El entramado de corrupción que generó la modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar), ha dejado a varias personas implicadas en uno de los desfalcos más grandes de dineros públicos.
Por estas irregularidades dos expresidentes de la refinería, una de las más grandes de América Latina, están siendo procesados al parecer por dar contratos "a dedo". Sin embargo, la imputación de cargos de estos dos sujetos y de otras personas salpicadas no ha avanzado por lo que la Fiscalía General de la Nación pidió al Consejo Superior de la Judicatura dar celeridad a los procesos.
La obra que dejó sobrecostos desproporcionados por valor superior a los $610.140 millones no ha dejado ningún condenado a la fecha. "Dieciocho meses han transcurrido desde el pasado 30 de noviembre de 2017 cuando el fiscal de conocimiento radicó el escrito de acusación en contra de dos presidentes, un vicepresidente jurídico, un líder del grupo legal y el revisor fiscal de la Refinería de Cartagena (Reficar); y el vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol; dos altos ejecutivos de la compañía CB&I. A la fecha no ha sido posible concluir, significativamente, esta etapa procesal de la acusación", explica el ente acusatorio.
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Y agregan que el proceso se encuentra pendiente de la reanudación de la audiencia de acusación, y en ella se han presentado once recursos por parte de los abogados defensores. El último recurso presentado por los abogados tiene relación con una apelación que está por resolver el Tribunal Superior de Bogotá, desde el mes de febrero del año en curso.
En una comunicación al Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez manifiesta:
“Encuentra la Fiscalía que la dilación que se presenta en este proceso obedece no solo a las particularidades antes anotadas, sino también a que su juzgamiento se tramita ante un despacho judicial que debe atender la carga ordinaria de trabajo, condición que impide que el curso de la actuación se surta sin dilaciones injustificadas”
Y arguemnta que: “en garantía de los derechos de los colombianos a obtener verdad, justicia y reparación en los graves actos defraudatorios que se investigan, y de los propios acusados a que resuelva su caso en un plazo razonable, me veo en la obligación de acudir ante su Despacho para solicitarle que considere la posibilidad de designar un juez con dedicación exclusiva para atender este proceso, o que se adopte cualquiera de las medidas a disposición de la Corporación a su cargo, para evitar que los esfuerzos de la administración de justicia se vean frustrados”.
