de Vargas del Ejército Nacional en la muerte de dos jóvenes, que fueron presentados como integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La investigación puso al descubierto una alianza entre algunos oficiales y cabecillas del Bloque Centauros de las Autodefensas, en las que "fueron simuladas acciones operativas para recibir el reconocimiento de los comandantes, calmar las críticas de la población y de algunos sectores sociales que exigían resultados contra las estructuras paramilitares que delinquían en el Meta".
El testimonio clave de desmovilizados como Luis Arlez Arango, conocido como 'Chatarro' y líder del Bloque Centauros, daban cuenta del pacto entre los paramilitares, Lizarazo y otros uniformados, "con el fin de no atacarse porque el enemigo común eran las Farc".
Las víctimas: presentadas como "victorias en combate"
Los hechos habrían ocurrido el 14 de enero del 2004. Diego Édison Hernández y otro hombre, que todavía no ha sido identificado, fueron contactados por paramilitares en un establecimiento nocturno de Villavicencio. Engañados, fueron trasladados a Fuente de Oro, Meta, y luego abandonados en la vereda Puerto Palmira.
Hasta el punto en donde se encontraban Hernández y su acompañante, llegaron tropas del batallón 21 Pantano de Vargas y con sevicia les dispararon hasta ocasionarles la muerte.
[single-related post_id="1026776"]
Con el fin de manipular la situación, los uniformados ubicaron el armamento largo al lado de los cuerpos sin vida, con el único objetivo de presentarlos como sus resultados de combate.
Las armas que fueron puestas en la escena del crimen, figuraban como elementos incautados. Según la Fiscalía, todo estaba rotulado con el nombre de "operación Despegue" dirigida contra un supuesto grupo paramilitar responsable de extorsiones a transportadores de la región.
"A todas luces es una falsedad"
El Juzgado Penal del Circuito de Granada (Meta) en el fallo condenatorio resaltó que a la vista esta operación era una falsedad, porque en ningún momento se dio una confrontación. "Desde la orden de operaciones Despegue, su contenido es falso, tanto las víctimas como las armas fueron suministradas por las AUC bloque Centauros a los militares”.
La Fiscalía ordenó que de manera inmediata se le de captura a Wilson Orlando Lizarazo para que pague la sentencia dentro de un centro carcelario y así responda por los delitos de "homicidio en persona protegida en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y fraude procesal".
En medio de todo este caso, otras cuatro personas fueron enjuiciadas por el delito de encubrimiento y también deberán indemnizar a los familiares de las víctimas con algo más de 160 millones de pesos por concepto de perjuicios y daños morales.
