La justicia ecuatoriana ordenó el ingreso en prisión preventiva para el exministro Javier Córdova por presunto enriquecimiento ilícito, por lo que solicitó su búsqueda y captura mediante la Interpol, especialmente en Colombia y Estados Unidos, según anunció en un comunicado la Fiscalía.
El magistrado de la Corte Nacional Marco Rodríguez también solicitó que se le retenga al procesado las cuentas bancarias, pólizas e inversiones en el sistema financiero nacional, así como la prohibición de transferir, enajenar o mover bienes inmuebles y vehículos por un monto de más de 1,1 millones de dólares.
Córdova ocupó varias carteras (Interior, Recursos Naturales No Renovables, y Minería) durante los gobiernos de los expresidentes Rafael Correa y Lenín Moreno según recordó la fiscal general Diana Salazar, durante la audiencia en la que presentó 65 elementos de convicción contra el exministro.
De acuerdo con la Fiscalía, "durante ese periodo existió un aumento patrimonial injustificado por parte del procesado, el cual se produjo de forma constante y continuada, a través de actividades financieras de diversa índole".
Entre esos ingresos figuran, según el Ministerio Público, "el pago de valores por parte de terceras personas en efectivo, cheques y transferencias por supuestas relaciones comerciales, societarias y préstamos sin que los mismos contaran con justificación o respaldo documentado alguno".
También aparentemente con la compraventa de motocicletas, adquisición de vehículos con pagos efectuados por terceros, depósitos o transferencias de personas particulares y públicas, y la cancelación de deudas en sus tarjetas de crédito por ciudadanos con quienes no tenía relación comercial.
Entre los elementos de convicción presentados se incluyó el informe de análisis financiero, del cual se desprende que la suma de los ingresos recibidos en las cuentas del procesado por terceras personas es de 224.886,20 dólares.
En ese documento también figura que el valor cancelado en las tarjetas de crédito es de 809.858,48, más 166.476,85 dólares (monto cancelado por vehículos cuya procedencia se desconoce), lo que da un total de 1’141.669,68 dólares como presunto enriquecimiento ilícito.
