El Gobierno de El Salvador trasladó durante la madrugada del pasado viernes a 2 mil supuestos pandilleros a una nueva prisión que tiene capacidad para unas 40 mil personas, según informó el presidente Nayib Bukele.
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"Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)", publicó el mandatario en sus redes sociales.
Agregó: "Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población".
A pesar de que el Gobierno no avisó sobre los traslados, decenas de familiares se movilizaron a la prisión La Esperanza, conocida como Mariona, en San Salvador. Según constató EFE, en este lugar se concentraron unas 150 personas y la salida de varios autobuses del recinto.
Bukele inauguró el CECOT a finales de enero y el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo al mandatario que esta "se constituiría en la cárcel más grande de toda América" y que "sería imposible que salga un reo" del recinto, que tiene 23 hectáreas de construcción.
La construcción de esta prisión se dio entre críticas de la oposición que ha señalado falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.
A inicios de febrero, Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por esta nueva cárcel en El Salvador, y expresó su "profunda preocupación", dado que "la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos".
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De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción, aprobado en marzo pasado tras una escalada de asesinatos, se ha detenido a más de 64.000 personas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3.300.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021.
La controversia causada
Así mismo, los familiares de los presidiarios deberán pagar una mensualidad de 170 dólares (822 mil pesos colombianos) dentro de lo cual se contemplan 35 dólares por alimentación, 20 por limpieza de las instalaciones, 15 por artículos de higiene, 70 por misceláneos y 30 por vestimenta, según señaló el medio Prensa Libre, de Guatemala.
Esta medida ha sido motivo de controversia en redes sociales, ya que muchos consideran que Bukeele está cometiendo un claro abuso a los derechos humanos de los reclusos y contra las familias de los mismos.
Con información de EFE*
