Este martes 6 de diciembre, las autoridades judiciales argentinas anunciaron que Cristina Fernández de Krichner, la actual vicepresidenta de Argentina, fue condenada a seis años de prisión por estar implicada en un escándalo de corrupción de obras públicas, el cual ella habría secundado durante su mandato como presidenta.
La mandataria fue condenada por el delito de administración fraudulenta en prejuicio de la administración pública. Sin embargo, esta decisión del juez fue tomada en primera instancia, lo que quiere decir que la acusada podrá apelar al fallo y el veredicto definitivo no está en firme. Bajo esta condición, Fernández tendría la potestad de participar en los siguientes procesos electorales, tales como los comicios electorales de 2023.
Fernández está acusada de haber cometido delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, por lo que, el pasado 22 de agosto, la Fiscalía pidió una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.
En medio de una de las manifestaciones en su apoyo fue que, el pasado 1 de septiembre, Fernández sufrió un atentado a las puertas de su casa, del que salió ilesa.
Fernández ha denunciado en numerosas ocasiones que la sentencia contra ella "estaba escrita", como ya dijo el 2 de diciembre de 2019 -días antes de asumir como vicepresidenta en el actual Ejecutivo- cuando se le tomó declaración.
Y si en aquel momento se refirió a los magistrados que seguían la causa como "tribunal del 'lawfare' (hostigamiento judicial)", la semana pasada, cuando pronunció sus últimas palabras, dijo que se había "quedado corta" y que era "un pelotón de fusilamiento".
Tras la lectura de la sentencia, Cristina Fernández hablará a través de sus redes sociales, anticiparon sus portavoces.
Si se emite una condena contra Fernández - que como vicepresidenta goza de inmunidad de arresto-, el fallo deberá transitar un largo proceso hasta ser refrendado o rechazado por la Corte Suprema.
Con información EFE*
