El encarcelamiento de la expresidenta de facto Jeanine Áñez y sus colaboradores motivó una oleada de protestas en Bolivia, tanto a favor como en contra. Aunque el panorama recuerda mucho a 2019, ahora el MAS está en mejores condiciones para dar batalla.
El inicio de los procesos judiciales contra quienes habrían impulsado el golpe de Estado de noviembre de 2019 obliga a las y los bolivianos a tomar partido. La discusión política se trasladó a las calles, donde diariamente se manifiestan quienes exigen libertad para Jeanine Áñez (2019-2020) y sus colaboradores, asimismo protestan quienes reclaman justicia para los 37 asesinados durante el Gobierno de facto.
Ante la encarcelación de Áñez, el movimiento "pitita" intentó desempolvarse para volver al ruedo. En cabildos realizados en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba, en la noche del lunes 15 de marzo volvieron a advertir que podrían derrocar a cualquier "tirano", como ya lo hicieron con Evo Morales (2006-2019). Y dieron 48 horas de plazo al Gobierno nacional para que dé libertad a Áñez y sus exministros.
En su discurso, se omite deliberadamente una parte de la historia: aquella en la cual Áñez y sus ministros firmaron el decreto 4078, que dio permiso a las Fuerzas Armadas y a la Policía para que acaben con aproximadamente 37 vidas en las calles de Bolivia. Conocer la cifra exacta de masacrados requiere una investigación judicial, como la que en estos días se intenta impulsar.
En la mañana del martes 16 de marzo, la plaza central de la ciudad de Cochabamba (centro) brindó, a pequeña escala, una muestra de la puja de fuerzas que se da a nivel nacional.
Enfrentamiento en la plaza
La Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa" (FDMCIOB-BS) de Cochabamba convocó a sus bases y a otras organizaciones del campo y de la ciudad para manifestarse en la plaza y exigir justicia.
Cuando llegaron al lugar, se encontraron con un grupo de los llamados pititas, opositor al Gobierno de Luis Arce y afín a la expresidenta de facto, quien actualmente está presa en la cárcel para mujeres de Obrajes, en La Paz.
Del bando que pide justicia gritaban "asesinos" a los negacionistas del golpe, quienes replicaban desde un megáfono: "Democracia sí, dictadura no".
Allí estaba la Organización de Juventudes de Sacaba. En ese municipio, a 15 kilómetros de esta plaza central, tuvo lugar la masacre de Huayllani, el 15 de noviembre de 2019, cuando fueron asesinadas 12 personas por balas militares y policiales, según denunciaron las víctimas.
"Pedimos justicia por las masacres de Huayllani y de Senkata, por los hermanos y hermanas que han muerto en nuestra amada Bolivia. Sin embargo, hay grupos radicales, grupos fascistas y discriminadores que nuevamente quieren atemorizar al pueblo boliviano", dijo el líder de esta organización, Santos Salajchi.
Expulsión de los 'pititas'
Con el pasar de los minutos, el sector que apoya al Gobierno de Arce creció en número, mientras el bando de las "plataformas ciudadanas", como se hacen llamar, se fue reduciendo. Finalmente, al grito de "asesinos" quienes repudiaban al golpe sacaron a empujones de la plaza a los que pedían libertad para Áñez y sus exministros.
Luego del golpe de 2019, con el Movimiento Al Socialismo (MAS) desbandado, parte de la ciudadanía que no pertenecía a ninguna organización empezó a manifestarse políticamente. Se hicieron llamar "autoconvocados", porque salieron a protestar contra el Gobierno de facto de Áñez sin que nadie se los pidiera.
"Como autoconvocados vamos a estar siempre firmes para respaldar al Gobierno nacional, defender la democracia y los intereses más grandes de nuestra patria. De manera respetuosa hemos llegado acá a la plaza principal y no vamos a aceptar ningún tipo de provocación", dijo en referencia a los recién expulsados.
Este enfrentamiento hizo recordar inevitablemente a lo vivido en las semanas previas al golpe de 2019, con luchas callejeras cotidianas entre grupos civiles. Pero, ciertamente, las condiciones ya no son las mismas de antes.
En 2019, la derecha boliviana tuvo que "tumbar" a un MAS que estaba en crisis interna, con el liderazgo de Morales cuestionado, con muchas organizaciones campesinas y urbanas dispersas. De eso se aprovecharon los pequeños grupos violentos para imponerse en las principales ciudades del país.
Actualmente, el MAS goza de un mayor nivel de cohesión interna. Sus bases y mandos medios se revitalizaron con el ingreso de cientos de militantes jóvenes, durante 2020. En este lado antigolpista, ya tienen la experiencia de haber sufrido un año de gobierno de facto. Y prevén no caer en los mismos errores del pasado.
Reclamos al rol de los medios locales
Ante esta nueva oleada de fricción política, muchos entrevistados por Sputnik optaron —por seguridad— dar solamente su primer nombre. Desde el bando antigolpista repudiaron a la prensa local, a la cual evaluaron como "vendida a la derecha". Según la señora María, "los medios nos ponen una mordaza al pueblo".
"En ningún medio de comunicación salen nuestras protestas y demandas. Venimos aquí, a la plaza, para que el pueblo sepa lo que pedimos. Porque no tenemos ayuda ni voz en los medios de comunicación", afirmó.
"Pero esta es nuestra voz, es lo único que podemos hacer. Porque no tenemos ese poder que tiene la derecha", comentó a Sputnik.
Y dijo: "Este es el pueblo que viene a pedir justicia. La presidenta Áñez ha surgido del golpe de Estado. Hemos demostrado en las elecciones [del 18 de octubre de 2020] que no hubo fraude. Lo que sí hubo fue golpe de Estado, daño económico, ese decreto para que policías y militares disparen contra su pueblo. Eso se tiene que pagar", sostuvo la señora María.
Conforme avanzaba la mañana, no solamente llegaron a la plaza más autoconvocados, organizaciones campesinas y del MAS. También arribaron las vendedoras ambulantes de somó frío (una refrescante y nutritiva bebida hecha a base de maíz), también las caseras de empanadas fritas, que en Bolivia les dicen "tucumanas".
En ese momento, la plaza era una confusión de voces: todos y cada uno gritaba su verdad a quien quisiera escucharla. Y en cada mano se agitaba una wiphala. De esta catarsis colectiva participaba la señora Elena, quien dijo: "Hubo un golpe de Estado y fue organizado en Santa Cruz a la cabeza del enano de Camacho (Luis Fernando, gobernador electo de ese departamento). Por eso tiene que haber justicia, porque nuestros hermanos campesinos han dado la vida por la democracia".
Y se dirigió a "los señores de la Iglesia católica, que ahora están pidiendo libertad para los golpistas. ¿Por qué no salieron a pedir libertad cuando sí había persecución política? ¿Cuando de verdad se masacraba al pueblo? ¿Por qué no salieron los sacerdotes en ese momento a pedir justicia y paz?".
Además de gritar justicia, las y los presentes se dieron valor lanzando jallallas para Bartolina Sisa y para Tupak Katari, héroes de la lucha contra la corona española, a finales del siglo XVIII.
Bajo la mirada internacional
En la plaza también estaba Juanita Ancieta, exsecretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS). A través de Sputnik le habló a la expresidenta de facto. "Como mujer de pollera le digo a esta señora: tiene que asumir su responsabilidad por lo que nos han masacrado. Eso sabe la comunidad internacional. Exigimos a la justicia internacional que intervenga, porque tiene que hacerse justicia en Bolivia".
Agregó: "Han asesinado a nuestros hermanos, a jóvenes. Soy madre y conozco cómo traemos hijos a este mundo. ¿Cómo vamos a perder estas vidas?", se preguntó la dirigente histórica.
"Por lo tanto Áñez tiene que ser responsable y no puede estar diciendo que esto es persecución política. Porque tarde está llegando la justicia. La hemos exigido en su debido momento, pero no nos escucharon. Ahora la Justicia debe actuar con todo el rigor de la ley", sostuvo Ancieta.
Alrededor, cientos de personas gritaban: "¡Lucho no está solo, carajo!".
La apreciación de la antigua dirigenta de las bartolinas sobre el contexto internacional no estaba errada. Pese a las quejas de algunos organismos por las detenciones de Áñez y compañía, el contexto internacional actualmente le es favorable a Arce, quien legitimó su mandato hasta 2025 con el 55,1% de votos. En cambio, en 2019 los países de la Unión Europea apoyaron la salida del Gobierno de Morales y el llamado a nuevas elecciones.
Ayudó a pintar este paisaje el cuestionado informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que alimentó la tesis de fraude electoral. Según el Gobierno de Arce, así se contribuyó a echar tierra sobre el mandato legítimo de Morales. Esto fue aprovechado por la derecha local y avalado en silencio por organismos internacionales, quienes aún se niegan a mencionar la palabra "golpe".
Pero, finalmente, las denuncias de que Morales habría cometido fraude electoral nunca pudieron comprobarse, por consiguiente fueron archivadas.
