En medio de la acusación formal por corrupción en contra de cinco exdirectivos de Reficar y dos particulares, la Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles sobre la manera en la que se habría utilizado ilícitamente el dinero para la construcción de la refinería de Cartagena, Bolívar.
El ente investigador aseguró que los procesados consolidaron una estrategia para direccionar la contratación y defraudar las finanzas del Estado. Además mencionó que las cláusulas contractuales y los acuerdos fueron modificados, "causando un sobrecosto que duplicó el presupuesto inicial y demoró tres años más la entrega del proyecto de la Refinería".
Los exejecutivos de Reficar acusados son: Orlando José Cabrales, exrepresentante legal; Reyes Reinoso Yanes, expresidente; Pedro Alfonso Rosales, exintegrante de la Junta Directiva; Felipe Arturo Laverde, ex vicepresidente jurídico y Carlos Alberto Lloreda, revisor fiscal entre 2013 y 2015.
Los otros dos particulares acusados son: Philip Asherman y Masoud Deidehban, pertenecientes a la empresa contratista CB&I.
La Fiscalía explicó que la modernización, adecuación y puesta en funcionamiento de la refinería estaba planeada, inicialmente, para diciembre del 2013 con una inversión de 3700 millones de dólares.
Sin embargo, la terminación de obras del proyecto se hizo hasta diciembre del 2015, "con una inversión final de 8000 millones de dólares".Para la Fiscalía las irregularidades iniciaron en el proceso de contratación del proyecto. El ente señaló que la obra fue asignada a una empresa que "no cumplía con los requisitos necesarios", la cual terminó ganando la adjudicación del contrato, aun sabiéndose que en anteriores procesos de evaluación, realizados por Ecopetrol, esta compañía había sido descartada por no contar con los parámetros exigidos. [single-related post_id="1148849"] A pesar de las anomalías, en 2010 se firmaron dos contratos más con la empresa y una de sus filiales. https://twitter.com/FiscaliaCol/status/1164941101876285440 El ente acusador indicó que Reficar y la empresa contratista suscribieron cuatro acuerdos denominados "Acuerdos MOA Y PIP", con los que se autorizó el pago de 120 millones de dólares de "facturas que no tenían soportes legales de esos gastos".
Asimismo, estableció que se hizo un desembolso por más de 600 mil millones de pesos para los considerados "gastos suntuosos"; es decir, viáticos, viajes de funcionarios y abogados, gastos en hoteles lujosos, alquiler de vehículos, pagos dobles y en general "gastos no reembolsables".La Fiscalía también dio a conocer que fueron presentadas facturas por contratación de personas que "nunca estuvieron en el proyecto, alquiler doble de equipos o maquinaria y bonos regalo para el personal administrativo del proyecto de modernización de Reficar".
