Una jueza federal de Los Ángeles ordenó a la administración del expresidente Donald Trump detener de inmediato las redadas migratorias en el sur de California que se realizan con base en el perfil racial de las personas. La magistrada Maame Frimpong consideró que estas acciones violan derechos fundamentales al estar dirigidas a individuos por el color de su piel, el idioma que hablan o el lugar donde se encuentran.
La decisión surge en medio de una creciente preocupación por el aumento de detenciones arbitrarias en comunidades migrantes. De acuerdo con los demandantes, agentes federales han estado realizando arrestos sin una causa razonable, amparándose en criterios discriminatorios como la apariencia física o el acento de los sospechosos.
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En su fallo, Frimpong también emitió una orden que prohíbe al Gobierno federal restringir el acceso de los abogados al centro de detención para migrantes ubicado en el área de Los Ángeles. La medida busca garantizar el derecho a la defensa legal y condiciones mínimas de debido proceso para los detenidos, permitiendo que puedan comunicarse de forma confidencial con sus representantes y recibir asistencia legal continua.
Grupos de derechos civiles celebraron la decisión como un avance en la protección de los derechos humanos en Estados Unidos. “Es una victoria para las comunidades migrantes, que durante años han sido blanco de políticas discriminatorias”, afirmó un portavoz de la ACLU, organización que lidera la demanda.
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El Gobierno, por su parte, aún no ha emitido una respuesta oficial sobre el fallo, pero se espera que estudie una posible apelación. Mientras tanto, la medida se mantendrá vigente de forma temporal, en espera de una audiencia definitiva sobre el caso.
