Con el propósito de crear el escenario regulatorio y político propicio para favorecer el desarrollo de la energía sostenible en Colombia, mejorar la oferta del sistema interconectado nacional y llegar a zonas aisladas, el gobierno adquirió un préstamo de 300 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Es una buena noticia para el país, porque aunque en 2014 se creó la Ley 1715 que promueve el desarrollo de energías renovables no convencionales, todavía hace falta bastante regulación para que tanto el sector público como el privado pueda ejecutar proyectos en la materia, que permitan reducir la vulnerabilidad en épocas de crisis, como las que se pueden presentar durante fenómenos climáticos como el Niño.
[single-related post_id="789966"]
Alexandra Planas, especialista senior en Energía del Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia, le explicó a Kienyke.com detalles sobre el préstamo y los beneficios que traerá para el país.
Una apuesta por el desarrollo de energía sostenible
Planas comentó que el préstamo de 300 millones de dólares, que tiene un plazo de amortización de ocho años, un período de gracia de otros ocho años y una tasa de interés basada en LIBOR (London InterBank Offered Rate), hace parte de una iniciativa que se viene trabajando desde hace un par de años en Colombia, y su fin es "apoyar reformas políticas al sector de energía".
Su objetivo, dijo la funcionaria, es que "esas reformas permitan el desarrollo de proyectos orientados tanto a incrementar la oferta de energías alternativas (solar y eólica) como de gas natural, para asegurar que sea mucho más eficiente y más resistente".
"Estos proyectos programáticos apoyan sobre todo políticas, no proyectos específicos de inversión, para que el país cuente con un marco regulatorio mucho más sólido que permita la implementación de proyectos de energías renovables no convencionales y fortalecer regulaciones y mecanismos para que haya un mejor manejo de la gestión de la demanda, en términos de eficiencia energética, y para que se impulsen proyectos que ayuden a ampliar la cobertura en zonas no interconectadas", comentó.
[single-related post_id="751865"]
Los recursos serán administrados por el Ministerio de hacienda, pero se trabajará cercanamente con el Departamento de Planeación Nacional y el Ministerio de Minas y Energía, que son las encargadas de los aspectos técnicos.
La importancia del préstamo, concluyó Planas, es que "va a crear las condiciones para que este tipo de proyectos se puedan dar y ejecutar en el país. Se facilitarán todos los aspectos legales, con instrumentos que el Gobierno pueda implementar, para que sean posibles las iniciativas".
Se estima que más de 470.000 familias rurales en Colombia no tienen servicio de electricidad. Estas comunidades se encuentran en áreas muy alejadas del sistema interconectado nacional, lo que hace que sea financieramente inviable ampliar el servicio de la red. Por eso, se espera que con esta inversión sea posible el abastecimiento de energía.
