Este jueves, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares a bodegas y bienes avaluados en 33 mil millones de pesos, producto de presuntos actos de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Santander. Los bienes habrían sido comprados con recursos desviados del programa por el contratista Germán Trujillo Manrique y fueron ocupados por las autoridades en Bogotá, Barranquilla, Cúcuta y Neiva.
El ente acusador mencionó que en medio de la investigación se demostró que habían múltiples anomalías en las etapas de planeación, contratación y ejecución del programa.
Explicó que en un contrato firmado en el 2016, la Gobiernación de Santander adjudicó a Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda.,el suministro de alimentación para 124.892 estudiantes de 82 municipios, por un valor de $35.767’321.026 y que de acuerdo con el material probatorio, "el dinero fue desembolsado en su totalidad al contratista y las raciones alimentarias no llegaron a las escuelas y colegios del departamento".
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De acuerdo a esas pruebas, se estableció que el operador presentó sobrecostos en los productos que decía conseguir y registró pagos por víveres a empresas ficticias o que tenían objetos comerciales muy distintos.
En este proceso fueron recuperadas facturas y cuentas de cobro presentadas por Trujillo Manrique, donde se advirtieron situaciones como la compra de tamales por 30 millones de pesos a una empresa de grúas en Meta, la adquisición de postres a una asociación de padres de familia en Huila "que figuraba como inactiva" y la compra de mercados a una empresa transportadora del mismo departamento, "cuya sede queda a cuatro horas de camino en trocha de la cabecera municipal".
La Fiscalía identificó sociedades y bienes que al parecer fueron utilizados por el contratista para dar apariencia de legalidad a la millonaria defraudación al PAE en Santander o que habrían sido conseguidos con los dineros desembolsados por la Gobernación para cubrir la alimentación de los estudiantes de escasos recursos.
Los bienes que fueron afectados con medidas cautelares de extinción de dominio quedarán a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su
administración. Trulijjo, quien era representante de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda., obtuvo medida de aseguramiento en noviembre de 2017 y aceptó los cargos por celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales,
falsedad ideológica en documento público y privado, y peculado por apropiación.
