La política de recortes al gasto público impulsada bajo el lema de "austeridad republicana" por el Gobierno mexicano reduce sustancialmente los recursos federales para la protección ambiental, en especial los destinados a proteger fuentes de agua, fauna y biodiversidad, denuncian investigadores y activistas ecologistas.
"Los recortes en presupuesto y fideicomisos son un golpe de gracia e implicarán correr a los guardabosques y dejar en una gran desprotección a las comunidades que viven en zonas protegidas", dijo a Sputnik el biólogo Ricardo Medina, del Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas.
Medina se refirió a así a los recortes anunciados por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la secretaría federal de Medioambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la reciente eliminación por parte del Congreso de la figura de los "fideicomisos" a través de la cual se administraban unos 3.000 millones de dólares en recursos destinados al arte, la cultura, la investigación científica y la protección ambiental.
Esos fondos pasaron por una iniciativa de reforma legislativa solicitada por el presidente a las arcas de Gobierno federal que se encargará de su reparto "sin intermediarios" a becarios y otros beneficiarios de apoyos.
Según el biólogo, estos recortes dejan ver "la importancia que se le asigna al medioambiente por parte del Gobierno, que en el papel es un tema muy importante, pero no así a la hora de generar recursos, asignarlos e implementar proyectos".
Los recortes en la Semarnat afectarán en forma específica a las más de 360 áreas naturales protegidas que están conformadas por unos 90 millones de hectáreas que equivalen al 6 por ciento del territorio mexicano.
Un informe de la organización no gubernamental Pro Natura señala que "el presupuesto que se le está asignando a las áreas protegidas es del 0,18 por ciento" una cifra con la que difícilmente se cubren los gastos de los pagos a guardabosques.
En el informe se señala que el presupuesto en las zonas de protección se ha reducido más del 80 por ciento al pasar de 75 pesos mexicanos por hectárea en 2016 a menos de diez pesos este año.
DESPROTEGIDOS
Ello implica que queden sin financiación programas ambientales vitales como las investigaciones para prevenir la erosión del suelo, las afectaciones por el cambio climático y la protección del recurso hídrico.
La desprotección es aún mayor si se tiene en cuenta que en muchas de esas zonas actúan grupos del narcotráfico poderosamente armados.
La reciente decisión de eliminar 109 fideicomisos público-privados incluyó la desaparición del llamado Fondo Sectorial de Investigación Ambiental, del cual dependían las investigaciones.
López Obrador aseguró que la decisión de eliminar esos fideicomisos manejaban en su conjunto unos 13.000 millones de pesos (unos 645 millones de dólares) está orientada a eliminar prácticas corruptas.
La reforma para eliminar esos fondos, con criterios de austeridad y centralización administrativa, fue aprobada en el congreso por la bancada del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional, con toda la oposición en contra, además del Partido del Trabajo que integra la coalición gobernante, y con la abstención o ausencia de algunos oficialistas.
Pero muchos investigadores señalan lo contrario: que la administración de estos recursos públicos estuvo sometida a controles muy estrictos y generaron ahorros millonarios para el presupuesto del Estado.
SIN FONDOS
Uno de los casos citados es el de un fideicomiso que financiaba la investigación sobre derrames de petróleo de gran magnitud en zonas de alta mar.
Ese fondo había sido creado en 2010, tras un gigantesco derrame de crudo en un pozo explotado por la British Petroleum en el Golfo de México, que afectó unos 320 kilómetros de zonas costeras mexicanas provocando la muerte de casi 11 millones de animales de unas 350 especies distintas.
En el proyecto trabajaban unos 300 científicos de cuatro universidades que utilizaban boyas marinas y un sistema satelital para alertar sobre posibles modificaciones en la composición del agua, para advertir cuando se presentaban derrames y calcular la posible área de afectación, para sí actuar en forma rápida.
Ahora, tras la eliminación del fideicomiso del cual dependían no se sabe si habrá renovación de los contratos de investigación y sobre todo si la estatal Petróleos Mexicanos que se beneficiaba de la investigación, tendrá a la mano la información que le permita evitar desastres ambientales mayores derivados de esos derrames.
Por: Agencia Anadolu
