En un informe publicado por la Contraloría General de la Nación se detalla cómo la minería ilegal está arrasando con varias regiones del país.
Este panorama fue presentado por Edgardo Maya Villazón, contralor general, y en él mostró el daño ambiental que la explotación minera sin requisitos de ley le está haciendo a los ecosistemas del país.
El riesgo, según Maya Villazón, es para las reservas o áreas protegidas porque muchas no están completamente delimitadas.
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El informe denuncia la proliferación y descontrol por todo el país de este fenómeno ilegal, sin que haya a la vista una respuesta institucional efectiva para evitar esta situación.
Maya manifestó además que la ilegalidad de la minería alcanza un 80% y se debe a las acciones ineficientes que el Estado colombiano adopta.
En general, al evaluar los recursos naturales y el ambiente en el período 2016-2017, la Contraloría General de la República encontró lo que podría catalogarse como un sombrío panorama, al no existir políticas claras sobre explotación minera cerca de zonas de especial interés ambiental para la nación.
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Para la Contraloría, resulta alarmante que la mayor parte de la superficie de ecosistemas de páramo aún no se encuentra delimitada, lo que equivale a cerca de 2 millones de hectáreas, de las cuales el 60% no cuentan con alguna protección en el sistema de áreas protegidas a cargo de Parques Nacionales Naturales de Colombia, por lo cual son las áreas más vulnerables a explotaciones mineras.
Para empezar, el propósito de lograr un “Crecimiento Verde que se trazó en el Plan de Desarrollo 2014-2018 no se ha alcanzado, y probablemente no se logre cuando termine el actual Gobierno", dijo el funcionario.
La Contraloría efectuó un examen a los recursos apropiados para el gasto ambiental en la vigencia 2016, encontrando con preocupación bajas ejecuciones presupuestales de una importante cantidad de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) beneficiarias de recursos de inversión tanto del Presupuesto General de la Nación como de recursos propios.
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Del análisis de los recursos comprometidos por las CAR para gastos de inversión en 2016, se evidenció una ejecución de tan solo el 43%, mientras que se constituyeron reservas presupuestales por el restante 57%.
Para este organismo de control fiscal, no resulta congruente que un sector como el ambiental, que en materia presupuestal ha sido castigado por sucesivos gobiernos con bajas asignaciones presupuestales, no ejecute de la mejor manera los recursos que se le transfiere del Presupuesto General de la Nación.
Finalmente, Maya enfatizó en que muchos de los territorios donde estas corporaciones tienen presencia claman por soluciones urgentes al deterioro ambiental de ecosistemas que causa la minería.
