
Bajo el lema “Good Trouble Lives On”, activistas, organizaciones y comunidades migrantes en Estados Unidos se preparan para una jornada de movilización masiva este jueves. Más de 1.600 manifestaciones están programadas en todo el país, en rechazo a las políticas de la administración Trump, centradas en dos ejes: las redadas migratorias y los recortes previstos a programas de salud pública como Medicaid y Title X.
Los organizadores anticipan una asistencia sin precedentes, con actividades que incluirán vigilias y presentaciones musicales. Aunque las protestas se replicarán en ciudades como Atlanta, St. Louis, Oakland y Annapolis, Chicago será el epicentro con un acto central que busca enviar un mensaje de unidad y resistencia.
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Grupos como Public Citizen y Urban League han calificado las políticas de la actual administración como una “deriva autoritaria” e insisten en que la protesta debe traducirse en acciones concretas. Paralelamente, se espera que en el Congreso y en las cortes federales se impulsen nuevas iniciativas para frenar los recortes a Medicaid y otros fondos destinados a salud pública.
Diversas organizaciones han documentado un aumento de casos de estrés, ansiedad e insomnio entre comunidades migrantes, efectos que atribuyen directamente a las políticas migratorias y a la incertidumbre por el acceso a servicios básicos. Este deterioro de la salud mental podría convertirse en uno de los principales argumentos de las manifestaciones.
El gobierno de Trump ha respondido con dureza a protestas similares en el pasado, llegando incluso a desplegar a la Guardia Nacional y Marines en ciudades como Los Ángeles, y calificando las movilizaciones de “disturbios”. No se descarta que esta semana se adopten nuevamente tácticas de fuerte control policial o militar.
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Una semana decisiva
Las manifestaciones de este jueves podrían marcar un punto de inflexión en la resistencia social frente a las medidas migratorias y sanitarias del gobierno. El éxito de la convocatoria dependerá tanto de la magnitud de la movilización como de la respuesta oficial. Mientras tanto, legisladores y organizaciones jurídicas ya preparan nuevos recursos legales para proteger los derechos de los migrantes y frenar los recortes en salud pública.